El juez archiva la denuncia por alterar los datos de Javier Arenas en Wikipedia

  • Ha transcurrido más de un año y no se ha podido dirigir la acción penal contra nadie. La denuncia aseguraba que se habían incluido datos falsos e "insultos y frases soeces".

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Un juez de Sevilla ha archivado, a petición del fiscal, la denuncia por los cambios introducidos en la biografía que aparece en la página de Wikipedia de Javier Arenas, vicesecretario nacional del PP para asuntos territoriales y ex presidente del PP andaluz, por prescripción de los plazos legales. Fuentes judiciales han informado de que el juez de instrucción 7, en un auto del pasado 11 de octubre, ha archivado la causa puesto que ha transcurrido más de un año sin que se haya podido dirigir la acción penal contra nadie. El sobreseimiento se dictó a petición del fiscal y pese a que el PP tiene la intención de recurrir el auto de archivo, según las fuentes. La causa se inició en 2009 y en ella ha llegado a haber cuatro imputados, aunque el juez la ha archivado al haber transcurrido el plazo legal de un año sin poder dirigir la acción penal contra ninguna de ellas.

El juez investigaba una denuncia del PP por los insultos y cambios introducidos en la biografía de Arenas en la Wikipedia, que fueron hechos desde distintos ordenadores en los meses anteriores a la denuncia de julio de 2009. La denuncia aseguraba que en la biografía de Arenas se habían incluido datos falsos y una gran cantidad de "insultos y frases soeces" hacia su persona y su familia. Como consecuencia de dicha denuncia, según informó en su día el entonces secretario del PP-A, Antonio Sanz, se pudieron retirar de la plataforma gran parte de los insultos, aunque otros permanecieron e incluso fueron utilizados por algún miembro del Gobierno de la nación en sus intervenciones públicas, como una alusión a que Arenas tardó quince años en acabar la carrera de Derecho.

Dos altos cargos de la Junta -la entonces secretaria general de la Consejería de Innovación y el director de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información- declararon como testigos ante el juez en mayo de 2010 y afirmaron que el IP de uno de los ordenadores utilizados por los piratas correspondía a la Delegación de la Consejería de Cultura en Jaén. No obstante, la Junta pudo identificar el ordenador pero no el usuario, según informaron al juez.

El juez imputó en una primera fase a dos personas y posteriormente, en septiembre de 2010, imputó a otras dos, residentes en Albacete y en un pueblo de Levante. Además, el juez acordó en su día que no se trataba de unas injurias perseguibles de oficio, pues no habían sido hechas contra Arenas como funcionario público o senador, por lo que solo podían investigarse por denuncia del afectado, lo que así hizo el presidente regional del PP mediante su personación en la causa.

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