Lo que comenzó siendo otra macrocausa similar a la de los ERE se está desinflando poco a poco, a tenor de cómo se va desarrollando la instrucción judicial y la paralela comisión de investigación de los cursos de formación en el Parlamento de Andalucía. El acta de liquidación provisional del Tribunal de Cuentas es el último elemento que contribuye a enmarcar cada vez más lo ocurrido con las subvenciones a la formación en el ámbito exclusivo de las irregularidades administrativas y a separarlo cada vez más de una actuación delictiva.

Para la elaboración del acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas había citado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a los servicios jurídicos de la Junta, que fueron los únicos que comparecieron a esta citación.

El dictamen de la Sección de Enjuiciamiento descarta el menoscabo de fondos públicos en estas subvenciones, censura la actuación de la Cámara de Cuentas en lo que se refiere a la realización del informe de fiscalización de los ejercicios 2009 y 2010, y concluye que no hay ilícito contable, "sin perjuicio de lo que en fase jurisdiccional posterior pueda declarar la consejera de Cuentas a quien por turno de reparto ha correspondido el conocimiento de los hechos objeto de estas actuaciones previas".

La resolución del Tribunal de Cuentas se ha conocido tan sólo unos días después de que trascendiera un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se pone de manifiesto que el Ministerio Público no aprecia delito en las resoluciones de exoneración de los cursos de formación, por cuanto el tiempo "ha demostrado no ser tales exoneraciones para el beneficiario".

El fiscal explica que esas exceptuaciones obedecen a una lógica interna, por cuanto como "las labores de liquidación y justificación del órgano administrativo se solapaban con la nueva acción formativa y con otra subvención ya concedida, la misma eximía de este requisito para el pago de la nueva, no la concesión de una nueva subvención, sino sólo el pago". El informe del fiscal se conocía después de que trascendiera que la juez María Núñez Bolaños dará carpetazo a la denominada "pieza política" de la macrocausa de la formación, en la que figuran 24 personas como investigadas, al entender la juez, siguiendo el criterio de los interventores provinciales, que los hechos investigados no constituyen delitos sino presuntas irregularidades administrativas.

A todo ello hay que sumar el desarrollo de la comisión de investigación sobre los cursos en el Parlamento andaluz, donde se han desarrollado ya 66 comparecencias entre funcionarios, técnicos y responsables políticos. En la comisión también comparecieron los interventores provinciales, quienes salvo el de Huelva coincidieron en que no hubo menoscabo para los fondos públicos.

Los funcionarios y los responsables políticos defendieron en sus intervenciones que las exceptuaciones es una figura contemplada en la ley y su aplicación no eximía a los beneficiarios de las ayudas de la justificación de las mismas. La comisión presentará sus conclusiones en septiembre y se espera que sólo el PP siga manteniendo que hay una actuación presuntamente delictiva en relación con las irregularidades de los cursos, algo que rechazan PSOE y C's.