"La moral de las defensas es altísima y tenemos la completa seguridad de que la inmensa mayoría de los acusados serán absueltos". El comentario es de uno de los abogados defensores que ayer asistió en la sede del bufete Montero-Aramburu de Sevilla a una cumbre en la que intervinieron la práctica totalidad de la veintena de letrados que representan a los 22 ex altos cargos de la Junta que serán enjuiciados a partir del próximo 13 de diciembre por el denominado "procedimiento específico" de los ERE.

Las defensas plantearán en el juicio un frente común para intentar desmontar la macrocausa y parte de ese combate comenzará con las cuestiones previas al inicio de la vista oral, en las que solicitarán "nulidades" de actuaciones y pruebas que se han recopilado durante los más de cinco años en los que se prolongó la instrucción de la denominada "pieza política" de los ERE.

Las defensas tendrán que tumbar el informe de la IGAE, la pieza clave de la acusación

Así, los letrados impugnarán autos, resoluciones y decisiones de la principal instructora del proceso, Mercedes Alaya, pero también defenderán "con uñas y dientes" -expresión empleada por otro de los asistentes- cualquier intento de la Fiscalía Anticorrupción o de las acusaciones populares para tratar de introducir en este juicio parte de las ayudas que se investigan en otras piezas separadas, después de que la Audiencia de Sevilla fijase el criterio de que los 22 ex altos cargos sólo se someterán a un único juicio -en aplicación del principio legal non bis in ídem- al considerar que el procedimiento específico por el que van a ser enjuiciados ya engloba cualquier conducta que pudiera reprochárseles penalmente en el resto de las casi 200 piezas en las que se ha troceado la macrocausa.

Las defensas -comentó otro letrado- consideran muy importante y están "preocupadas" por esa posible introducción de las ayudas investigadas en esas otras piezas en este juicio, algo que entienden supondría un "posible fraude de ley".

En cualquier caso, los abogados reunidos ayer sostienen que, de cara al juicio que comienza el próximo 13 de diciembre, ejercerán una defensa en la que primará la "sensatez", con argumentos que sean "objetivables" y con la idea de "cooperar al máximo" con los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, a los que les ha correspondido enjuiciar el primer juicio del escándalo de los ERE.

De cara al planteamiento de las cuestiones previas -que el tribunal ha fijado para las tres primeras sesiones de la vista oral, los días 13, 14 y 15 de diciembre-, los abogados también buscaron en la reunión de ayer el consenso y la coordinación a la hora de exponer sus argumentos, con la idea de que unos letrados se centren más en algunas cuestiones que en otras, aquellas que hayan ido abordando con mayor profundidad durante la larga instrucción.

Las defensas tienen ante sí el reto de desmontar el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que concluye que el uso de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas era "inadecuado" e "improcedente" porque esta partida sólo podía destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del IFA.

La última línea de defensa incorporada al proceso en el marco de las ayudas concedidas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva -donde hay dos ex altos cargos del Gobierno central imputados- trata de demostrar que el Ministerio de Empleo concedió ayudas "directamente" y sin concurso público, de la misma forma a como actuó la Junta de Andalucía con los ERE, con lo que esta actuación no podría ser, por tanto, delictiva o, en su caso, también sería reprochable la actuación del Ejecutivo central en las 220 subvenciones extraordinarias concedidas en el periodo 2001-2011.

Este periódico constató ayer que a esta reunión asistieron 17 de los abogados defensores, con la única excepción -y debido a problemas de agenda- de los letrados que representan al ex presidente de la Junta Manuel Chaves y al ex consejero José Antonio Viera. Sí estuvieron, entre otros, José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán; los penalistas Francisco Baena Bocanegra y Pedro Apalategui, Alfonso Martínez del Hoyo, Gonzalo Martínez Fresneda, Adolfo Cuéllar, Juan Carlos Alférez, Manuel Salinero, Manuel Pérez-Cuajares, Fernando de Pablo, y tres abogados del bufete Montero-Aramburu -que defienden al ex consejero Francisco Vallejo-, entre otros asistentes.