-¿Es usted consciente de haber hecho historia?

-Lo que sí hay es la certeza de que lo que se está haciendo no es lo típico. Pero no se aprende a hacer juicios treinta años después. Ese fue el verdadero desafío y hay que repensar todo el derecho penal.

-Además de por las leyes como la de punto final. ¿Por qué en este tipo de casos es tan difícil juzgar a un presunto culpable?

-La razón más importante es que la profundidad que tuvo el terrorismo de estado en Argentina y en la región fue tal que llegó a afectar al sistema de análisis, de razonamiento de la sociedad, incluido el derecho y los legisladores. Las leyes de punto final u obediencia debida se dictaron unos años después de restablecida la democracia y la Corte Suprema las ha declarado inconstitucionales. El peso de lo que significa el terror afecta cada rincón de la sociedad y de cómo esa sociedad reaccione va a depender como sea su vida.

-¿Cuándo se juzga a estas personas se está juzgando al régimen que los amparaba?

-Se juzga personas por hechos cometidos en un momento determinado por esas personas, ya sea de forma directa o bien porque tenían el mando para ordenarlas. Pero está implícito que había un régimen que estableció determinadas reglas que implicaban el secuestro, tortura, desaparición, muerte, destrucción de pruebas y documentos y que mostraban que existía un plan sistemático.

-Aquí se ha abierto un proceso similar y hay quien cree que es abrir heridas.

-Eso dependerá del posicionamiento del que opina, porque en el fondo es una cuestión ideológica, con una profunda base filosófica, pero también política y psicológica. Las víctimas no pueden aceptar ninguna medida que significase olvido y que nadie haga justicia. Y de parte de los que consideraban que había que olvidar había un interés particular, haber sido directamente responsables o haber pertenecido al aparato que generó ese tipo de fenómeno. Y en el medio de unos y de otros hay una franja muy importante de población que, sin intereses de parte, legítimamente consideran que eso significa abrir heridas o que la única forma de cerrar esas heridas es con la verdad y con la justicia.

-¿Es ese el desafío?

-El desafío más grande de la convivencia es ese: cómo se hace para aceptar que el otro piense distinto. El problema es que una cosa es la conversación filosófica y otro muy distinto, en el ámbito de la decisión, la responsabilidad de una parte concreta de la comunidad que tiene que tomar las decisiones correctas en función de los Derechos Humanos. También habrá interpretaciones sobre que ciertos delitos han prescrito, pero el Derecho de Gentes, previo a cualquier norma actual, establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben.