El laberinto español

  • La última liquidación de fondos para las comunidades autónomas ejemplifica por qué hay que cambiar el sistema y cuáles son los riesgos del desafío catalán

No se líen con los números: el sistema de financiación autonómica es un problema político más que económico, político con mayúsculas porque en su negociación se están escenificando toda las tensiones de la España de las autonomías, agravadas por la pretensión de Cataluña de ser diferente de las demás. De hecho, España es casi un Estado federal asimétrico porque dos comunidades ricas, el País Vasco y Navarra, ya gozan de un trato diferente reconocido por la Constitución en base a unos derechos medievales. El Ministerio de Economía ha publicado esta semana los datos de su liquidación del año 2007, una foto fija de cómo se distribuyeron los fondos.

Un reparto caprichoso

El Gobierno balear recibió por cada uno de sus ciudadanos 879,5 euros menos que el cántabro por los suyos. Una diferencia notable, de 25 puntos porcentuales. Baleares es la comunidad más perjudicada por el actual sistema de financiación autonómica, a pesar de que es una de las contribuyentes netas del sistema. Este caso ejemplifica por qué hay que cambiarlo: básicamente, porque sus resultados han acabado por tener un comportamiento caprichoso, si no aleatorio. No es que las comunidades ricas están pagando en demasía a la bolsa común hasta tal punto de que la buscada solidaridad se convierte en injusticia en algunos casos: es que hay otras comunidades pudientes que están entre las que más cobran, caso, por ejemplo, de La Rioja. Hasta 2005 no se supieron las cifras del reparto entre las comunidades. La mayor diferencia se da entre Valencia y Cantabria: 30 puntos.

sin actualización

El actual sistema de financiación se pactó en el año 2001 entre el Gobierno de Aznar y las comunidades. La fórmula no se renueva con los aumentos de población, sino que utiliza el censo fijo de 1988. Por ello, las comunidades en las que su población ha aumentado más, caso de Madrid o Valencia, son claramente las más perjudicadas. De ahí, que las comunidades gobernadas por el PP sean las primeras en apoyar el cambio, con independencia de cuál sea la versión oficial de este partido. El nuevo sistema de financiación se actualizará permanentemente con la población.

Andalucía, en la media

El mapa anexo muestra cómo se redistribuyó en 2007 el dinero entre las comunidades. La media fue de 2.703 euros por habitantes, al que se ha adjudicado la cifra 100. Cada dígito que supere el centenar equivale a un punto porcentual. Andalucía recibió 1,6 puntos más. Ese ha sido el comportamiento de otros años.

la razón: cataluña

En realidad, Rodríguez Zapatero decide abrir el debate sobre el nuevo sistema de financiación por una imposición del nuevo Estatuto de Cataluña más que por los malos resultados del actual. El Estatut marcaba una fecha para aprobar el nuevo sistema, que evidentemente no se cumplió, pero fue por lo que Pedro Solbes comenzó a negociar con las comunidades. El problema es que este Estatuto le impone al Gobierno algunos condicionantes. El más grave es que el artículo 206 del Estatut mantiene que Cataluña colaborará con sus recursos a que los servicios básicos (sanitarios, educativos y sociales) sean iguales en todas las comunidades autónomas "siempre que el esfuerzo fiscal sea similar". ¿Qué significa esto? La Generalitat entiende que aportará fondos a la bolsa común para llegar a la nivelación siempre que las recaudaciones sean similares. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha dado en el clavo al diferenciar "esfuerzo fiscal" de "recaudación". Si las leyes son las mismas, y lo son, el esfuerzo fiscal que hacen las comunidades es el mismo, aunque la cuantía de la recaudación no sea similar.

cataluña por encima

José Luis Rodríguez Zapatero explicó el miércoles pasado en Barcelona que Cataluña recibirá con el nuevo sistema una cantidad per cápita por encima de la media. Esto supone admitir una vieja aspiración catalana: la Generalitat quiere que su puesto en el ranking de contribuyentes al Estado sea el mismo que en el de perceptores de fondos. Si se aplica este criterio de modo general, las comunidades más pobres, la que menos recaudan, serían además las que menos dinero obtendrían del Estado, con lo cual se quebraría el principio de solidaridad y se abriría una brecha entre estas dos Españas. Claro, que depende de la cuantía de la diferencia.

más dinero

El vicepresidente Chaves consideraba imprescindible que el Gobierno aportara, al menos, 9.000 millones de euros adicionales al sistema para tratar de contentar a todos, y al final lo ha conseguido. Sin embargo, el problema reside en cómo se reparte ese dinero. Ya el portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha solicitado el 20% de esa cantidad, lo que supone un porcentaje muy superior al peso de su población.

lo que desea andalucía

La Junta apoyó el plan que Pedro Solbes presentó en diciembre. Colmaba los deseos de todos, menos de Cataluña. Uno de los objetivos básicos del sistema de Solbes es que se redujeran las distancias entre las comunidades. Como ya se ha dicho es extrema: hasta 30 puntos. Del plan del ex vicepresidente se mantiene un principio: todas las comunidades autónomas seguirán cobrando lo mismo que un año base, posiblemente sea 2007, más una cantidad para reforzar el Estado del bienestar. ¿De dónde procederá ese dinero? Cada comunidad cobrará el 51% del IVA y del IRPF más el 50% de los Impuestos Especiales. A aquéllas que le falten recursos se le dan dos fondos, el de Garantía, para servicios esenciales, más el de Suficiencia, para otras transferencias. Y se crearán dos fondos distintos, pero convergentes: uno de competitividad, para compensar a las regiones ricas por si quedaban por debajo de la media de recursos recibidos, y otro de cooperación, para ayudar a las más pobres. El objetivo: reducir las diferencias. Pero eso fue con Solbes, la duda es qué pasará ahora.

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