Muchas de las prestaciones que consumen los ciudadanos comunitarios en Málaga en la sanidad pública no son precisamente baratas. Un marcapasos cuesta unos 3.000 euros, una prótesis de cadera en torno a 5.000, un trasplante renal casi 40.000 y una cirugía de corazón con complicaciones puede plantarse en los 50.000. La asistencia se les presta, pero pocas veces se les factura. Hay profesionales que calculan que apenas se cobra una cuarta parte. El resultado es un déficit del que no hay estimaciones serias, pero que distintas fuentes consideran millonario.

La desidia en la facturación sumada al turismo sanitario genera un hueco presupuestario que hace ya más de un lustro fue estimado en 300 millones de euros anuales. "La facturación a los comunitarios debe impulsarse porque es una oportunidad recaudatoria para financiar el sistema en tiempos de crisis", apuntaba una fuente. Pero la realidad es otra. Un informe del Observatorio de Salud en Europa alertaba hace más de un año de esta hemorragia de recursos y urgía a las administraciones a tomar medidas. "Quedaríamos espantados por las pérdidas que alegremente estamos soportando por inoperancia, desidia, descuido, desorganización y falta de concienciación política", advertía aquel estudio.

Mayte Echezarreta, directora del Observatorio Europeo de Gerontomigraciones, reconoce que la solución es compleja. Por muchas razones. Porque en España no hay cultura de facturación en los centros sanitarios públicos, porque la sanidad es un reclamo turístico añadido al de sol y playa, porque no hay una infraestructura administrativa desarrollada para el cobro y porque lo que se factura no revierte directamente en el centro que ha realizado la asistencia, con lo cual se desincentiva ese trámite. Echezarreta defiende la asistencia universal y la cobertura para los comunitarios porque éstos dinamizan la economía de la provincia, pero insiste en la "corresponsabilidad" entre el país de origen y el de destino. Recientemente, expertos sobre gerontomigración reunidos en Málaga concluyeron: "Es necesario negociar el cobro por acto sanitario para ajustar los gastos, ya que con la cuantía económica fijada en 2007 que recibe España no quedan cubiertos los gastos por servicios sanitarios y prestaciones farmacéuticas". Además, están los que viven en la provincia, pero no se empadronan. Consumen servicios sanitarios, pero por ellos no hay compensación porque no están registrados. Y no son pocos. Estimaciones muy a grosso modo sitúan en 400.000 los comunitarios no empadronados. Y hay un tercer grupo: el de los turistas sanitarios, que de forma fraudulenta se empadronan -a veces sin siquiera cumplir este trámite porque entran por Urgencias- para recibir asistencia. "Vienen bien aleccionados, se plantan en Urgencias y si cumplen el criterio clínico no puedes más que ingresarlos y operarlos. Hasta se saltan las listas de espera".