La actual estructura organizativa de los juzgados en la que cada juez cuenta con un secretario y un grupo de funcionarios tiene los días contados. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará en su primera reunión tras las fiestas navideñas un decreto que regulará la organización y estructura de las Oficinas Judicial y Fiscal en Andalucía, y a partir de ese momento se irá implantando a lo largo del próximo año. La idea consiste básicamente en dejar menos funcionarios adscritos de manera directa a cada juez y potenciar la creación de servicios comunes, integrados por un número mayor de funcionarios y especializado en cada de las fases del proceso judicial, desde la tramitación a la ejecución de los procedimientos que tantos quebraderos de cabeza ocasionó a los jueces con motivo de los errores del caso Mari Luz, que permitieron que el pederasta Santiago del Valle estuviera en libertad en el momento de cometer el crimen cuando sobre el mismo pesaba una sentencia firme para su ingreso en prisión que no había sido ejecutada.

El proyecto que impulsa el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, pretende dar respuesta a una reforma que la Justicia espera desde hace una década, en concreto, desde la ley orgánica 19/2003 que modificó la ley orgánica del Poder Judicial e introdujo la organización de la Oficina Judicial. Por el momento, no se ha establecido el número de funcionarios que se quedarán en las unidades de apoyo directo a cada juez, ni cuantos integrarán los servicios comunes, lo que se determinará cuando se establezcan las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT).

La Junta pretende "revolucionar" la organización de los juzgados y de las fiscalías andaluzas con este nuevo modelo, que quiere mejorar la eficacia y los tiempos de respuesta en una Administración marcada por la lentitud de los procedimientos y la falta de modernización.

Según el proyecto de decreto que De Llera elevará al Consejo de Gobierno, el objetivo de la reforma consiste en regular la organización y estructura de las oficinas judicial y fiscal en Andalucía, estableciendo un sistema donde se integren "de forma coordinada" la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal.

Los principios que marcarán el desarrollo de las nuevas oficinas, según los recoge el decreto, son la jerarquía, agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo, responsabilidad por la gestión, y la coordinación y cooperación entre administraciones, de manera que "los ciudadanos obtengan un servicio próximo y de calidad, con respeto a los principios recogidos en la Carta de Derecho de los ciudadanos ante la Justicia". De acuerdo con este modelo, la Oficina Judicial sería la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, mientras que la Oficina Fiscal sería la organización que sirve de soporte y apoyo a la actividad de la Fiscalía.

La nueva Oficina Judicial, según el decreto que se someterá a deliberación del Consejo de Gobierno probablemente en la primera reunión que se produzca tras la festividad de los Reyes Magos, estará compuesta por las unidades procesales de "apoyo directo" y los "servicios comunes procesales". Las primeras son las unidades que asisten directamente a los miembros de la judicatura en el ejercicio de sus funciones, realizando las actuaciones necesarias para el exacto y eficaz cumplimiento de cuantas resoluciones dicten los jueces y magistrados. El número de unidades de apoyo directo será igual al de juzgados o, en su caso, Salas o Secciones de tribunales.

Los servicios comunes procesales quedan definidos en el proyecto como aquellas unidades que, "sin estar integradas en un órgano judicial concreto, asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales".

Tras la aprobación del decreto por parte del Consejo de Gobierno, se irán creando a través de órdenes estos nuevos servicios, que estarán dirigidos por un secretario judicial.

Las oficinas judiciales podrán contar con hasta cuatro servicios comunes procesales. Así, dispondrán de un servicio común procesal general, encargado de las labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales; un servicio común de ordenación del procedimiento -que tramitará los procedimientos en todos los aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del juez-; un servicio común procesal de ejecución -encargado de la fase de ejecución en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del juez-; y un servicio común de partido judicial, en aquellos partidos judiciales que no cuenten con separación de jurisdicciones.

En cuanto a la estructura de la Oficina Fiscal constará básicamente con cuatro áreas diferenciada. Así, contará con un área de apoyo a la Jefatura -que asiste al Fiscal Superior o al fiscal jefe de cada provincia-, mientras que el área de Soporte General centralizará la entrada y tramitación de toda la documentación recibida en la Fiscalía, realizará su clasificación y filtrará aquello que no requiera intervención directa del Ministerio Fiscal.

La nueva estructura dispondrá asimismo de un área de Apoyo Procesal y a la Investigación, que colaborará con los fiscales en las funciones de carácter procesal y de investigación para el correcto desempeño de sus funciones, además de realizar el control y seguimiento de los plazos establecidos y cumplidos de los distintos asuntos.

Por último, la nueva Oficina Fiscal tendrá un área de apoyo a la Sección de Menores, que asistirá al equipo de fiscales de esta sección en la instrucción de los procedimientos, así como en la práctica de diligencias, proporcionando en todo momento el debido soporte y realizando el control de los plazos procesales.

El proyecto contempla la coordinación de las Oficina Judicial y Fiscal, cuando "la racionalización del gasto y la optimización de los recursos así lo aconsejen", para lo cual el consejo podrá acordar, previa conformidad con el fiscal superior, que el servicio común procesal general "proporcione a la Oficina Fiscal de su ámbito territorial el apoyo necesario para el desarrollo de algunas funciones, que serán realizadas conforme a los protocolos conjuntos de actuación".