MIGRACIÓN

La distancia de Tarifa a Lampedusa

  • CEAR contempla la posibilidad de que la ruta del Mediterráneo occidental se convierta en una vía preferente para los refugiados que buscan protección internacional en la Unión Europea

El pasado 11 de junio, media docena de ONG y los guardacostas italianos rescataron a 1.500 refugiados frente a las costas libias. Iban camino de Lampedusa o Malta huyendo de los conflictos armados de Oriente Próximo o de persecuciones por motivos de raza, religión u orientación sexual. Utilizaron la vía del Mediterráneo Central, la más concurrida desde que la Unión Europea cerró la ruta de los Balcanes y firmó su acuerdo con Turquía para devolver al país otomano a quienes llegaban a las costas griegas. "Puede que, dentro de un año, hablemos de que España sea la segunda ruta más habitual, por encima de Grecia". La frase es de Lourdes Navarro, de los servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la delegación de Andalucía Occidental. Las cifras van camino de darle la razón. Entre el miércoles y el viernes, Salvamento Marítimo trasladó a 515 inmigrantes a varios puertos andaluces tras rescatarlos en aguas del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán. En lo que va de año son ya 5.196.

El Estrecho de Gibraltar tiene 14,4 kilómetros en su parte más angosta, entre la Punta de Cires, en Marruecos, y la Punta de Olivares, en los alrededores de Tarifa. Son mucho menos que los 113 kilómetros que separan la isla italiana de Lampedusa y la costa tunecina. Pero las barcazas que usan la ruta del Mediterráneo central suelen partir de las playas libias. La distancia desde allí a las costas italianas o maltesas es similar a la que hay entre el litoral del este marroquí y las provincias orientales de Andalucía. Por eso no es de extrañar que la opción occidental entre en los planes de los refugiados.

¿Todos los que llegan en pateras a las playas andaluzas -o son interceptados en su intento- son refugiados? No hay cifras, pero es evidente que no. Hay que diferenciar entre el refugiado, que huye de una persecución o una situación de conflicto, y el migrante, que busca una vida mejor fuera de su país, sobre todo por motivos económicos. En Andalucía, tradicionalmente, el caso más común era el segundo, pero en CEAR piensan que la situación ha cambiado y existe una "falta de voluntad política" en el Gobierno cuando se trata de reconocer el estatus de refugiado a personas de determinados países. Una muestra es que los subsaharianos tienen "vedada" la entrada en la oficina de asilo creada en la frontera con Melilla, que en 2016 registró menos actividad de la esperada.

"Muchos no desean irse para mejorar, sino porque son perseguidos", cuenta Navarro. Esta abogada recuerda el caso de un hombre de Costa de Marfil, que presentó en 2011 en Sevilla su solicitud de asilo. El país subsahariano se encontraba entonces inmerso en una nueva guerra civil que, según los cálculos, generó un millón de refugiados. Logró cruzar medio continente y llegar hasta la capital hispalense y desde aquí ha visto cómo el Gobierno dilataba su petición hasta que, este año, ha desestimado concederle protección. La razón es que el conflicto costamarfileño ya ha finalizado, pero en CEAR consideran que los derechos de este hombre se han visto vulnerados. Por eso han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La situación de este costamarfileño corre el riesgo de repetirse porque, según los datos de Eurostat, hay 21.650 personas esperando para que se resuelva su solicitud. Son ya 5.555 ucranianos y 4.435 venezolanos los que encabezan esta clasificación, pero la situación está lejos de mejorar si se atiende al ritmo de tramitación registrado el pasado 2016.

Ninguno de los 40 expedientes resueltos el año pasado para ciudadanos del país caribeño haya acabado con la concesión de protección internacional. Lo mismo les pasó a los 120 colombianos, a los 720 argelinos y a los 1.025 malíes que vieron su petición resuelta en 2016. Más suerte tuvieron los 65 ucranianos que si lograron el estatuto de asilo o la protección subsidiaria, pero hubo 355 nacionales del país eslavo, inmerso en un conflicto armado desde abril de 2014 que no lo consiguieron. En el otro extremo están los iraquíes, con el 100% de las 80 peticiones aprobadas, y los sirios, con 6.215 expedientes resueltos con algún tipo de protección y sólo 115 negativas.

Los 6.160 sirios que recibieron protección subsidiaria son los protagonistas de una de las buenas noticias que se extraen la edición de 2016 del informe anual que CEAR lleva quince años redactando para analizar la situación de los refugiados en España. También lo es el récord de 15.755 peticiones de asilo registrado en 2016. "Pero sólo suponen un 1% de todas las que se recibieron en la Unión Europea", lamenta Lourdes Navarro. ¿La razón? Una cuestión "de voluntad política", insiste. Una muestra es que España sólo ha recibido al 7% de los 17.387 refugiados que se comprometió a reasentar y reubicar mediante el programa establecido por Bruselas.

En CEAR tienen claro que la solución es una mayor implicación de las autoridades estatales mediante un pacto de estado que facilite la llegada segura de refugiados y reactive la aplicación del compromiso con la Unión Europea. No será tarea fácil. El Ministerio del Interior no siempre está por la labor de colaborar. Un ejemplo es que todos los datos incluidos en el informe de CEAR no viene del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, sino de Eurostat.

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