A pesar de que el Supremo -y previamente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- anuló el Programa de Calidad y mejora de los Rendimientos escolares en los centros públicos, que contemplaba primas a los profesores -por número de aprobados, entre otros criterios- de hasta 7.000 euros de máximo en cuatro años, y una vez que la propia Junta de Andalucía anunció a final de 2012 que eliminaba estos incentivos, entre otros argumento, por el contexto de crisis económica, la Consejería de Educación seguirá sufragando los derechos de este plan a aquellos profesores cuyos centros ya se hayan adherido a la medida, es decir, hasta 2016.

Tal fue el compromiso mostrado por la consejera Mar Moreno en la Mesa Sectorial de Educación que reunió ayer a la Junta y a los representantes de los sindicatos que hoy se dará por concluida. No habrá por tanto nuevas incorporaciones al plan, pero sí se consignará una partida específica cuatro años más para los centros beneficiarios. Entre ellos, los 287 colegios de Infantil y Primaria y los institutos de Secundaria, que ayer se sumaron a este programa según recoge el BOJA, y cuyo trámite se resolvió el 21 de diciembre, paradójicamente, un día antes de que Mar Moreno diera por paralizado el sistema de primas. En concreto, se trata de 33 centros de la provincia de Almería, 33 en Cádiz, 20 en Córdoba, 44 en Granada, 17 en Huelva, 44 en Jaén, 41 en Almería y 55 en Sevilla.

Así, y según cifras facilitadas por CCOO, unos 51.000 docentes (el 50% de la plantilla educativa en Andalucía) seguirán sumando a su salario base una extra anual que va desde los 600 euros del primer curso a los 3.400 del cuarto y último curso al que da derecho este programa que, desde su nacimiento en 2007, viene recibiendo una fuerte contestación pública.

Y si bien la postura de Educación parece firme en este compromiso, no lo es así en cuanto a poner solución al endémico déficit de plantilla que sufre la comunidad para "cumplir lo mínimo exigible por ley" en palabras de José Blanco, portavoz en materia de Enseñanza de Comisiones Obreras en Andalucía. El sindicato llevó ayer a la reunión la petición de un nuevo marco regulador sobre el profesorado interino, un sector que este año sufre la pérdida de contratos de unos 4.500 profesionales. Entre otros aspectos, este sindicato solicitó "una mayor agilidad para cubrir las bajas del profesorado", de modo que en todos los casos a partir del día 10 de la ausencia de un docente, mínimo exigido por el Real Decreto del Gobierno central, esté ya contratado un sustituto, así como que se "facilite" la oferta de empleo público, para mermar el impacto del incremento de dos horas lectivas (de 18 a 20).

La Junta, sin embargo, habría mostrado un mayor interés a la petición sindical de que "la renuncia a una plaza no sea motivo de expulsión", por estar trabajando en una empresa privada o por disponibilidad geográfica, ya que, sostienen, existe una amplia bolsa de interinos en espera. Por último, se pidió la "revisión" de los costes de varios programas en beneficio del aumento y estabilidad de la plantilla.

No en vano ésta fue una de las razones dadas en diciembre por Mar Moreno sentenciar el Plan de Calidad. Y, a la postre, una reivindación esgrimida por colectivos como la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Andalucía (Ustea), es decir, que el dinero resultante del ahorro del plan se destine a la contratación de profesorado. Medida que no parece abordarse a corto plazo.