La adolescencia es un momento de crecimiento personal marcado por la inestabilidad en el que es fácil que de la gamberrada se dé paso al delito. Ante la fragilidad de ese límite, cuando este se traspasa hay que actuar judicial y administrativamente. En función de la gravedad, con internamiento, pero si no es necesario, la receta con mayor nivel de éxito son las medidas judiciales que obligan al menor infractor a prestar servicios en beneficio de la comunidad. La prueba: el 90% de los 2.280 chicos y chicas que pasaron por esta experiencia en 2009 no vuelven a reincidir, según datos de la Consejería de Gobernación y Justicia.

Esta cifra tan alentadora no hay que achacarla a lo moldeable que se puede ser entre los 14 y los 18 años tras haber estado limpiando los grafitis que un día pintaron ellos mismos u otros, cuidando a enfermos de las unidades de lesiones medulares después de provocar un accidente de tráfico o atendiendo a indigentes y ancianos. Detrás hay un esfuerzo colectivo en el que entran en juego muchos actores. La Junta, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones, tiene equipos multidisciplinares que trabajan desde el minuto uno en el que la sentencia está dictada. Y no se trata solamente de imponer una tarea a desempeñar, controlar su cumplimiento y emitir un dictamen final que se presentará al juez.

"El proceso es más complejo, individualizado y sensible con las necesidades del menor", explica la directora general de Justicia Juvenil de esta Consejería, Carmen Belinchón, que aclara que el objetivo no es mimar al menor, sino que éste se sienta responsable del daño causado, tal y como marca la Ley de responsabilidad penal del menor, que cumple ahora diez años bajo la lupa. Para ello, se les reeduca y se les marcan esos límites que hasta ahora ignoraban, pero también se busca llegar a los porqués de su comportamiento en su familia y en su entorno social. "Nadie nace delincuente", asegura Belinchón, que defiende que la mejor forma de afrontar estos casos, es que "el menor nunca se percate de que por determinados factores su conducta está justificada, porque si no tarda más en percibir el error".

El resultado, por lo general, es positivo, porque la medida ha sido directamente acordada con el juez, y porque al final del proceso saben que tienen una nueva oportunidad. Como resume Belinchón, el mecanismo marcha porque responde a un modelo de justicia preventiva: evita que ese menor que hoy comete una falta o un delito se forje una trayectoria que le convierta años más tarde en carne de presidio. Y a esto se añade otra utilidad social: demuestra que la foto fija de los adolescentes de hoy en día es que estos no son ni más ni menos violentos que antes, "ni se les puede estigmatizar cada vez que salten a la opinión pública hechos dramáticos puntuales", defiende.

Después del eslabón judicial y de la administración, la siguiente pieza del engranaje son los técnicos encargados de que todo llegue a buen término. El primer paso es trazar el perfil del menor mediante una entrevista y después, como explica la responsable del programa en la asociación de Intervención con Menores en Riesgo Social (Imeris) de Granada, María José Díaz, "se buscan las alternativas adecuadas para que restituya el daño que provocó y, sobre todo, se le hace partícipe de la decisión sobre en qué pueden funcionar mejor -muchos se sorprenden porque creen que lo único que se les va a encomendar son tareas de limpieza o cuidado de jardines-". Algo sencillo esto último, pero que "les refuerza su autoestima, donde reside buena parte de los problemas que llevan a estas conductas delictivas", apunta Díaz. A esto se suma el trabajo con la familia del menor.

Y la medida funciona. La sensación que tienen de ser "útiles" y de que "no se les ha dado la espalda", según Díaz, les motiva a dar un giro a sus vidas, y evita en un altísimo porcentaje la reincidencia. Lo corrobora en que tras el informe final que se presenta al juez, son muy raros los casos de quienes pasan más veces por sus manos.

Donde mejor se puede comprobar que esto es así es en los pueblos pequeños. Por el centro Guadalinfo de Espera (Cádiz), una población de tan sólo 4.000 habitantes, ya han pasado muchos chicos del pueblo y ninguno repite. El responsable del centro, Germán Mancheño, confirma que la medida es efectiva y satisfactoria: porque aprenden algo nuevo y después son ellos quienes enseñan. "Suelen llegar con un nivel muy bajo y tras un curso de formación, se les anima a participar en la actualización de la página de Guadalinfo y a ayudar en la atención a los usuarios del centro. Al principio les cuesta relacionarse con los demás, pero luego se van soltando. Avanzan mucho en lo personal, porque se dan cuenta de que no están perdiendo el tiempo cuidando un jardín del pueblo y porque saben tienen entre manos algo que les va a servir de mucho más: devuelven un favor y reparan lo que han hecho a la sociedad y se abren la puerta a un futuro mejor", explica Mancheño.