Á. C. U. P., un ex trabajador de la residencia de la congregación de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca de Córdoba, aceptó ayer una condena de cinco años de prisión tras reconocer que abusó sexualmente de un interno con un retraso mental grave. Su defensa llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que solicitaba seis años de cárcel, y con la acusación particular, que reclama nueve meses de prisión.

El procesado asumió que al menos en tres ocasiones mantuvo relaciones sexuales con un interno que padece una minusvalía del 86% por retraso mental grave. Los abusos se produjeron sin que conste que el acusado emplease violencia o intimidación y consistieron en realizarle felaciones al interno. Los episodios se produjeron en las duchas junto al dormitorio y en los servicios ubicados junto al salón.

Los hechos vieron la luz a raíz de que la reina Sofía anulara una visita que tenía programada a esta residencia el 9 de octubre. Un par de días antes, había llegado un escrito anónimo a la Subdelegación del Gobierno y a otras instituciones para alertar de los hechos, lo que hizo que la visita oficial se anulara. Los abusos se produjeron el 11 de agosto del año pasado, el día 24 y la última vez en una fecha no determinada de aquel mes.

La expectación que levantó el caso atrajo hasta el palacio de justicia a una decena de cámaras de programas de televisión y la mayoría de magazines matinales conectó en directo con la plaza de la Constitución. Dentro de la sala de vistas, el magistrado alegó cuestiones de seguridad para que los reporteros gráficos no sacaran el rostro del procesado, que llegó esposado y escoltado por dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía desde la prisión.

El acuerdo evitó al ya condenado tener que ofrecer una explicación de lo sucedido, también los testigos y la propia víctima se libraron de revivir la situación. Entre los llamados a declarar se encontraba el hermano Manuel Ortiz, ahora imputado por presuntos abusos sexuales y malos tratos a internos y en el momento de los hechos enjuiciados ayer máximo responsable de la congregación en la ciudad.

Fuentes judiciales informaron que el religioso remitió un escrito al juzgado hace unas semanas en el que alegaba que sufre una depresión y una crisis aguda de ansiedad y evitar de esta manera comparecer ante el tribunal. La condena de ayer constata unos hechos que, según criticaron algunas fuentes cuando salieron a la luz, fueron silenciados por el hermano Manolo. Los escritos anónimos continuaron, lo que permitió al juez imputar a otras tres personas, uno de ellos el propio hermano Manolo.