Una niña de Huelva se ve obligada a ver habitualmente al hombre que la agredió sexualmente, ya que reside muy cerca de su vivienda. J.V.C. fue condenado en 2012 a dos años de prisión por haber abusado de su sobrina y se le impuso una orden de alejamiento -de sólo 100 metros- que ha incumplido. Ha sido condenado en dos ocasiones por ello. La familia atribuye al colapso judicial el retraso en la ejecución de una sentencia que podría mandar al pederasta a la cárcel, en lugar de mantenerlo tan cercano, extremo que niega la defensa del condenado, que rechaza que tenga que entrar en prisión aún al haber recurrido el último veredicto judicial.

Los familiares de la niña piden el ingreso en la cárcel de J. V. C. La madre dice que la situación es "insoportable e inaguantable" sobre todo sabiendo que "tenía que estar en prisión porque tiene varias condenas en firme", un extremo que confirmó la abogada de la familia de la menor, María Teresa Largo. Según detalló esta, a pesar de que con la primera pena se veía eximido de ingresar en el centro penitenciario, al carecer de antecedentes, "en los últimos meses ha acumulado otras penas por quebrantamiento de la orden de alejamiento impuesta". Tras la "sentencia firme que fue de conformidad por abusos sexuales a la menor ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones y hay tres diligencias nuevas en fase de instrucción por nuevos quebrantamientos". Para Largo, el problema radica en que "el penal tiene que ejecutarlo y no lo hace por colapso, porque lleva retraso". El fantasma del caso Mari Luz -su asesino, Santiago del Valle, también era un pederasta con condenas por ejecutar- sobrevolaba ayer de nuevo El Torrejón.

En cambio, la defensa de J. V. C. aseguraba que "no existe retraso en la ejecución de la sentencia" por quebrantamiento de condena ya que "está recurrida" ante la Audiencia de Huelva. Según explicó a Efe, se trata de una sentencia de noviembre de 2013 del Juzgado de lo Penal 1 de Huelva que lo condena a seis meses de cárcel por quebratamiento de la medida cautelar impuesta por el juez antes de que se enjuiciaran los abusos. "Si esa sentencia se confirma habrá que ver si se dan los requisitos legales para pedir la suspensión de la misma, como ocurrió con la de la Audiencia por abusos sexuales, siempre que se den los requisitos legales necesarios", precisó. En caso contrario, sí tendría que entrar en prisión.

La defensa precisó que existe una tercera sentencia condenatoria anterior, de junio de 2012, por otro quebrantamiento en la que "ni siquiera se le condena a cárcel" sino a una pena de multa de 24 meses a razón de cuatro euros de cuota diaria por encontrarse en un bar que se sitúa a 90 metros del domicilio de la menor en lugar de a los 100 metros establecidos, que es firme y está suspendida.

Sobre los abusos, la defensa aseguró que "los reconoció porque le pedían 9 años por la acusación particular y 6 años por el fiscal y había un informe del psicólogo que decía que la niña podía decir verdad" y afirmó que "la indemnización de 3.000 euros que se le fijó está abonada". Además, apuntó que "sólo se pudo probar un hecho que fue por el que se enjuició y no se le condenó por delito continuado, y en el que no hubo tocamientos directos" y que "ha sido denunciado en numerosas ocasiones, muchas de las cuales han sido archivadas".

La madre de la niña lamentó ayer que el día a día es "muy duro, lo tiene que ver a diario, ya que se pasa todo el día asomado a la ventana con la intención de llamar la atención sobre ella". Pero no es sólo el tener que vivir frente a esta persona, ya que a esto se suman "las amenazas" que sufre" por parte de la familia del condenado cada vez que hay un quebrantamiento de condena, las calumnias y las miradas de los vecinos" que parecen acusarla de "haber matado a alguien".