Andalucía

La corrupción en una baldosa

El 25 de septiembre de 2003 en la Plaza Mayor de El Ejido se cambió una baldosa. Participaron dos peones ordinarios, un peón especial, dos oficiales de primera y dos de segunda. Trabajaron 27 horas y la reposición de la losa precisó de dos retroexcavadoras, una furgoneta, un camión basculante, 25 kilos de hormigón y 250 metros de cinta de señalización. Eso según la factura que la empresa que hizo los trabajos entregó al Ayuntamiento de El Ejido con el siguiente precio: 2.134, 66 euros, con IVA. En el sumario del caso Poniente hay otros ejemplos similares. Con este procedimiento, la empresa mixta Elsur le cobró al consistorio millones de euros en obras infladas de precios o no realizadas. El asunto acumula medio centenar de imputados y peticiones de 1.544 años de cárcel.

En julio de 1996, el doctor informático Peter Gutmann publicó un método de borrado que debía servir para destruir completamente los datos guardados en un disco duro. El método consistía en cuatro borrados aleatorios, seguidos de 27 sobreescrituras con distintos patrones ejecutadas con otros cuatro borrados aleatorios más. En total, 35 veces se debía de reescribir sobre el disco duro para dejarlo sin contenido. En el PP, pensaron que había que asegurarse mejor y con el disco duro de los ordenadores de Bárcenas implementaron el método Gutmann con una garantía adicional: liarse a martillazos con lo que quedaba hasta rayarlo y romperlo. Por este asunto, el PP será el primer partido en democracia en sentarse en un banquillo por la comisión de un presunto delito.

Insistimos en realizar un recorrido por los casos de corrupción en España sin abrir los sumarios, extrayendo los pequeños detalles de cada investigación. En esta sociedad de la imagen, la historia de la baldosa de El Ejido parece explicarlo todo mejor que mil autos judiciales. Como lo hace el disco duro de Bárcenas. Da igual lo que ocurriera. Es difícil encontrar algo más exacto de cómo se puede torpedear una investigación penal que imaginando a un tipo liándose a martillazos con un disco duro. La historia de la sinvergonzonería patria está llena de detalles de una enorme carga metafórica: si uno es incapaz de ver un Jaguar en el garaje de su propia casa, difícilmente puede reconocer la ética y la estética en su gestión pública. En los casos de corrupción, siempre hay algo, por mínimo que parezca, que nos permite confundir una parte con el todo: el Miró en el cuarto de baño de Roca; los trajes de tablilla de Camps; el millón de euros que dejaron los de Ikea en la casa de los suegros de Granados; la "madre superiora" del pujolismo o las tarjetas black de Rato y sus compañeros de Caja Madrid...

Cuando hace unos días entró en prisión el empresario Rafael Gómez, Sandokán, recordé lo bien que la sociedad, en general, y el poder, en particular, ha tratado a algunas personas ahora condenadas. En el impresionante edificio de la Fundación Miguel Castillejo de Córdoba, a la entrada a la derecha y en dirección a las escaleras de caracol que conduce a las instancias superiores, fue instalado un busto de Sandokán. En la placa rezaba: "La Fundación Miguel Castillejo dedica este busto a Don Rafael Gómez Sánchez como reconocimiento en el día de la bendición de la sede que él donó y del mecenazgo que aquí ejerce". Se fechó en diciembre de 2005. Pocos meses después, fue ocultada bajo la propia escalera. Sucedió cuando Gómez apareció en las investigaciones del caso Malaya y dejó de ser todo lo que había sido.

En todos los casos de corrupción siempre existe un detalle, una muestra de vanidad, una frase inoportuna o un pequeño hecho, que cogemos como si fuese un todo. Ocurría el otro día en la foto del banquillo de los ERE: veía a Chaves y Griñán y a consejeros que formaron el núcleo del poder en Andalucía durante muchos años y lo primero que se me vino a la memoria fue el "chófer de la coca" y "la vaca asá" que se permitía el director general de Empleo de la Junta. "La vaca asá" es como la baldosa de El Ejido, una magnífica imagen metafórica de la trama pero no toda la realidad del caso.

Como demasiadas veces olvidamos, también en este asunto se dirime un hecho mucho más esencial: el de las responsabilidades de los políticos en el ejercicio de la gestión de los bienes públicos. Y si son políticas o pueden ser penales. Tras siete años de investigación no se les ha localizado un sólo euro en sus bolsillos que saliera de este presunto fraude, pero, delante de sus narices y amparados por unos presupuestos aprobados por el Parlamento, se consolidó una inercia que permitió la arbitrariedad y la discrecionalidad en las ayudas a las empresas en crisis.

Por esto último, el PSOE decidió hace tiempo esconder a estos antiguos líderes en el hueco de la escalera de la historia. Y todos dejaron de ser quienes fueron, incluso antes de dirimirse el caso. Sin embargo, es ahora la Justicia la que tiene que determinar si aquello sucedió por el mal uso de un proceso administrativo del que se aprovecharon unos sinvergüenzas o fue por el método de Gutmann: la creación de un sistema que permitió el borrado de parte de los controles administrativos y por el que se daban subvenciones con informes hechos casi a martillazos entre empresas, sindicatos y administración.

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