Los frentes que tiene abiertos la Consejería de Educación han acaparado muchos titulares las últimas semanas. Desde el freno a la concertación de aulas hasta la precariedad económica con la que se mantienen los centros, la política educativa llevada a cabo por la Junta se ha visto salpicada de continuas polémicas, una tensión avivada desde que Mar Moreno es la responsable de esta cartera. A ello se une la continua confrontación con el Gobierno central por motivos más ideológicos que educativos.

Algunos de estos frentes vienen de lejos, incluso, los hay que fueron marcados por la propia Moreno cuando dirigió este departamento el pasado mandato. Tal es el caso de la negativa a renovar los conciertos a los 12 centros andaluces que admiten en sus aulas a alumnos de un solo sexo: Campomar, en Aguadulce (Almería); Torrealba, en Almodóvar del Río (Córdoba); Zalima y Yucatal, los dos en Córdoba; El Soto, en Chaucín (Granada); El Cható, en Brenes (Sevilla); Nuestra Señora de Lourdes, en Carmona (Sevilla); El Molino Azul, en Lora del Río (Sevilla); y Albaydar, Altair, Ribamar y Ángela Guerrero, en la capital hispalense.

La Consejería de Educación se valió para refrendar su negativa en el fallo del Supremo que el verano pasado aceptaba el recurso de la Administración autonómica contra la sentencia del TSJA que permitió en 2009 al centro El Cható continuar recibiendo ayudas. Esta decisión se ampara ahora, además, en los tres recientes fallos del Supremo dados a conocer el viernes en la que el Alto Tribunal avala la decisión de la consejería de no renovar los conciertos en base a la ley que restringe este tipo de acuerdo para la enseñanza diferenciada.

La política de concertación no ha sido motivo de polémica sólo por este asunto. A principios de año se supo que el departamento que dirige Mar Moreno iba a seguir unos criterios más restrictivos a la hora de sufragar con dinero público a colegios privados. Este cambio obedece a uno de los pactos del nuevo gobierno formado por IU y PSOE con el que se quiere hacer frente a la supuesta defensa que desde Madrid se hace de la enseñanza privada en "detrimento" de la pública. Tal decisión ha provocado la reacción de patronales, padres y sindicatos que exigen que la concertación se mantenga tal cual para evitar el cierre de centros y la pérdida de puestos de trabajo.

Educación, por su parte, se ha limitado a asegurar que los criterios para esta política seguirán siendo estrictamente demográficos (sin mencionar en ningún momento la condición de que un colegio tenga más demanda que otro) y que en el caso de que la escolarización vaya a reducirse en alguna zona, las aulas disminuirán "por igual" entre las concertadas y las públicas.

La confrontación con el Gobierno central en materia educativa también se ha evidenciado en la guerra abierta que Mar Moreno mantiene con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, por la nueva ley que ha presentado y que desde el primer momento provocó la oposición del Ejecutivo regional. Tras varias reuniones la situación sigue casi igual de enquistada. El Gobierno andaluz considera que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) representa un ataque a la enseñanza pública y conlleva a la creación de "élites" entre los alumnos. A esta tendencia obedece la recuperación de Educación para la Ciudadanía (EpC), una asignatura creada en la era de Zapatero y cuya vuelta ha sido aplaudida por los padres de los alumnos de la educación pública y muy criticada por los de la concertada. Por cierto, los últimos días ha trascendido que la polémica reforma de Wert no se aplicará hasta la próxima legislatura.

Los sindicatos de enseñanza también han mostrado su disconformidad con varias de las medidas tomadas por la consejera. Uno de los puntos más criticados ha sido la reducción de personal interino de las aulas -especialmente en Secundaria-, una medida tomada a raíz del plan de ajuste del Gobierno y contra la que las centrales exigieron al Ejecutivo andaluz que aplicara otras alternativas. Los sindicatos, de igual modo, rechazan el reciente Plan Plurianual de Evaluación al considerar que establecerá un ranking de centros y profesorado con efectos "perversos". Este modelo de evaluación generó las críticas de los inspectores públicos, que estimaban que invadía sus competencias.

Un plan que se crea y otro que se retira: el de la Calidad y Mejora en los resultados educativos, que tras casi cinco años de división y sentencias judiciales en contra toca a su fin. Eso sí, los incentivos a los docentes que lo desarrollan se mantendrán hasta 2016, pese a la crisis.

Pero si hay un problema que ha caracterizado estos meses la gestión de Moreno ha sido el de la falta de liquidez en la Administración, que ha provocado la asfixia económica de las guarderías y deja sin recursos a los institutos para hacer frente a sus gastos de mantenimiento. Espejos de la realidad social.

1.-Escolarización: El bipartito pone freno a la política de concertación

La actual composición del Gobierno andaluz está detrás de la nueva política que la Consejería de Educación quiere aplicar a la hora de concertar unidades (aulas). Hasta ahora la Junta estaba subvencionando a centros de titularidad privada debido a la demanda existente en muchas zonas donde la oferta pública no era suficiente. Ésta es la razón de que se haya aplicado un modelo al que ahora el nuevo socio de gobierno, IU, quiere poner freno al entender que en época de carestía la enseñanza pública no debe ser la única que se "sacrifique" en cuanto al cierre de aulas. El nuevo modelo obedece a uno de los acuerdos previos al pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones la pasada primavera y que ha salido a la palestra justo cuando este mes se ha abierto el plazo para renovar los conciertos, que tienen una duración de cuatro años. Más allá del debate político, el departamento que dirige Mar Moreno sólo ha precisado que dicho trámite se regirá por razones demográficas (sin mencionar el tipo de demanda), y que en el caso de que en una zona se prevea una bajada de la escolarización tendrá que reducirse el número de aulas "a partes iguales" entre la concertada y la pública. Las patronales de la enseñanza advierten que acudirán a los tribunales si se retiran conciertos, una ayuda sin la cual muchos centros están abocados al cierre.

2.-Conciertos: La educación diferenciada no recibirá ayudas

El intento por suprimir ayudas públicas a los colegios que separan por sexo fue un objetivo que ya marcó Mar Moreno cuando dirigió Educación la pasada legislatura. Este frente con la educación diferenciada no es nuevo. Lo abrió el consejero Manuel Pezzi en 2002 cuando estableció que no se concertaría ningún centro cuyo alumnado fuera de un único sexo. La limitación acabó cuatro años después al dar la razón el TSJA a estos colegios. En 2009 el litigio resurgió cuando Moreno, aprovechando la renovación de los conciertos, dio una prórroga de 12 meses a los centros para que abandonaran dicho modelo de enseñanza. El Alto Tribunal andaluz concedió entonces medidas cautelares a los colegios afectados para que siguieran recibiendo subvención pública. Esta tregua se rompió el verano pasado cuando el Supremo estimó el recurso presentado por la Junta contra el fallo del TSJA, que validaba el concierto con el colegio El Cható (Brenes, Sevilla), una decisión (a la que se han sumado otras tres del Supremo en recientes fechas) que sirve a Educación para dar un ultimátum a todos los colegios diferenciados andaluces: o admiten niños de ambos sexos o se quedan sin concierto. Estos centros han solicitado la renovación del concierto, esperanzados en que la reforma educativa del PP les permita continuar con su modelo de enseñanza.

3.-Mantenimiento: Los institutos se quedan sin dinero para sus gastos

La falta de liquidez de las administraciones públicas pasa factura a los centros educativos. Al margen de las guarderías, los que más están notando esta carestía son los institutos, cuyos directores ya han advertido que se encuentran en "reserva" ante la falta de pago de la Junta para sufragar los gastos de funcionamiento. En concreto, los Presupuestos andaluces contemplan una partida de 116 millones de euros para el mantenimiento de todos los centros públicos (incluidos colegios e institutos). De esta cantidad, según señala la Asociación de Directores de Institutos de Andalucía (Adian), aún no se ha ingresado ninguno de los cuatro pagos, ya que el primero se debió efectuar en octubre (cuando se inyecta casi el 40% de la partida), el segundo en enero, el tercero en abril y el último en julio. Los centros de Secundaria, a los que sólo financia la Junta (la mayor parte del mantenimiento de los colegios es responsabilidad de los ayuntamientos), logran sobrevivir gracias a los remanentes de cursos pasados y a los acuerdos que llegan con proveedores y directores de bancos. La Junta ha asegurado que les ingresará el primer pago "a la mayor brevedad posible", un dinero que en varias provincias se ha empezado a recibir a finales de esta semana. Algunos padres ya se han ofrecido para acometer las reparaciones más urgentes ante la falta de recursos.

