La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que a partir del próximo 13 de diciembre celebrará el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, ha admitido todas las pruebas solicitadas por la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, y en concreto que se requiera a la Junta de Andalucía los "expedientes de reintegro" de las ayudas, al considerar la defensa que se trata de una prueba "muy importante para acotar la cuantía del supuesto fraude".

En un auto, los magistrados han accedido a las peticiones del abogado José María Mohedano, al estimar que está "justificada la necesidad" de obtener estas pruebas mediante el auxilio judicial. Así, la Sección Primera ha acordado solicitar a la Consejería de Empleo que aporte los "expedientes de reintegro a beneficiarios de pólizas, pólizas novadas y pólizas pendientes de novación", dado que según argumentaba la defensa al tratarse de una "documentación pura y dura de carácter interno que al afectar a terceros no puede ser entregada a un particular".

El letrado de Griñán solicitó un detalle de los expedientes de reintegro a beneficiarios de pólizas de renta "financiadas total o parcialmente por la Junta de Andalucía" desde 2010, con indicación de la empresa, fecha de incorporación a la póliza, cantidad reclamada, y "tipo de irregularidad por la que se le reclaman las cantidades percibidas". También pidió y así lo ha aprobado el tribunal que se reclame la información de las pólizas novadas en cumplimento de lo dispuesto en el Decreto ley 4/2012 -de regularización de las ayudas-, con indicación de la cantidad que se había abonado con anterioridad, importe de los gastos abonados en concepto de gastos de adquisición e intermediación y el importe descontado del precio de la novación por exceso de estos gastos por encima del 2,6 %.

La Sala accede igualmente a que se dirija un oficio a la Consejería de Hacienda y de Administración Pública de la Junta para que remita a la Sala "copia de los oficios de remisión al titular de la Consejería de Hacienda de los informes de Actuación elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) sobre entes públicos, así como copia de dichos informes, desde el años 2000 hasta el 2013, con especial mención al informe de actuaciones sobre el Hospital de Poniente de El Ejido".

De otro lado, la Audiencia ha rechazado la petición de suspensión del juicio que planteó el nuevo abogado defensor del ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García, aunque ha accedido a que su declaración en el juicio se traslade al último lugarpara que tenga más tiempo para preparar su defensa.

En una providencia, el tribunal señala que no procede la suspensión del juicio "teniendo en cuenta la complejidad de la causa, la dificultad de encontrar una fecha en la que los numerosos letrados intervinientes no tuvieran otros señalamientos, el elevado número de acusados, testigos, peritos y prueba documental". Y añade que el "derecho de defensa se puede garantizar sin necesidad de suspender el señalamiento"de la vista oral y evitar "dilaciones indebidas" en el procedimiento.