El pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos del PSOE, las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP e IU al proyecto de ley de presupuestos andaluces para 2009, por lo que el texto continúa su trámite parlamentario para su debate en comisión.

En un debate que se prolongó durante casi cuatro horas, la oposición justificó sus enmiendas, que fueron rechazadas con los 56 votos del PSOE frente a los 51 de PP e IU, en que las cuentas de la comunidad para 2099 -que ascienden a 33.764 millones de euros-, no combaten la crisis económica.

Una vez rechazadas las enmiendas a la totalidad, el proyecto de ley de presupuestos pasará a la comisión parlamentaria de Economía y Hacienda, donde en los próximos días comparecerán los agentes sociales, y finalmente serán aprobados en el último pleno del actual periodo de sesiones que se celebrará el 22 y 23 de diciembre.

En defensa de los presupuestos, el vicepresidente económico y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha asegurado que son un instrumento para afrontar del desafío del desempleo, recuperar el crecimiento económico y proteger a los andaluces afectados por la crisis.

El vicepresidente económico ha indicado que se aplicarán en un contexto de fuerte reducción del crecimiento económico y aumento del desempleo, lo que le llevó a sostener que en "pocas ocasiones" se ha elaborado un presupuesto con "tantas" incertidumbres.

Griñán ha fijado el crecimiento real de la economía andaluza en el 1 por ciento y se ha mostrado convencido de que se cumplirán la previsiones de ingresos, al tiempo que la Junta pretende aumentar la demanda total a través del gasto público, de forma que el total de ingresos aumenta el 5,6 por ciento hasta los 33.764 millones.

Por el contrario, el presidente del PP-A, Javier Arenas, ha asegurado que el proyecto de ley de los presupuestos andaluces para 2009 supone "una oportunidad perdida para que la sociedad recupere la confianza" en un momento de crisis, y ha añadido que con estas cuentas "se acabó el cuento de la Segunda Modernización".

En su intervención para defender la enmienda a la totalidad de su grupo al proyecto de ley, Arenas ha señalado que a partir de la presentación del proyecto de ley de presupuestos, el discurso de investidura de Manuel Chaves, es "papel mojado y agua de borrajas", ya que se trata de un texto que está al servicio "de la burocracia, el despilfarro y no plantea medidas para las pymes y los autónomos".

Ha reiterado que el PP tiene una alternativa a las políticas del Gobierno regional basada en diez puntos que pasan por la puesta en marcha de un Plan Extraordinario de Empleo, de formación de parados y de competitividad para las pymes, y por un programa de austeridad que reduzca entre el 15 y el 20 por ciento el gasto corriente que no esté vinculado a la educación, sanidad y servicios sociales.

La puesta en marcha de una reforma fiscal que suprima el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que baje la fiscalidad vinculada a la vivienda y la creación de empleo, y convenios con entidades financieras para dar liquidez a las familias, las pymes y autónomos con controles parlamentarios, son otras propuestas del PP.

En defensa de la enmienda de IU, su portavoz de Economía, Pedro Vaquero, ha acusado a la Junta de elaborar unos presupuestos "falseando" las previsiones e ignorando que la crisis derivará en una recesión y más tarde en una depresión, por lo que ha urgido al Gobierno andaluz a aumentar su endeudamiento.

Vaquero ha criticado que el Gobierno regional haya elaborado unos presupuestos con la previsión de crecimiento de un 1 por ciento "porque lo más previsible es que tras la crisis venga una recesión, y después una depresión", situación que conllevará a que en 2009 se alcance el millón de parados en Andalucía, por lo que ha considerado que los presupuestos no pueden hacer frente a la crisis porque en ningún momento han sido elaborados con este escenario.

Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Manuel Gracia, ha asegurado que los presupuestos son "la respuesta" que, en el marco de las competencias de la comunidad autónoma, es posible dar para combatir las crisis económica, así como amortiguar y paliar sus efectos.