Este no es el Antonio Sanz de siempre, que nos lo han cambiado. Y no es sólo por los muchos kilos que ha perdido en los últimos meses. Puede que sea por la experiencia acumulada (suma casi un cuarto de siglo en política), por su edad (tiene ya 48 años) o por el indudable peso institucional de su cargo de delegado del Gobierno en Andalucía. Pero lo cierto es que muy poco queda de aquel animal político que amedrentaba a Chaves y a Griñán desde su puesto de portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz o que tanto poder político arrebató al PSOE en su provincia de Cádiz y en toda Andalucía como segundo de Javier Arenas. Hoy, desde su despacho de la Torre Sur de la sevillana plaza de España, Sanz prefiere diferenciar gestión de partidismo y sus palabras más repetidas son lealtad, colaboración y acuerdo. Su sueño más cercano es que la Delegación del Gobierno que dirige desde febrero de 2015 siga siendo un "acelerador de soluciones". Pero tiene un sueño más lejano que está alejado de la política: trabajar algún día en un despacho de abogados junto a sus tres hijos.

-La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sigue urgiendo al Gobierno para cerrar un pacto de financiación autonómica. ¿En qué punto está ese proceso?

-Que en España es necesario un pacto de financiación es algo que compartimos todos. Es una necesidad resolver no sólo la financiación autonómica sino también la local. La iniciativa la ha tomado el Gobierno y ya tenemos a disposición de todos el informe que se encomendó a los expertos y que ha de ser el punto de partida de lo que espero que sea un buen acuerdo de financiación que dé estabilidad y seguridad en la gestión. Pero para eso es fundamental que no haya tanta confrontación y creo que el inicio de curso que Susana Díaz ha planteado tiene un tic de confrontación que no es positivo. Ella sabe que la única manera de sacar adelante un buen acuerdo es por la vía del consenso. Además, de lo que se queja Susana Díaz es, curiosamente, de lo que ella es responsable.

-¿Puede ser más concreto?

-Ella se queja de que el actual sistema de financiación es injusto, pero, curiosamente, es el sistema que aprobó el PSOE en su momento de la mano de ERC y que fue apoyado por la Junta, es decir, por Griñán y por ella misma. Si ese sistema de financiación era un mal acuerdo para Andalucía, como tanto repite ahora, que hubiera hecho como el PP, que votó en contra en su momento.

-Pues en este tema la Junta sigue criticando al Gobierno de Rajoy...

-Cualquier sistema de financiación tiene que partir del consenso, pero en el que aprobó el PSOE eso no sucedió. Lo impuso. Y lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy es establecer mecanismos extraordinarios de liquidez que han significado un apoyo a nuestra comunidad. En concreto, Andalucía ha recibido entre 2012 y 2017 más de 35.000 millones de euros de financiación extra. De esa cantidad la Junta ha recibido 29.600 millones, porque el resto ha ido a los ayuntamientos. Por eso Andalucía no puede tener quejas de Rajoy. Él ha sido leal con Andalucía, ha apoyado a esta tierra desde el principio y lo mínimo que tendría que hacer la Junta es agradecerlo.

-¿Espera otra Susana Díaz después de su derrota por ser secretaria general del PSOE?

-Yo en lo que confío es en que, en lo referente a las relaciones con el Gobierno de España, ella siga teniendo sentido de Estado y siga siendo una persona que mantenga el mismo un nivel de confianza. Creo que en Andalucía ha sobrado confrontación y ha faltado voluntad de cooperación durante muchos años. Yo no concibo una relación Gobierno-Junta si no es desde la lealtad. Para mí la confrontación es la fotografía de la incompetencia y el síntoma del mal gobernante. Y en Andalucía ha sobrado estos años mucha confrontación. Ese ejercicio de victimismo que han liderado históricamente Susana Díaz, Griñán y Chaves ha perjudicado mucho a Andalucía. La confrontación la hace el que no tiene nada que ofrecer.

-¿Cómo es su relación con ella?

-Es una relación fluida. Una de mis responsabilidades es contribuir a evitar conflictos jurídicos y políticos. Y hasta ahora no he tenido ni un conflicto político y hemos evitado muchos jurídicos. Desde esta delegación hemos hecho todo lo posible por evitar la colisión entre desarrollos normativos o legislaciones que podrían entrar en choque. Es por ejemplo lo que sucede ahora con el conflicto de las 35 horas semanales, que se podía haber evitado.