4.-Guarderías: Tregua en el sector tras meses de asfixia económica

El problema de financiación de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) lo heredó la actual consejera de su antecesor en el cargo, Francisco Álvarez de la Chica, aunque se ha agravado el último año. Estos centros, la mayoría de ellos de convenio, reciben dinero de la Administración autonómica en función de la bonificación de las plazas públicas con las que cuente, cuyo porcentaje es variable dependiendo de la situación económica y social de los niños que las ocupan. En verano de 2011 ya saltó la alarma cuando desde las patronales del sector se avisó del retraso que acumulaban en dicho abono muchas guarderías (de hasta tres meses en caso de las de titularidad privada), lo que originaba dificultades a la hora de pagar a los trabajadores, el catering del comedor y los proveedores. Esta situación se reprodujo el pasado año, a lo que se sumo la negativa de Educación a ingresar la mensualidad de agosto -único mes que las guarderías cierran-, con lo que se incumplía el acuerdo alcanzado con Álvarez de la Chica. Esto provocó una campaña de protestas que incluyó un paro parcial el 12 de noviembre. Ante la amenaza de una huelga indefinida, la Junta ofreció una alternativa al sector para que recibieran ayudas por aula (en función de los alumnos) para compensar el pago de agosto. Esta oferta se encuentra ahora en vías de negociación.

5.-Inspectores: Las sospechas por externalizar la evaluación

La creación de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa -contemplada en la Ley de Educación Andaluza (LEA) de 2007- originó recelos en el cuerpo de inspectores públicos que siempre vio en dicho órgano una "estructura paralela" de la Junta para evaluar el sistema de enseñanza. Estas sospechas se incrementaron recientemente cuando la Consejería de Educación aprobó el Plan Plurianual de Evaluación del Sistema Educativo, un proyecto que para la asociación de inspectores (Adide) supone una "intromisión" en sus competencias. El colectivo no sólo lamentaba los perjuicios que conllevaba el mencionado plan, sino también la manera en la que se había negociado su puesta en marcha: sin haber pasado por la mesa sectorial y sin consultarse a los inspectores. Ante estas críticas, el departamento que dirige Moreno negó que se busque una "externalización" de la función evaluadora que pudiera beneficiar los resultados de los informes. Días después, la propia consejera calmaba las aguas con el anuncio de una nueva norma que "garantizará" la labor de los inspectores en materia de evaluación. Sin embargo, este anuncio no frenó las críticas de la intersindical de enseñanza (CSIF, CCOO, Ustea, ANPE y UGT), que califica el Plan Plurianual de "pernicioso" al entender que establece un ránking de centros y docentes.

6.-Plan de calidad: La orden se retira, pero los incentivos se mantienen

Desde que se puso en marcha en 2008, el Plan de Calidad y Mejora de los resultados educativos ha sido motivo de críticas entre partidos políticos, división entre los sindicatos y varapalos judiciales. A inicios del presente curso ya se rumoreó que la conocida como orden de los incentivos (los docentes que la desarrollan pueden percibir hasta 7.000 euros en cuatro años en función de los resultados académicos que logre) tenía los días contados, principalmente por el desembolso económico que supone para las arcas públicas en plena crisis. El anuncio de su final llegaba el 20 de diciembre, cuando se comunicó a los sindicatos que ya no habría nueva convocatoria para que los centros se acogieran a él. Pese a ello, Mar Moreno aclaraba hace pocos días que el dinero extra que se pagaba a los docentes que ya lo desarrollan (casi 48.000 en toda Andalucía) seguirá entregándose hasta 2016 para así satisfacer a los 287 colegios e institutos que se habían acogido a la última convocatoria de otoño. Los centros con Plan de Calidad (unos 1.800) suponen el 42% de la red educativa andaluza, siendo la mayoría de ellos colegios. Sindicatos como Ustea han pedido a la Consejería de Educación que el dinero destinado en los Presupuestos para dicho programa se invierta ahora en incrementar la plantilla docente, solicitud que ha tenido la callada por respuesta.

7.-Confrontación: Combatiendo la reforma de Wert

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se ha convertido en argumento perfecto para mantener una confrontación abierta entre el Gobierno central y la Junta en materia educativa. La conocida como reforma de Wert (cuya aplicación podría retrasarse a la próxima legislatura), además de provocar una fuerte contestación social, ha servido para que la Consejería de Educación rebata la mayoría de las medidas establecidas por el Ejecutivo de Rajoy con la propuesta de alternativas a las que en la mayoría de los casos se ha hecho oídos sordos. En este frente, el departamento que dirige Mar Moreno ha contado con el respaldo -matizado- de la mayoría de los sindicatos de enseñanza y de las asociaciones de padres de alumnos de la enseñanza pública. El principal sustento para rebatir la citada reforma es la defensa de la educación pública contra el "enaltecimiento" de la privada que, según la propia Moreno, persiguen los populares. Quizás tras esta defensa de lo "público" se encuentra el freno que desde el gobierno de izquierdas se quiere dar a la enseñanza concertada y a la educación diferenciada. Pero la nueva ley estatal de Educación también entra en confrontación con la política de la Junta en otros aspectos. Entre ellos, los que más se han combatido desde el Gobierno andaluz son el regreso de las "reválidas" y el fin de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), que permiten a los alumnos que habían abandonado los estudios obtener el título de la ESO.

