La Junta de Andalucía mantuvo ayer su compromiso de que no habrá una subida de impuestos en el tramo autonómico y afirmó que no se crearán nuevas tasas impositivas, especialmente en materia medioambiental, pese a la amenaza de una merma de ingresos para las comunidades como consecuencia de la reforma fiscal que prevé aprobar el Gobierno del PP.

La recaudación por impuestos descenderá como consecuencia de las medidas impulsadas por el Ejecutivo, que el Gobierno andaluz rechaza al considerar que es "regresiva, injusta y aumenta las desigualdades al beneficiar a las rentas más altas, en detrimento de la clase media y trabajadora".

La Junta considera que el anteproyecto crea una incertidumbre sobre los servicios públicos al no dejar claro cómo el Estado obtendrá los ingresos. La reforma sólo toca el IRPF en el tramo estatal, pero las comunidades se quedan con el 50% de la recaudación total. El PSOE estimó que los andaluces dejarán de declarar 600 millones.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, consideró ayer que esa cifra no puede ser el coste que tenga para las arcas de la Junta, sino que será menor, pero en todo caso dijo que la merma de ingresos se podrá a empezar a conocer a finales de julio cuando el Ministerio de Hacienda informe de las entregas a cuenta a remitir a las comunidades autónomas.

Por eso Montero evitó calcular el impacto de la reforma fiscal y aplazó a entonces las consideraciones que estas medidas puedan tener en la elaboración de los Presupuestos de la Junta para 2015.

No obstante, la consejera mantuvo que en Andalucía mantendrá los servicios públicos fundamentales, y además repondrá la paga extra a los funcionarios, restada en los tres últimos ejercicios, un compromiso asumido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que ha supuesto un ahorro de unos 350 millones. Si se tiene en cuenta que en 2015 el objetivo de déficit desciende de un 1% a un 0,7% (unos 400 millones más de exigencia), Montero fue interrogada sobre cómo la Junta pretende cuadrar las cuentas y que sean "expansivas" sin aumentar la presión fiscal. La consejera destacó que el recorrido de los impuestos autonómicos es limitado, pero se espera un mejor comportamiento de la economía que permita aumentar las transferencias que proceden del Gobierno. De hecho, la Junta ha modificado su previsión de crecimiento a un 1,4%. La Junta exigirá "elementos de compensación" y confió en que "las entregas a cuenta vengan sustancialmente aumentadas", señaló Montero.

La crítica de la Junta es que el Gobierno aprueba esta bajada de impuestos (IRPF y sociedades, fundamentalmente) con un marcado acento electoral. Las medidas entrarán en vigor en 2015 y cuando haya que traspasar los ingresos de recaudación por IRPF a las comunidades ya será en 2016, una vez pasadas las elecciones. El "caramelo envenenado", en palabras de Montero, que recoge la ley es la mayor autonomía en algunos tributos que puedan ser cedidos a las comunidades, en especial, los ecológicos. Esto supone una "patata caliente", ya que obligaría a las comunidades a aumentar su presión fiscal para obtener ingresos, por ejemplo en los impuestos medioambientales. La Junta no ve con agrado esta posibilidad y así lo expresará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra en Madrid mañana. También solicitará información en el turno de ruegos y preguntas sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que no ha entrado en el orden del día.

La Junta también rechaza una disposición transitoria que obliga a las comunidades a volver a legislar sobre los tramos autonómicos del IRPF antes de que acabe el año y considera que "no es conforme a Derecho".

Preguntada por las cuestiones positivas que la Junta observa en esta reforma fiscal, la consejera destacó las medidas sobre la dación en pago, la reducción de tributación de rentas más bajas, o la no reducción del impuesto de sociedades a las entidades financieras.