"¿En una epidemia se cierran hospitales? Pues en una crisis no se le ocurriría a nadie prescindir de los servicios sociales cuando más falta hacen". Ana Muñoz es presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social y conoce de cerca la estructura de una red que en Andalucía ha conseguido llegar hasta el último rincón desde que comenzó a implantarse en la década de los 80. Es de la generación que llegó "en bicicleta" a los barrios marginales, la presentan.

En tres décadas ha cambiado el concepto de beneficencia por el derecho subjetivo de las personas a contar con una ayuda cuando se encuentra en dificultades, pero ahora el diagnóstico recupera dolencias. Dos palabras son las más utilizadas por los actores que participan en esta malla asistencial: parálisis y peligro.

Parálisis como consecuencia del tajo de las administraciones públicas a las ayudas para los colectivos más necesitados, justo cuando la comunidad ha alcanzado el porcentaje de paro más alto de su historia. Recortes por parte del Gobierno de la nación, que ha ido disminuyendo las ayudas del plan concertado hasta el punto de que en 2014 desaparecerán. La carga se ha trasladado a la Junta de Andalucía, que tampoco presenta una buena salud financiera y, en el presupuesto de este año, también recorta. Diputaciones y ayuntamientos se ven obligados a salir al rescate, en algunos casos cubriendo hasta el 70% cuando el acuerdo vigente desde 1988 es a tres partes.

Y peligro, porque estos recortes serán anecdóticos si prospera la reforma de la Administración local del Gobierno del PP, que retiraría las políticas de servicios sociales a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y a los de mayor población les dejaría únicamente con los casos de emergencia, esto es, bancos de alimentos y poco más. Las competencias pasarían a la Junta, que no podría hacerse cargo de este volumen, pronostican las organizaciones. Así que adiós a los servicios de proximidad, que han sido considerados en 30 años como la "puerta de entrada al sistema" para los colectivos más vulnerables.

Esta red no se ocupa sólo de gente "pobre". Los servicios sociales atienden a mayores, enfermos mentales, alzhéimer, discapacitados, drogodependientes, minorías étnicas, temporeros, inmigrantes, centros de mujer e incluso adopciones. Según datos oficiales, un millón de usuarios al año en Andalucía. Se trata de una pata del Estado de bienestar, junto a a la educación y a la sanidad, y se está recortando.

En la ley de dependencia, por ejemplo, que recogió servicios que se prestaban como la ayuda a domicilio o los centros residenciales. En las ayudas a las ONG especializadas, que claman por los impagos. Y recortes en las ayudas que llegan a los ayuntamientos para los servicios sociales comunitarios, construidos en Andalucía a semejanza de la red de los centros de salud. Con programas de intervención familiar, un servicio único de Andalucía, que trabaja en la integración de familias marginadas. "Lo que se ha construido en 30 años está en peligro", subraya Muñoz.

Recorte de un 67% por parte del Gobierno desde 2011, de 17 millones a 5,3 este año y cero el que viene. Recorte de un 19% de la Junta, que de mantener su ayuda en unos 42 millones la deja en 33,9 millones este año. La Junta mete la tijera también en las ayudas a los ayuntamientos para zonas con necesidades de transformación social (barriadas con pobreza y marginación social). De 5,9 millones en 2011 a 2,9 millones este año, un 51%. Las subvenciones de la Junta para entidades que trabajan con la comunidad gitana, asociaciones vecinales, drogodependientes o inmigrantes también baja. De 3,7 millones el pasado año a 3,4 millones según la resolución publicada a finales de febrero. De este montante 1,2 millones se los lleva Cáritas para las personas sin hogar, por lo que casi todas las demás asociaciones ven recortadas las ayudas.

"Colapsado" y "en parálisis" son las palabras que elige para describir el estado de los servicios sociales el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo. "Es muy duro, porque no hablamos de beneficiarios, sino de derechos", subraya.

La institución ha creado una red propia con 300 asociaciones para gestionar los problemas de los ciudadanos, "porque las administraciones no saben no contestan, y dicen que no hay dinero, no hay fondos". Chamizo ha advertido de la conflictividad social, que aún no ha estallado en violencia, "pero ahí está la desconfianza hacia las administraciones, las asociaciones se están viendo obligadas a cerrar las puertas, y poco a poco estamos avanzando hacia un caos social donde lo único positivo es la solidaridad de la gente".

El Defensor reflexiona que esta caída en servicios sociales era "previsible", ya que las administraciones apostaron financieramente por la ley de dependencia y se descuidaron los programas de emergencia social". Ahora faltan recursos para ambas.

La asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales lleva meses advirtiendo del "desmantelamiento" de la ley de dependencia por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

La tasa de reposición no se cumple. No entran nuevos dependientes por los que fallecen. Y muchos de los nuevos expedientes se guardan en un cajón. "Quieren convertirla en un producto financiero en manos de los seguros privados", sospecha José Manuel Ramírez. Y ahora tocaría la privatización de los servicios sociales. Es la misma filosofía que en la educación o la sanidad. "Es un desmantelamiento brutal. Están poniendo en riesgo la cohesión social. Las ONG no tienen capacidad para afrontar esta situación", alerta Ramírez.

Es el propósito que muchos ven tras la reforma de la ley local: retirar las competencias a los ayuntamientos y que diputaciones o comunidades tengan que acudir a la gestión privada para hacer frente a los servicios.

Ana Muñoz, del Consejo Andaluz de Trabajo Social, comparte la "dramática" situación y vaticina el fin del sistema si avanza el proyecto de reforma local. "Estamos muy preocupados. Se nos cae la estructura, es imposible que las comunidades la mantengan. Irán muchos profesionales a la calle. El año que viene es vital", apunta.

Los colegios de todas las provincias andaluzas, que aglutinan a unos 5.000 colegiados, han iniciado una campaña en defensa del sistema público de servicios sociales. Piden a la Junta que, con 1,4 millones de andaluces en paro, se garantice al menos la estructura actual, con la misma dotación de personal y profesionales en equipos de tratamiento familiar. Han reclamado a los grupos políticos un pacto andaluz por el sistema público de servicios sociales, y parece que algunas de las propuestas se integrarán en el Pacto por Andalucía.

Este jueves el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, solicitó en el pleno del Parlamento andaluz un pacto nacional contra la exclusión social. En su propia agenda tiene compromisos para luchar contra ella: una ley de servicios sociales e inclusión (Renta Básica incluida) prometida desde hace lustros y un plan de acción social dotado con 60 millones que tendría que estar en activo dentro de un mes según su promesa y del que, por el momento, nada se conoce.

Mientras, quienes hacen posible los servicios sociales en Andalucía se preguntan cómo no hay movilizaciones en la calle de ciudadanos clamando por la supervivencia del sistema. "No es una cuestión nuestra, es de todos", alienta Muñoz. Epidemia, pero de conciencia social, reclama.