8.-Asignaturas: El regreso de Educación para la Ciudadanía

Dentro de esta política de confrontación con el Gobierno central, la Junta ha decidido restablecer Educación para la Ciudadanía (EpC), una asignatura que fue abolida del temario de los centros educativos con la llegada de Rajoy a la presidencia española. Detrás de este regreso hay un debate ideológico que comenzó en la legislatura de Rodríguez Zapatero y que desde el Ejecutivo andaluz siempre se ha apoyado pese a las quejas del PP, de las patronales de la enseñanza religiosa y de los asociaciones de padres católicos. Para la vuelta de esta materia, la Consejería de Educación ha empleado el margen legal que le permite configurar el 35% del currículum de la asignatura. Entre las medidas adoptadas destaca la incorporación de tres bloques para el quinto curso de Primaria así como para los de Secundaria, donde se introducirán cinco nuevos bloques. Dicha decisión ha dividido de nuevo a la comunidad educativa, principalmente a los padres. Las AMPA públicas han aplaudido el regreso. En concreto, la Codapa considera que con EpC se cumple el acuerdo alcanzado a nivel europeo para que todos los países miembros de la UE tengan una asignatura similar que eduque en "valores constitucionales, democráticos y humanos". Por contra, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecapa) pide la retirada inmediata y "definitiva" de la asignatura, ya que a juicio de estas familias, el gobierno de Griñán sólo persigue con ella "ideologizar" al todo el alumnado andaluz.

9.-Oposiciones: Se mantiene la duda sobre la convocatoria

La convocatoria de próximas oposiciones sigue siendo un interrogante. La Junta aún no ha confirmado si se celebrarán, sólo ha informado que en el caso de que este año las convoque, el número de plazas no será nunca superior a 300, que es el máximo establecido por la tasa de reposición del 10% impuesta por el Gobierno central, según la cual, de 10 plazas vacantes sólo se cubre una. Los sindicatos de enseñanza han hecho frente común para exigir a la Administración educativa que este año se convoquen oposiciones debido al creciente paro y a la necesidad de aumentar la plantilla docente de Andalucía. De celebrarse, correspondería al cuerpo de maestros. Una de las posibilidades que desde Educación se plantea para aumentar la oferta pasa por contabilizar la tasa de reposición de los dos últimos años en los que no ha habido convocatoria, a lo que habría que sumar el 10% de las jubilaciones del conjunto de la Administración autonómica que, por ley, tampoco se han cubierto. De poderse efectuar esta alternativa, el número de plazas ascendería a 1.000, lo que podría suponer, por otro lado, un "efecto llamada" de estudiantes de otras comunidades ante la escasa oferta presentada en sus lugares de origen. El debate sobre las posibles oposiciones se produce cuando la Consejería de Educación todavía no ha devuelto las tasas a los más de 33.000 jóvenes que la abonaron el año pasado para la convocatoria al cuerpo de profesores que se suspendió. El importe se eleva a 2,5 millones de euros.

10.-Ajustes: Casi medio millar de interinos menos

Fue, sin duda, la nota dominante en el inicio de curso. Una semana antes de que los colegios abrieran sus puertas, la titular de Educación cifraba en 4.502 los interinos con los que dejaban de contar los centros de enseñanza. La culpa de este recorte recae sobre el Gobierno central, en concreto, en el Real Decreto 14/2012 aprobado la pasada primavera mediante el cual se aumentan en dos las horas lectivas del profesorado de Secundaria, lo que a la postre supone reducir la contratación de personal interino (aquel que no ocupa plaza fija). En su defensa, la Junta -además de cargar las tintas contra el Ejecutivo de Rajoy- recordó que la disminución sería mayor si finalmente se hubiera aumentado la ratio (número de alumnos por aula), una medida que contemplaba también el decreto y que descartó la Administración autonómica. La reducción de la plantilla docente es más evidente en los institutos y conservatorios y coincide con el aumento generalizado de estudiantes. Sin embargo, los argumentos de Educación ha logrado convencer a pocos sindicatos, que han exigido a la Junta que opte por otras alternativas antes de reducir el número de docentes, algo que, a juicio de las centrales "perjudica" la calidad de la enseñanza. En este sentido, la sección de enseñanza de CCOO pidió en la última mesa sectorial, a través de su portavoz José Blanco, que se estableciera un nuevo marco regulador para los interinos.