-La gente posiblemente no entienda que el Gobierno recurra el acuerdo de las 35 horas impulsado por la Junta y en paralelo abra una negociación para intentar aplicarlo en toda España.

-Si la Junta hubiera querido, ya habríamos llegado a un acuerdo sobre las 35 horas, antes incluso de tener que presentar el recurso. Pero la Junta no ha querido ese acuerdo porque le interesaba más enfrentar al Gobierno con los trabajadores. Y esa no es una actitud leal. El ejemplo es que habrá acuerdo para 2018. En algunos sectores, como sanidad, educación o dependencia, esas 35 horas se podrán aplicar ya vía los Presupuestos Generales del Estado. Pero el Gobierno tiene la obligación de garantizar el principio de igualdad entre todas las comunidades autónomas.

-¿No piensa que los dos partidos principales, PP y PSOE, han llegado muy lejos en la judicialización de la vida pública? Porque los funcionarios ya ni se atreven a firmar un papel y eso está ralentizando el funcionamiento de las administraciones.

-Cuando se trata de un procedimiento de responsabilidad penal, ahí no cabe pacto alguno. Eso es evidente. No podemos darle cobertura ni amparo a los casos de corrupción. Pero sí es verdad que hay cosas que se deberían resolver en el ámbito de la lealtad y la colaboración entre administraciones. Creo que cada día hay que abrir más diferencia entre el debate político y la acción de los gobiernos. Mi premisa es la lealtad del gobernante y un principio que hay que desarrollar más es el de la cooperación. Y el ámbito jurídico debe ser siempre el último paso. Yo tengo claro que esta Delegación del Gobierno tiene que ser como una especie de acelerador de soluciones. Esta Delegación tiene que ser la puerta de entrada de los andaluces al Gobierno de España y todo lo que estuviera lento o en conflicto mi interés es solucionarlo. No concibo otro camino en España, porque si una administración recela de otra, esto es imposible que funcione. Y estamos cerrando acuerdos con la Junta como por ejemplo en el tema del agua, en el que ya hemos firmado un acuerdo para garantizar inversiones futuras, y también hemos firmado otro convenio para desarrollar el nuevo plan de viviendas (2018-2021). Ese es el camino y eso es lo que el ciudadano desea ver.

-Choca verle en un papel tan institucional después de haber sido durante tanto tiempo el azote del PSOE andaluz...

-Es que antes yo estaba en el debate político y partidista. Yo he sido un portavoz duro, es verdad, pero también he alcanzado acuerdos en muchas negociaciones, sobre todo en la reforma del Estatuto de Autonomía. Ahora estoy en un espacio distinto. Si no trabajara por el bien de todos los andaluces sería un mal delegado del Gobierno.

-¿Hay algún elemento para pensar que Andalucía puede ser un objetivo prioritario para el terrorismo yihadista?

-Hay que partir de una premisa y es que el riesgo cero no existe y la seguridad absoluta, tampoco. Nadie que sea responsable puede decir por tanto que es ajeno al riesgo actual. A partir de ahí, se puede decir que en este momento Andalucía no cuenta con una amenaza directa que sea diferente del resto de países o regiones de Occidente. Todos estamos sometidos al mismo nivel de riesgo.

-¿Y no puede influir la historia o la tradición musulmana de Andalucía?

-Bueno, cuando los terroristas reivindican Al-Andalus es desde un concepto global de toda la península y no solo de Andalucía. Además, está por ver que el objetivo terrorista sea acabar con edificios o ciudades representativas de épocas anteriores. No hay una teoría fija sobre eso. Creo que tenemos que rehuir de tantos pseudo expertos que están saliendo ahora opinando de estos temas y que dicen incluso lo que va a pasar. Lo importante ahora es tener total confianza en nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Podemos sentirnos muy orgullosos de ellos. Los de España son los mejores policías del mundo y tenemos que recordarlo todos los días. También es importante nuestra legislación porque nos ha permitido detener a casi 200 personas vinculadas con el yihadismo.

-¿Por qué no se ha decidido aplicar el nivel cinco de alerta?

-Desde que estamos en el nivel cuarto de alerta hemos tomado todas las medidas preventivas de seguridad y las hemos potenciado. El concepto del nivel cinco es diferente porque es de atentado inminente. Esta es una decisión que no toman los políticos, sino los expertos. Y no descuidemos que el nivel de alerta cuatro es el penúltimo y ya en sí encierra una capacidad de reacción y unas medidas de precaución al máximo nivel. Por eso traslado un mensaje de confianza.

