El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Carboneras un plazo que expira dentro de cinco días (hasta el próximo día 10) para que declaren como "no urbanizable" el suelo sobre el que se levanta el hotel de la playa del Algarrobico. La resolución sigue la doctrina marcada por el Tribunal Supremo, que el pasado mes de septiembre declaró que la zona debe estar amparada por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 en lugar del de 2008 por garantizar el primero de ellos un mayor nivel de protección.

Las dos administraciones, local y autonómica, deberán acreditar en el plazo marcado, la "adopción de medidas" para restablecer a la zona el nivel de protección que tenía en 1994, es decir, calificarlo como "espacio protegido no urbanizable". El requerimiento tiene lugar como consecuencia de un escrito dictado por la organización ecologista Greenpeace, que informaba tanto al TSJA como al Supremo, de los "incumplimientos reiterados" sobre los pronunciamientos de ambos órganos jurídicos.

Al hotel, por lo tanto, le queda ese tiempo (cinco días) para estar considerado como un edificio ilegal por estar construido en suelo no urbanizable. El camino que parece inexorable hacia la demolición se encuentra ahora más allanado.

El TSJA continúa la senda marcada por el Supremo, quien en un fallo demoledor para los intereses de la promotora Azata del Sol, aseguraba que de continuar amparando la construcción del hotel dentro de los límites de protección determinados por el PORN de 2008 se produciría "un efecto devastador en la zona".

Asimismo, la propia doctrina del Alto Tribunal Andaluz en marzo de 2009 apunta que "el interés público en proteger el medio físico es el que aconseja la suspensión del PORN de 2008", ya que la zona "queda mejor amparada" por la legislación de 1994.

El destino del hotel de 411 habitaciones parece sentenciado, a pesar de que contra el fallo cabe un recurso de casación, que al parecer va a interponer el Ayuntamiento de Carboneras. De hecho, ayer mismo el primer edil de la localidad, Salvador Hernández, quien criticó a la Junta de Andalucía por no haber puesto en marcha "los controles urbanísticos previos a la construcción del hotel de 20 plantas" e insistió en que la postura del equipo de Gobierno "apuesta por la apertura del hotel", algo que quedó demostrado por la negativa a ejecutar la sentencia que declaró nula la licencia de obras por los "daños irreparables que podía causar a la promotora, Azata del Sol".

La otra parte implicada en el cumplimiento de la resolución del TSJA, la Junta de Andalucía, se pronunció ayer en un comunicado, en el que se aseguró que se iba a "poner en manos de los tribunales, toda la información requerida y en el plazo marcado", a la vez que insistió en que su único interés es "recuperar la zona", al mismo tiempo que "respetar un procedimiento que permita alcanzar este objetivo con la totalidad de garantías jurídicas". La Consejería firmó a finales del año pasado un protocolo de actuación con el Gobierno para la regeneración de la playa.