El plan del litoral paraliza el proyecto de lujo de la casa real saudí en Estepona

  • Los promotores disponen de 12 millones para la urbanización del sector, donde se prevén 1.470 viviendas. El Ayuntamiento ha cobrado ya seis de los ocho millones fijados en el convenio firmado en 2008.

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Las nuevas limitaciones impuestas por la Junta de Andalucía a la industria del ladrillo, impidiendo la construcción en la franja litoral de los municipios con sus planeamientos urbanísticos en revisión, toca de lleno la línea de flotación del megaproyecto residencial que la Casa Real de Arabia Saudí promueve en el municipio de Estepona. La intervención, cuyo plan de sectorización estaba a la espera de recibir aprobación definitiva, contempla la ejecución de alrededor de 1.470 viviendas y usos hoteleros de lujo, si bien ante el decreto autonómico se ciernen no pocas dudas sobre su desarrollo.

La incidencia de la última medida autonómica es mayor por cuanto, según precisaron fuentes municipales, los promotores de la iniciativa tenían ya reservados unos 12 millones de euros para acometer en un breve plazo, una vez cumplidos todos los trámites necesarios, las obras de urbanización del sector, de 590.000 metros cuadrados. Una fase que, según los cálculos dados a conocer en su día, se cuantificó en unos 18 millones de euros.

"El sector se ve afectado de lleno porque está incluido en la zona de al menos 500 metros de zona de influencia", confirmó la concejala de Urbanismo, Susana Arahuetes, para la que el decreto que presentó y aprobó el Gobierno andaluz la pasada semana "tiene unas consecuencias jurídicas tremendas y sobre todo económicas, porque ataca de lleno a la mayor fuente de ingresos de la industria andaluza, que es el turismo". "Genera inseguridad jurídica, porque un decreto de este calado, aprobado con urgencia, sin contar con los ayuntamientos, ahuyenta inversiones", sentenció.

Para Arahuetes, la afección es más que considerable, más aún si se tiene en cuenta el actual escenario de crisis económica y la alta tasa de desempleo del municipio. "Hablamos de un fondo de inversión de la casa real solvente, que apostaba por desarrollar este ámbito; este suelo es un ejemplo de otros tantos en los que el daño que se produce es tremendo", insistió la concejala, para al que es "indignante" que la Junta actúe en estos términos.

La posición del equipo de gobierno de Estepona no difiere un ápice de la manifestada en estos días por los dirigentes de los ayuntamientos costeros de la provincia de Málaga, la gran mayoría con el PP al frente de sus gobiernos locales. Arahuetes hizo hincapié en que el suelo sobre el que se asienta este proyecto de lujo está contemplado en el Plan General aún en vigor, que data de 1994. La responsable municipal, más allá de criticar el contenido del decreto, recordó que se trata de un terreno situado en una zona "desarrollada, porque todo alrededor es suelo urbano consolidado; podríamos incluso argumentar esa calificación, por estar rodeado de suelo plenamente desarrollado".

Pero la incertidumbre que pesa ahora sobre el proyecto se extiende de manera clara sobre el Ayuntamiento de la localidad, por cuanto la operación fue objeto de un convenio con la mercantil Asturion Fondation, vinculada a la familia real saudí en julio de 2008. En el citado acuerdo, la parte privada se comprometía al abono de hasta 8 millones de euros como compensación por el permiso de edificar en la parcela objeto de la actuación, conocida como Arroyo Saladillo.

De esta cuantía, el Consistorio ha percibido hasta la fecha seis millones, los dos últimos tras la aprobación provisional del plan de sectorización, estando ingresados para su uso como patrimonio municipal de suelo. Sin embargo, no todo el dinero recibido ha sido destinado al fin recogido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Al respecto, la edil de Urbanismo recordó que las primeras dos percepciones, que sumaron cuatro millones de euros, fueron recibidas por el entonces alcalde de la localidad, David Valadez (PSOE), que empleó el dinero en el pago de las nóminas de los trabajadores.

El interrogante que surge es si los promotores, ante el obstáculo encontrado en el camino del proyecto y ante un hipotético bloqueo total, acabarán por reclamar al Ayuntamiento la devolución de estas aportaciones. La edil confió en que ello no ocurra y apuntó la nula responsabilidad del Consistorio. "Nosotros hemos dado cumplimiento al convenio, no se nos puede achacar lo contrario; si la Junta dicta un decreto como este no podemos hacer nada; qué más quisiéramos poder desarrollar ese suelo, dada la proyección que tendría para la zona", expuso.

El decreto autonómico obliga a Estepona, así como a otros 88 municipios malagueños que siguen sin adaptar su planeamiento a la LOUA, en vigor desde finales de 2002, a acelerar el proceso de revisión. Una tarea nada sencilla desde el punto de vista administrativo y que, según los responsables municipales, se antoja más compleja aún "con una administración, la regional, poco colaboradora".

Sin embargo, la demora en la adecuación del documento urbanístico va en detrimento claro de estas localidades. Arahuetes expuso que, aunque la mirada está puesta fundamentalmente sobre el corredor de protección litoral, es decir, sobre los 500 metros de franja costera, el decreto va a más, puesto que impide el desarrollo del planeamiento vigente. Una circunstancia que, según la edil, toca de lleno a unas 12.000 viviendas programadas en la localidad. La actualización del PGOU de Estepona sólo llegó a la fase de avance.

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