No hay tregua. Lo avisaron y están en ello. Trabajadores de la Junta en la administración general, Educación, Sanidad y Justicia, entre otros, se hacen ver y oír en la calle contra el plan de ajustes diseñado por el Ejecutivo andaluz y que afecta de manera directa a sus salarios, debido a los recortes. Ayer se celebraron numerosas concentraciones ante los centros de trabajo o frente a delegaciones de la Junta en varias provincias de la comunidad.

En Málaga, ochenta jefes de los hospitales Carlos Haya y el Clínico han firmado un documento en el que expresan su malestar por los recortes y piden a la Junta que los retire o al menos los reduzca "para que el impacto no sea tan brutal", informe Leonor García. Los firmantes son los máximos responsables de la organización de la actividad asistencial.

El documento propone aplicar los recortes, "si la apuesta de la consejería es mantener la calidad de la asistencia sanitaria", en entidades públicas "cuyo mantenimiento en esta época de penuria económica es más que discutible". Y cita, entre otras, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías.

La titular de Salud, María Jesús Montero, consideró "lógico" el rechazo a los recortes salariales, pero defendió que la medida es "la más progresista dentro del abanico de posibilidades". El Colegio de Médicos de Cádiz se sumó a la ofensiva contra el plan de ajuste porque "pone en serio riesgo la garantía de una óptima calidad asistencial" y denunció que "de nuevo recae sobre los profesionales el mayor coste de las medidas".

Por otro lado, varios centenares de trabajadores de la Junta se volvieron a concentrar ayer, convocados por CCOO y UGT, ante los centros de trabajo para expresar su rechazo por los recortes. Ambos sindicatos denunciaron que el Ejecutivo "sigue sin contactar con nosotros" por lo que las movilizaciones arreciarán dentro de un calendario ya establecido por las dos centrales. En Córdoba, funcionarios de Justicia se echaron a la calle para mostrar su oposición a lo que consideran "un grave atentado al Estado social y democrático de Derecho". También hubo movilizaciones de los funcionarios de Justicia en Huelva.

Mientras, CSIF-A ha superado las 50.000 firmas dentro de su campaña por la reducción en un 30% del salario de políticos, altos cargos y directivos de los entes instrumentales y por la supresión del 50% de los altos cargos en la Administración. El sindicato ha calificado de "éxito" la campaña.