Una de vaqueros

  • La Consejería de Medio Ambiente cree que tiene margen para actuar en la promoción de Valdevaqueros, aunque su plan parcial se ha venido tramitando durante años

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Una de las repercusiones no estudiadas hasta ahora de la burbuja inmobiliaria es la sordera que produce con su inesperado estallido. En algunos casos se ha llegado a diagnosticar una extraña ceguera. Después de comprobar que los precios de las viviendas no escalan hasta el infinito; que los errores de los promotores y los particulares al creer en esta suerte de  ilusión inagotable se convierten en créditos fallidos de los bancos y de las cajas, y que estos últimos, cuando ya están infectados por esta orgía de la bonanza interminable, deben  ser nacionalizados, lo que provoca, a su vez, el riesgo de la intervención del país; después, de todo esto -es decir, de la crisis inmobiliaria y financiera- el Ayuntamiento de Tarifa acaba de aprobar la urbanización de unos terrenos aledaños a la ensenada de Valdevaqueros, donde se prevén construir 350 apartamentos y 1.400 plazas hoteleras. Tarifa está gobernado por Juan Andrés Gil, del PP, pero contó con el apoyo del PSOE para sacar adelante el plan parcial después de que la Junta diese el visto bueno a un proyecto que arranca del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1991. Sí, de 1991, una absoluta anacronía urbanística, porque 21 años después se importa al presente un modelo en el que la costa era, simplemente, la arena y el dominio público, pero no el ámbito litoral, que es un concepto más amplio. Por cierto: ¿en qué consistió, entonces, la adaptación de este PGOU noventino a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA) de 2010, que prohíbe la construcción de residenciales lejanos a los cascos urbanos?

Volvamos a Tarifa. En 1999 también era alcalde Juan Andrés Gil, pero no era del PP, sino de IU. Sí de IU. Fue el único concejal que obtuvo la formación de izquierdas en esas elecciones municipales, pero los populares le votaron para que no gobernasen los socialistas. Gil fue expulsado de IU de inmediato, pero siguió de alcalde y, finalmente, se incorporó al TAIP, un grupo independiente tarifeño de los que proliferó durante el boom inmobiliario. Posteriormente, en el año 2007, este regidor se presentó bajo las siglas del PP, aunque no consiguió ganar: sí lo hizo en las elecciones locales del año pasado. Es lógico que al lector le resulte complejo comprender su trayectoria política, tan intrincada como el transcurso de la crisis económica, pero fue así. Con un detalle: antes de IU, estaba en el PA.

Cuando Gil gobernó en 1999, dio licencias para construir junto a otra playa de Tarifa: en la de Atlanterra. Son bloques de edificios, propios de los años setenta, que siguen allí, frente de  una de las franjas costeras más sugerentes del litoral andaluz. También en aquella ocasión, la Junta no apreció ninguna ilegalidad. Pero, al principio; hasta que unas denuncias de unos vecinos hizo pronunciarse al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA): una sentencia de 1998 aclaró que aquellos suelos eran urbanizables, por lo que necesitaban de unos planes parciales y unas dotaciones de servicios para comenzarlos a urbanizar, y así se lo advirtió al Ayuntamiento en un auto de noviembre de 2000. Le ahorro la historia: la Junta, presionada por grupos conservacionistas, por los vecinos de Zahara y por los medios de comunicación, quiso solucionar lo irresoluble. Los pisos -casi una barriada- ya estaban levantados, y el TSJA juzgó que derribarlos causaría un mal mayor a los cientos de compradores que a la ordenación territorial.

Pues sí, 21 años después, Juan Andrés Gil, que es una suerte de franquicia del PP para ganar las elecciones, pero  al que tampoco le tienen demasiada estima, activa el PGOU de 1991, y esta vez -sí- aprueba el plan parcial que le permitirá construir al grupo GDP esta urbanización junto a Valdevaqueros. No en la misma playa ni en la inmensa duna que corona la curva de la ensenada, pero sí al otro lado de la carretera. Todo legal, se apresuró al declarar la delegada de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, Silvia López. En efecto, legal, porque la Junta ha no supervisado el proyecto durante meses, sino años; lo acotó -estaban previstas 2.224 viviendas- y, finalmente, dio el visto bueno siempre que se cumplieran una serie de condicionantes: por ejemplo, que hubiera agua disponible para la urbanización.

El caso citado de Atlanterra, el del año 2000, y algunos movimientos especulativos muy oscuros, algunos de ellos de capitales gibraltareños, motivaron que la Junta declarara gran parte del litoral tarifeño como parque natural del Estrecho, pero  -claro- siempre hay huecos, y uno de ellos son estas 71,6 hectáreas del plan parcial de Valdevaqueros, en las que el residencial -apartamentos- ocupará 16,5 y los hoteles, 14,6. Esto lleva a una reflexión, que es de suponer que es la que se ha instalado en la nueva Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que ahora dirige Luis Planas, con competencias sobre la ordenación del territorio: ¿Todo el litoral debe ser urbanizado a excepción de aquellas franjas que hayan sido declaradas protegidas?

En el nuevo Gobierno de Griñán andan descolocados por algo que nadie parecía conocer, aunque  Medio Ambiente aún tiene algo de margen para maniobrar si, después de la crisis inmobiliaria, están realmente convencida de que este modelo de construir más apartamentos cuando hay promociones sin vender en el municipio hay que reconsiderarlo. Quizás Tarifa necesite hoteles, pero, por ejemplo: ¿Está, realmente, asegurada la disponibilidad de agua para la urbanización o pasará como en Atlanterra, donde hubo que traerla de otro municipio? ¿Está bien medido el impacto de esta población estacional y volante en las playas protegidas?  Y una más: se supone que la empresa GMT entregará los proyectos al Ayuntamiento tarifeño, aunque quizás no se demore tanto como en El Palmar, otra bella playa pero en la cercana Vejer, donde también posee una parcela para construir un hotel desde hace tres años. Será una inversión a largo plazo, para cuando cambie el ciclo o fluya el crédito. GMT, y así figura en su página web, también puso en marcha un polígono en Alhendín, en Granada. Allí, el PP tuvo que echar al alcalde José Guerrero y tres ediles más cuando estalló el caso judicial del mismo nombre; caso aún no juzgado pero donde entre los imputados hay algunos empresarios de  Tarje, ligada a GMT.

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