A día de hoy, y según los datos recabados por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), tan sólo un 6% de municipios andaluces rebasarían el límite de endeudamiento del 75% fijado por el Gobierno central para poder solicitar nuevos créditos en 2011. Es decir, 47 de los 771 ayuntamientos que hay en la comunidad deberán apurar el plazo que tienen hasta el próximo 31 de diciembre para poder acudir a la banca y tener recursos para financiar sus proyectos, o confiar en que se ponga pronto en marcha la línea de créditos del ICO -acumula ya dos meses de retraso-, adscrita a la recién aprobada Ley de Morosidad, para que al menos sí puedan liberarse de las deudas antiguas que tienen con autónomos y empresas.

Esta lista de ayuntamientos, no obstante, es muy provisional. Para el estudio se ha tomado como referencia la deuda municipal de 2009, y como advierten los propios técnicos de Hacienda, no se tiene en cuenta la de las empresas públicas municipales, por lo que el sistema puede ser "engañoso"; y aparte está la "ingeniería financiera" de la que hayan podido tirar los ayuntamientos para maquillar sus cuentas . A todo esto se añade que habrá que esperar a los niveles reales de endeudamiento de cada municipio a final de año, ya que puede incrementar si los alcaldes solicitan más créditos en los próximos tres meses, o bien disminuir tras una amortización de una deuda.

Pero sin tener estos factores en cuenta, lo cierto es que cinco capitales de provincia sobrepasan con creces esta última frontera del 75% marcada por el departamento que dirige Elena Salgado. A la cabeza estaría Málaga, con un 127% de endeudamiento respecto de sus ingresos, superando además el límite habitual que marca el Ejecutivo central de un 120%, porcentaje que excede por poco el ayuntamiento de Jaén (120,52). Le sigue Córdoba con un 101%, Huelva (88,24%) y, por último, Cádiz (82,84). Se quedarían fuera por tanto de esta lista negra Granada, Almería y Sevilla. Una muestra de la eventualidad de las cifras la ofrece la capital hispalense. Un informe municipal elevó a finales de mayo el endeudamiento del ayuntamiento a casi el 90%, con lo que no podría endeudarse.

Con los datos aproximativos que ofrecen los técnicos de Hacienda, lo que sí cabe destacar es que el mayor volumen de ayuntamientos hipotecados están en la provincia de Almería, que tiene 9 municipios, seguido de Sevilla, que tendría 8, y Córdoba con 7. Empatan a cinco las provincias de Málaga, Huelva y Cádiz, mientras Jaén y Granada cuentan tan sólo con 4 cada uno.

El reparto político también arroja datos curiosos, al no guardar del todo la misma proporción respecto del número de ayuntamientos gobernados por cada color político. El PSOE, que ostenta el gobierno de casi el 63% de los municipios andaluces, sólo tiene 25 ayuntamientos con cuentas desequilibradas (el 53%), mientras el PP cuenta con 14, que representan un 30%, correspondiendo la mayoría de esas arcas municipales en números rojos a grandes ciudades. Por tanto, se repite el esquema de esa brecha entre mundo rural y urbano, y entre PSOE y PP.

Sin ir más lejos, cuando el pasado martes Salgado anunció que se reabría de nuevo la puerta del crédito a los ayuntamientos, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, ya advirtió que, al marcarse ese tope del 75% de deuda, se comprobaría que "son las grandes ciudades en manos del PP donde habrá más problema y así se verá que no es cierta esa teoría de que la derecha está más capacitada para la gestión económica, sino más bien al contrario, ésta es deficiente".

Esta misma tesis es la que ayer manejó el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, que apuntó que ahora se verá "la gestión manirrota de los alcaldes del PP" y lamentó que el presidente de este partido en Andalucía, Javier Arenas, critique la rectificación del Gobierno central -en mayo prohibió que a partir del próximo 1 de enero todos los ayuntamientos pudieran solicitar préstamos-, cuando por otro lado la han estado demandando sus alcaldes.

Los ataques de Arenas a este nuevo "bandazo" del Gobierno están en que cree que se trata de una maniobra electoral del PSOE para conservar sus votos y una estrategia para perjudicar "a los grandes ayuntamientos gobernados el PP".