Carlos Fernández, el concejal procesado en el caso Malaya prófugo desde hace 11 años, se ha entregado esta mañana a las autoridades de Argentina, país en el que estaba oculto. El hermano del huido ha confirmado que se puso en contacto con el Gobierno argentino, explicando cuál era su situación judicial en España. Esta mañana se encontraba ya en dependencias judiciales de ese país. 

La Interpol ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, que se encargó de investigar el caso Malaya, que el huido está en ese país. A partir de ahora el magistrado analizará si han prescrito los delitos por los que estaba en busca y captura desde 2006.

La entrega de Carlos Fernández tiene lugar después de que el titular del juzgado de instrucción número 5 de Marbella rechazara la personación de su hermano, el letrado Antonio Fernández, en el procedimiento por la corrupción político urbanística de Marbella, causa por la que estaba en busca y captura desde finales de junio de 2006. Esa decisión, después avalada por la Audiencia de Málaga, cerraba las puertas a instar la prescripción de los delitos por los que fue procesado en Malaya. La fórmula que han puesto en marcha para sortear este obstáculo ha sido entregarse y, a partir de ahí, promover la caducidad tanto de este procedimiento como de otros dos por los que otro juzgado ordenó también en 2006 y 2007 su busca y captura.

Carlos Fernández desapareció en junio de 2006, justo cuando la Policía trataba de detenerlo por su implicación en la corrupción de Marbella. En aquellos días comunicó que se encontraba recorriendo el Camino de Santiago, pero que volvería para ponerse a disposición de la autoridad judicial. La promesa nunca la cumplió. Es más, puso pies en polvorosa y nunca más se ha vuelto a saber de él hasta ahora. Durante estos años se ha especulado con su escondite que se ha situado en Marruecos, Argentina e incluso Venezuela, pero nunca se encontró ninguna prueba en uno u otro sentido.

El exconcejal jugó un papel significativo en la última etapa del gilismo en Marbella. Como portavoz del grupo andalucista, llevó a su formación a pactar con los concejales afectos del GIL y con tres ediles socialistas para forjar la moción de cesnura que desalojó a Julián Muñoz de la Alcaldía. El auto de procesamiento dicado en su momento por el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, recogía que había recibido sobornos cuantiosos del poderoso asesor de urbanismo del GIL, Juan Antonio Roca.