Los constructores critican la Ley de Vivienda por alentar falsas expectativas

  • Dicen que la nueva norma será un elemento "perturbador" porque "muchos ciudadanos van a creer que la Junta les va a dar una casa" · Las entidades financieras son convocadas para rubricar su compromiso

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El momento elegido por el Gobierno andaluz para impulsar la tramitación de la futura Ley del Derecho a la Vivienda no parece convencer a los constructores ni a los promotores inmobiliarios. En un contexto de crisis como el actual, para la patronal de la construcción andaluza, Fadeco, esta nueva norma no es más que dar cumplimiento a una promesa electoral que, lejos de tranquilizar al ciudadano, tendrá el efecto contrario: será un elemento "pertubador" al despertar "falsas expectativas" de consolidación de un nuevo derecho que no es tal, si tras él no hay un plan de vivienda que lo sostenga.

Desde esta perspectiva, el secretario general de Fadeco, Emilio Corbacho, calificó ayer la nueva norma de "inoportuna" por coincidir en una coyuntura en la que la oferta está en retroceso, sobre todo, por la dificultad de acceso al suelo y a la financiación para la puesta en marcha de proyectos, y en el que la demanda cae por la misma causa de la restricción del crédito.

De ahí que Corbacho centró su crítica al Gobierno de Manuel Chaves no en la necesidad de normas, sino de actuaciones concretas, en este caso, contenidas en el V Plan de Vivienda Andaluz, y en la que el primer esfuerzo sea mediar ante las entidades financieras para que abran el grifo crediticio a constructores y compradores. Un aspecto este último en el que valoró la gestión que está liderando la Consejería de Vivienda, ya que "el tema de suelo está mejor enfocado", aseguró.

Pese a poner en tela de juicio la idoneidad de iniciar ahora la tramitación de una ley de largo recorrido en el Parlamento, Corbacho quiso dejar claro que no están en contra de los principios que recogerá la futura ley, ni que ésta suponga un paso más en el cumplimiento del nuevo Estatuto de Andalucía, sino la "presión social" a la que puede dar pie en esta coyuntura económica tan convulsa. "Mucha gente, ante la dificultad de tener una casa, se va a creer que la Junta se la va a dar, y eso va a convertir esta ley en una fuente de distracción y de perturbación", apuntó. Una percepción que puede verse reforzada por el hecho de que este derecho podrá ser reclamado incluso por vía judicial.

Para la patronal de la construcción, si la teoría está en la ley, la práctica está en los planes que recojan la construcción de esas VPO para quien tenga pocos recursos, de ahí la insistencia en que lo importante son éstos, "porque lo demás, es cumplir promesas electorales. La mejor ley es un plan de vivienda con suelo y financiación", apostilló Corbacho.

La ley, que entrará en el Parlamento en el próximo periodo de sesiones, recoge que los ayuntamientos y la propia Junta estarán obligados a facilitar a las personas inscritas en un registro público una vivienda adecuada y a un precio accesible, bien a través de pisos protegidos como por un sistema de ayudas al alquiler. En este registro constarán aquellos ciudadanos que no pueden optar por sus recursos económicos -menos de 3.000 brutos mensuales- a la adquisición de una vivienda de renta libre y no tienen otra vivienda en propiedad.

La inquietud de los constructores ante la crisis pretende ser despejada esta misma semana por el Ejecutivo andaluz, que quiere dar por finiquitada la incertidumbre que planea durante hace meses sobre el compromiso de las entidades financieras. Chaves anunció en una reunión celebrada con alcaldes el pasado miércoles que esta misma semana se procederá a la firma de los convenios de financiación con los representantes de la banca y, por tanto, "daremos solución a uno de los cuellos de botella que estaban retrasando la ejecución del plan".

Los problemas de los promotores y compradores para obtener créditos motivó a principios de octubre una convocatoria donde los representantes de los bancos y cajas de ahorro revalidaron el compromiso de destinar 9.550 millones para el periodo 2008-2012 para financiar 132.000 VPO y rehabilitar 135.000 viviendas. Cada entidad establecerá que inversión se compromete a realizar.

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