El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado que la comisión parlamentaria que investigará los ERE fraudulentos se aprobará "en el próximo pleno del Parlamento andaluz". Valderas, en una entrevista en la Cadena Ser, ha dicho que "hay una alarma social, una fuerte respuesta al dinero que se le da a Bankia sin exigir responsabilidades, y el PP no se sonroja solicitando con tanta urgencia la comisión de los ERE en el Parlamento andaluz, que verá la luz en el próximo pleno con casi toda seguridad, y si no en el siguiente, y luego se nieguen a la comisión investigadora de Bankia".

Sobre las declaraciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de que el Gobierno central ha pedido "aclaraciones oficiales" a la Junta de Andalucía sobre su decisión de retrasar la aprobación de su plan de ajuste, Valderas le ha acusado de crear "una situación de amenaza, de doble vara de medir, de una obsesión del Gobierno de España de intervenir Andalucía, de limitar nuestra soberanía". "No comparto los imperativos ni las imposiciones de unos Presupuestos Generales del Estado que juegan contra Andalucía. Ya está bien. Hasta aquí hemos llegado", y ha añadido: "Que no traten de limitar nuestra autonomía por la puerta de atrás el título VIII de las Constitución". "Habrá que reeditar un nuevo 28F si el Gobierno de España sigue atacando a Andalucía", ha advertido Valderas.

Sobre la posibilidad de que la Iglesia Católica pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el también coordinador general de IU en Andalucía ha señalado que "hay que repartir mejor, desde los de arriba hacia los de abajo, por eso estoy de acuerdo con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, de que el IBI lo tiene que pagar todo el mundo incluida la Iglesia, me alineo con Chamizo. Toda la fiscalidad al servicio del interés general".

Valderas citó tres elementos de la acción de gobierno para hacer frente a la crisis: "Hay que saber repartir mejor, priorizar el gasto y tomar las decisiones de forma participada con la sociedad", salidas "nuevas" a la situación de crisis "para que no recaiga sobre la parte más débil de la sociedad. Y esto hay que ponerlo en valor por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Sobre el recorte a los funcionarios y empleados públicos dijo que había que entenderlos explicando "los elementos y límites de los gestos de solidaridad del conjunto de los empleados públicos desde la propia ejemplaridad del Gobierno y de los altos cargos de la Junta, y ahí debe estar el mayor nivel de ejemplaridad". "No es aceptable el recorte imposición de los PGE a nuestra comunidad autónoma, el maltrato de los PGE a Andalucía, por lo que hay que preservar el empleo como una línea roja fundamental", ha comentado. Para ello, "hay que buscar escenarios de diálogo y compromisos. Y revertir los derechos en el momento en que Andalucía supere la crisis. Los que se sacrifican deben recuperar los derechos que les limita ese sacrificio".