-Este verano se ha disparado la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas. ¿Por qué se ha producido eso y qué puede hacer el Gobierno aparte de atender a los rescatados?

-Si la inmigración no se ha convertido en un problema de seguridad mucho más grande es porque desde el Gobierno de España llevamos muchos años haciendo un trabajo en origen y consensuando muchas cosas con Marruecos, que se ha involucrado y que me consta que también rescata a diario muchas pateras. Es verdad que los datos de este año demuestran un repunte destacado. Llevamos este año en las costas andaluzas 3.500 inmigrantes rescatados más que en todo el años 2016. Este año vamos cerca de los 10.000 inmigrantes ya y en 2016 fueron 6.109. Y en 2013 no llegó a 2.200. Creemos que esto es debido a que se están reproduciendo las actuaciones de las mafias y eso que en los últimos meses hemos desarticulado organizaciones criminales que llevaban décadas actuando en la zona. También se está produciendo un cambio de ruta, una bajada de precios en los viajes de los inmigrantes, el uso de motos acuáticas, el incremento de menores embarcados y la recuperación en el Estrecho de las pateras de madera en las que caben entre 40 y 50 personas cuando antes se usaban embarcaciones que llevaban ocho o diez inmigrantes. Fíjese que en 2015 vinieron 491 pateras y este año llevamos 407, aunque el número de rescatados se ha triplicado.

-El de este año a sido un verano terrible en materia de incendios forestales en Andalucía. ¿Cree que una de las soluciones puede pasar por un incremento de las penas para quienes originan un fuego?

-En este asunto conviene ser prudentes antes de sacar conclusiones con respecto al origen de los incendios. Yo no acostumbro a adelantar acontecimientos, salvo que haya sido un delito flagrante, porque muchas veces se ha hablado de la autoría del hombre y al final no ha terminado siendo así. En el caso de Doñana, por ejemplo, las investigaciones dicen que no parece que hubiera intencionalidad. Por tanto, hablar de terrorismo medioambiental sin saber las causas de un incendio es arriesgado. Yo lo que garantizo es que la Guardia Civil, con la ayuda de los técnicos del Infoca, actúa de manera muy intensa por esclarecer las causas de cada fuego.

-A la vista de lo que está sucediendo estos días en Cataluña, ¿está usted preocupado o indignado?

-Estoy siguiendo esos acontecimientos con especial interés y preocupación, al igual que le sucede a todos los españoles que creemos en la unidad de España y que queremos que Cataluña siga teniendo un papel prioritario y excepcional dentro de nuestro país. Pero a la vez tengo plena confianza en el Gobierno, aplaudo que todas sus decisiones cuenten con el respaldo de fuerzas políticas como PSOE o Ciudadanos, porque eso está siendo fundamental, y tengo plena confianza en la serenidad y en la capacidad de Rajoy para saber tomar cada decisión de manera precisa, equilibrada y prudente pero también con firmeza. La reacción del Gobierno tiene que venir de la exigencia del cumplimiento de las leyes, porque ese es el principio básico de convivencia y democracia, y también por el factor de que en Cataluña hay mucha gente que no quiere participar en un acto de desobediencia.

-Hay quien piensa que el Gobierno ha reaccionado tarde.

-La reacción es eso, reacción, pero no creo que sea tardía. De no ser así se nos habría acusado de provocación. El Gobierno está reaccionando ante cada acción y lo está haciendo con nuestros instrumentos, que son la ley, la Constitución y el estado de Derecho. Con eso lograremos poner fin a ese desafío.

-¿Qué se ha hecho mal en los últimos años en España para llegar a esta situación?

-Creo que esta iniciativa no parte de la sociedad catalana sino de un Gobierno autonómico que ha buscado así, de una manera desmedida, tapar sus casos de corrupción y sus incapacidades. Nos podemos retrotraer a muchos hitos del pasado pero ahora lo que importa no es buscar culpables sino saber lo que tenemos que hacer para garantizar la unidad. Posiblemente no habremos acertado todos. Pero la responsabilidad la tiene quien toma esta iniciativa desproporcionada. Porque incumplir la ley nunca puede tener una justificación.