Andalucía

La Junta activa un plan por 60 millones para parados y mujeres maltratadas

  • Los presupuestos andaluces recogen esta medida con sello de IU, que estará vinculada al empleo y la formación, y no sustituye al salario social. El PP lo rechaza porque los intermediarios son los ayuntamientos.

El Gobierno andaluz sabe que tiene en sus presupuestos para 2013 la ocasión de oro para demostrar con números la capacidad del bipartito de PSOE e IU de hacer una cuentas sociales, frente a los recién aprobados Presupuestos Generales del Estado, que consideran sólo miran a "la banca, las sociedades anónimas y las grandes fortunas y no al ciudadano". El primer paso en esa dirección es que en las cuentas del próximo ejercicio habrá una partida de 60 millones para un plan extraordinario de acción social para parados de larga duración y mujeres en riesgo de exclusión social por su condición de víctimas de violencia de género, según anunció ayer el Parlamento el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.

El plan no será un sustituto del salario social, que seguirá vigente -oscila entre los 392 y 633 euros mensuales durante un semestre-, sino que vendrá a ser una ayuda vinculada al empleo y la formación, es decir, sería un programa similar al antiguo Proteja, aunque el campo de actuación sería mucho más amplio, ya que éste estuvo dedicado en exclusiva al sector de la construcción -fue la versión andaluza del Plan E y permitía la obtención de un salario-beca de 516 euros -. Para canalizarlo, la Junta tendrá que tirar de los ayuntamientos, al ser estos la primera administración a la que acuden los ciudadanos para pedir auxilio social, de manera, que transferirá los recursos a estos. De ahí que todo apunte a que, como ya sucedió con el Proteja, su gestión recaiga en la Consejería de Administración Local que capitanea Diego Valderas.

Aunque el anuncio de este programa le correspondió a Griñán, la idea tiene el sello de IU. Hace una semana ya puso sobre la mesa la necesidad de que en estos presupuestos hubiera una renta de "subsistencia" para los parados de larga duración y aquellas unidades familiares que tuvieran a todos sus miembros en paro. La negociación con el PSOE se ha concretado en este plan, que no deja de ser un sucedáneo de la renta básica, uno de los caballos de batalla de IU y punto clave en el pacto de gobierno con los socialistas. Conocedores de que la realidad económica para esta legislatura dificulta o deja casi papel mojado la posibilidad de que en Andalucía se instaure esta ayuda social, en el documento que los dos partidos suscribieron en abril se comprometieron a la creación de un grupo de trabajo para analizar la legislación autonómica -sólo tienen renta básica País Vasco y Navarra- e internacional para fijar las condiciones de una futura ley.

Los 60 millones de este plan de acción social se sumarán, por tanto, a los más de 60 millones que de media en los últimos años se está destinando al salario social -lleva activado desde 1990-, pero no serán la única herramienta presupuestaria para la lucha contra la exclusión y, sobre todo, el paro. IU también ha querido marcar para las próximas cuentas el mantenimiento del plan de choque que se puso en marcha en julio -200 millones para el plan OLA y de rehabilitación de vivienda, y un plan forestal- y que se amplíe con un plan de mantenimiento de carreteras para rescatar las pymes de la construcción, como explicó su portavoz parlamentario, José Antonio Castro. Pero esto último está aún en fase de negociación y queda poco margen. Porque todo indica que los presupuestos se presentarán en el Consejo de Gobierno del próximo martes, porque Griñán ya se anticipó matizando que se hará "en la medida de lo posible" y porque tiene en mente una reconversión del sector de la construcción similar al industrial.

De entrada, el plan extraordinario de acción social cuenta con el rechazo del PP. Su presidente regional, Juan Ignacio Zoido, puso en cuestión la medida por implicar a los ayuntamientos. "Usted invita , pero los ayuntamientos son los que pagan", respondió a la petición de apoyo de Griñán, que también le instó a que se sumara a la reclamación al Gobierno central de un mejor reparto del déficit y de un plan de empleo como el que tienen otras comunidades del PP.

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