La oposición en el Congreso ha recurrido este viernes la reforma local ante el Tribunal Constitucional (TC) por "demoler" los servicios sociales, acabar con la capacidad de gestión de los ayuntamientos y suponer un ataque a la democracia. Asimismo, el presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha acudido también a la sede del Tribunal Constitucional para presentar otro recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

El reparo que el pleno de la Cámara autonómica aprobó hace un mes tiene "un carácter más global" que el que el vicepresidente del Gobierno regional, Diego Valderas, presentó en nombre de la Junta. "Nosotros insistimos más en aspectos institucionales y en la preservación del carácter de representación política de los ayuntamientos", ha resumido Gracia a los periodistas sobre las diferencias entre ambos recursos. En ese sentido, ha mantenido que "no puede ser" que las decisiones de los consistorios se hagan depender de cuerpos de la intervención, la Diputación o la Comunidad Autónoma y también ha indicado que el recurso de la cámara autonómica se fija en lo relativo a las competencias de la comunidad autónoma pero no tanto en el ejercicio de gestión de esas competencias sino en el desarrollo de la normativa básica estatal.

"Es una ley que priva a los ayuntamientos de su autonomía política", ha señalado el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, en declaraciones a los periodistas a las puertas del TC, donde se ha presentado el recurso. Ascensión de las Heras, diputada y portavoz de asuntos municipales de IU, ha afirmado de que "ésta es una respuesta sin precedentes a un ataque sin precedentes", ya que a la ley se han opuesto ayuntamientos, comunidades autónomas y gran parte de la oposición parlamentaria. El recurso está firmado por 130 diputados del PSOE, IU, UPyD, ERC, Compromís y Coalición Canaria, según ha explicado Ramón Jáuregui.

Ha añadido que la reforma local, impulsada por "la mayoría del PP, que es minoría social", impide que los ayuntamientos gestionen la política social y no les permite "llegar cerca de la pobreza, de la gente necesitada". De las Heras ha señalado que los ayuntamientos ya tienen dificultades para prestar "los servicios de proximidad", y que ahora, con esta ley, definitivamente no podrán hacerlo.

Por parte de UPyD, la diputada Irene Lozano ha criticado que el PP haya impulsado la reforma "sin tener en cuenta al resto de los grupos", y la ha tildado de "chapuza jurídica que puede tener consecuencias muy graves". Lozano cree que es un error quitar las competencias sociales a los ayuntamientos, ámbito en el que estos "han demostrado ser eficaces", mientras se mantienen las de urbanismo, que son, en su opinión, "un nido de corrupción".

Desde Coalición Canaria, Ana Oramas ha recomendado al PP que se centre en resolver los problemas económicos del Ayuntamiento de Madrid "y deje en paz a los otros 8.000 ayuntamientos". "Lo que nunca puede hacer un ayuntamiento es dejar de atender a los ciudadanos y más en época de crisis", ha recalcado, para después asegurar que los municipios no pueden desatender cuestiones como la atención a dependientes y a mujeres maltratadas, o el mantenimiento de las guarderías.

Joan Baldoví, diputado de Compromís-Equo, ha afirmado que el PP no puede "con un 44% de los votos, imponer cambios sustanciales en la vida de las personas", y menos si estos suponen "alejar la administración de los ciudadanos en temas tan sensibles como es la atención a los ciudadanos". "No pararemos hasta que esta injusta ley, esta chapuza de ley se venga abajo", ha sentenciado.