Los boticarios se niegan a ser socios del SAS en su proyecto de reducir el gasto sanitario público andaluz mediante la subasta de medicamentos. El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof) no le ve punta a la propuesta de la Consejería de Salud de articular su estrategia contando con las oficinas de farmacia y ha decidido pedir el amparo del Ministerio de Sanidad para que el departamento que dirige Leire Pajín ejercite sus competencias y haga valer su autoridad ante la Junta de Andalucía.

El SAS quiere adjudicar mediante concurso público el suministro de principios activos al laboratorio fabricante que ofrezca el precio más barato, para que las empresas distribuidoras de las oficinas de farmacia los adquieran y las boticas los dispensen.

La medida, que tiene su origen en la necesidad de mantener la prestación farmacéutica pública actual en un escenario de recortes presupuestarios, ha soliviantado al sector farmacéutico. En él operan boticarios, distribuidoras (en la mayoría de ellas, cooperativas de las que son socios los boticarios) y laboratorios. Todos han reaccionado con preocupación ante las convulsiones que provocarían iniciativas como la de la Consejería de Salud a lo largo de esta cadena de custodia (y de márgenes de negocio) del producto hasta que llega al paciente.

Tanto los fabricantes de genéricos (agrupados en Aeseg) como los laboratorios más centrados en la obtención de nuevas moléculas (Farmaindustria) ya han dicho que la idea de las subastas de medicamentos invade competencias estatales y rompe la unidad del mercado español. Aunque reconocen que la iniciativa de la Junta puede tener visos de prosperar, dada la fineza de algunos de sus elementos: el SAS habla de principios activos, no de medicamentos, que es la materia que regula el Ministerio de Sanidad; la Ley de Farmacia andaluza prevé esa maniobrabilidad; los concursos públicos ya se utilizan para el suministro de medicinas en los hospitales; y la legislación relacionada con las medidas gubernamentales en curso para reducir el déficit del Estado abre la posibilidad de acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones de mercado. De esta manera, se controla el gasto sin tocar el volumen de recetas; este elemento pesa más que el precio de los medicamentos en el gasto farmacéutico pero, ante él, la Administración no tiene el gatillo tan fácil como a la hora de aplicar rebajas en la factura de compra del producto.

Los colegios farmacéuticos andaluces están convencidos de que la propuesta del SAS, que supone la modificación del convenio de 2002 que define su marco de relaciones con la Administración sanitaria andaluza, puede transgredir la legislación estatal. En materia de fijación de precios de medicamentos y en algunas competencias profesionales como la facultad de sustitución tras el mostrador. También, en lo referente a las reglas de la libre competencia comercial. Además de acabar con los descuentos de la distribución a las boticas, expulsaría del mercado a los laboratorios que no ganasen la subasta.