La defensa de García Marcos rebaja el éxito de Malaya por los medios usados

  • El letrado de la ex concejal socialista y primera teniente de alcalde de Marisol Yagüe arremete contra el origen de la investigación para pedir la nulidad del caso

La defensa de Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde de Marbella después de la moción de censura que en 2003 desalojó de la Alcaldía a Julián Muñoz, sostuvo ayer durante la exposición de las cuestiones previas del caso Malaya que no hay "éxito de investigación" que justifique ni ampare los métodos y medios que se desplegaron en este caso.

El letrado José Luis Rueda en primer lugar puso en entredicho la legalidad de las escuchas teléfonicas que autorizó el juez de instrucción y en la que aparecía García Marcos en conversaciones que la Policía relacionó con el cobro de posibles sobornos. El abogado indicó que el juez autorizó pinchar los teléfonos sin más fundamenos que la declaración realizada por el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo, el funcionario Jorge González, que en una causa judicial por delito urbanístico habló del poder que tenía Juan Antonio Roca sobre los concejales del equipo de gobierno.

De esta manera "sin contar con ningún dato concreto ni otra documentación que motivara" las escuchas, se inició una "investigación prospectiva". El letrado sostuvo que esa falta de fundamentación jurídica para restringir derechos fundamentales, no sólo no se corrigió a lo largo de la instrucción, sino que fue a más cada vez que se prorrogaban las escuchas en unos autos "en los que sólo se insiste en que Juan Antonio Roca domina a los concejales, sin aportar ningún dato real y concreto de que la voluntad de Isabel García Marcos hubiera sido sometida". "El que la investigación posterior tenga éxito no justifica la irregularidad de la falta de motivación del auto inicial".

Los teléfonos fueron pinchados a finales de 2005 y el 29 de marzo de 2006 la operación Malaya se precipitó con la detención de Roca y parte del equipo de gobierno que presidía Marisol Yagüe. Entonces, la Policía registró, entre otros, el domicilio de Isabel García Marcos y allí encontró 378.000 euros en metálico.

Para su defensa, este registro también es nulo porque incurre en los mismos defectos que la intervención de los teléfonos: la falta de motivación.

El letrado José Luis Rueda criticó que el juez autorizara a la Policía irrumpir en la vivienda particular de la primera teniente de alcalde de Marbella con un auto que sólo contenía "afirmaciones tautológicas de carácter general y sin aportar ningún dato concreto que justificara el cohecho" que se le atribuía. "Las afirmaciones, por muy categóricas que sean, no se justifican por sí solas" .

Finalmente, la defensa de Isabel García Marcos requirió al tribunal que juzga el caso Malaya que anule las dos declaraciones que prestó en 2006 la ex primera teniente de alcalde de Marbella, al entender que respondió a cuestiones relacionadas con el contenido de las escuchas telefónicas y del registro domiciliario y si ambos, según su versión, son "ilícitos, las declaraciones también son nulas".

Los viejos argumentos como la vulneración del derecho al juez natural, la limitación de derechos como el secreto de las comunicaciones, a la libertad y la inviolabilidad del domicilio o la parcialidad del magistrado que dirigió la instrucción del caso Malaya volvieron a salir a la palestra durante la séptima sesión empleada por las defensas para exponer las cuestiones de carácter técnico jurídico previas al inicio de los interrogatorios de los procesados.

Además, el letrado Rafael Mesa que defiende al ex concejal Miguel Jiménez Guerra tachó de "esperpéntico" el procedimiento y resaltó el coste adicional que tuvo que padecer su patrocinado porque su esposa, secretaria de Jesús Gil durante lustros, falleció de un infarto mientras él permanecía en los calabozos. A pesar de las circunstancias, el juez instructor sólo le autorizó a asistir a la misa funeral escoltado por la Policía y después tuvo que volver a los calabozos. Sin embargo, horas después, prestó declaración y quedó en libertad sin fianza.

La defensa exigió al tribunal que se archive ya la causa contra Jiménez Guerra fundamentalmente por la falta de consistencia de la acusación, puesto que se le reprocha un ingreso de 4.000 euros en efectivo en sus cuentas registrado antes de que fuera concejal.

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