Un único contenedor en el que caben 500.000 cajetillas de tabaco, distribuidas en 1.000 cajas, vendido en el mercado ilegal ya supone un perjuicio de casi dos millones de euros para Hacienda. El comercio ilícito de tabaco es "una lacra para la sociedad". Y éste ha sido precisamente el título elegido para la jornada técnica que el Grupo Joly y el Diario de Cádiz, con el patrocinio de Altadis, celebró ayer en Cádiz, la tercera provincia española, tras Lérida y Barcelona, y la primera de Andalucía donde se requisa una mayor cantidad de tabaco de contrabando, y en su Palacio e Congresos, la antigua sede de Tabacalera.

Fue una jornada intensa, de sorprendentes descubrimientos de hasta dónde llega el ingenio de los contrabandistas para tratar de colar el tabaco negro; de la entrada en el negocio ilegal de cada vez más personas, que montan encima de un estanco un paraestanco en el quinto piso donde venden a mitad de precio; de los graves perjuicios no sólo para el bolsillo y la economía, sino también para la salud pública que entraña la puesta en el mercado de estos cigarrillos sin control alguno; de los esfuerzos que sector y Fuerzas de Seguridad hacen a diario para atajar una problemática en la que, en Cádiz, son pioneros, al haber logrado que los jueces por fin autoricen escuchas telefónicas y registros domiciliarios de contrabandistas, y de los negros nubarrones que se ciernen sobre empresarios y estanqueros.

No sólo por la reforma de la antigua Ley de Contrabando del 95 del pasado año, que elevó de 6.000 a 15.000 euros el valor del tabaco requisado para ser delito, calificada por responsables de Altadis como "un brindis al sol", sino también por la reciente subida del IVA, que ha elevado aún más los impuestos especiales sobre las labores de tabaco, y la normativa europea en ciernes, que aboga por el paquete genérico, que vaticinan, puede terminar dando la puntilla al sector, alentando aún más un contrabando ilegal que tiene en la crisis y en la tolerancia social sus principales caldos de cultivo.

El director general del Grupo Joly, Tomás Valiente, inauguró la jornada, organizada con el objetivo de lograr una mayor concienciación social del problema, acompañado por el director de Asuntos Corporativos de Altadis, Jaime Gil-Robles, quien lamentó que hay mucho empleo en juego (1.500 personas y 5.000 trabajadores indirectos) y que el sector ha estado hasta ahora "huérfano de apoyo político", y por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que alertó de las "terribles disfunciones" que provoca en la economía el dinero negro del contrabando de tabaco.