Un trabajador de contabilidad de UGT-A reveló a la Guardia Civil que el sindicato tenía "dos realidades contables distintas", una la del departamento de Contabilidad y otra la del departamento de Justificación –que preparaba los documentos que se entregaban a la Junta para justificar los programas- y para integrar ambas realidades se implantó en 2010 el software Spyro, que "integraba la justificación la contabilidad y los datos del departamento de compras".

El contable, que declaró como testigo en enero pasado, señaló que los proveedores entregaban a las federaciones, a través de la entidad Soralpe, un talón que, aunque desconoce el concepto en el que se entregaban, "se trataba de una comisión por la adjudicación", en alusión a lo que otros testigos han asegurado que era conocido en el sindicato como el "canon revolucionario".

El testigo también reconoció la existencia del "bote" –antes llamado “saldo de proveedores”-, mediante el cual los proveedores de confianza emitían facturas al sindicato por servicios o mercancías "que no se habían realizado o servido realmente" y todo ello para justificar determinados gastos imputables a subvenciones. El bote, añadió, se creó en el departamento de Compras para "poder establecer la diferencia real entre lo facturado y lo servido", dijo el trabajador, que aseguró asimismo que "era conocido por todo el mundo que el concepto de las facturas no se correspondía con lo servido".

El bote llegó a ser tan voluminoso que "escandalizaba a todo el mundo" y los propios trabajadores comentaban que "esta práctica no podía continuar y que iba a explotar”, además de que se le "advirtió en varias ocasiones" al entonces tesorero Federico Fresneda.

En cuanto al rapel, el contable afirmó que eran otra vía de ingreso del sindicato, de tal forma que al proveedor "se le obligaba a realizar unos descuentos que no revertían a favor de la subvención recibida, sino que iban directamente a enriquecer a la organización".

El contable aseguró que las instrucciones que recibían del vicesecretario de Administración Federico Fresneda era "intentar imputar a los programas la mayor cantidad de gastos", dado que una vez que se recibían la factura era remitida al departamento de Justificación, que comprobaba si se podía incluir a algún programa como gasto subvencionable –había programas en los que la Junta permitía imputar como gastos asociados el 10 o 15% del total- o no subvencionable.

Por su parte, otro trabajador, que fue secretario de Federico Fresneda hasta septiembre de 2006, confirmó la existencia de las facturas falsas, que eran "infladas artificialmente o eran directamente ficticias" y que eran utilizadas por el sindicato para justificar determinadas subvenciones recibidas por UGT. Este empleado declaró igualmente que existían otros ingresos "muy importantes en conceptos de comisión, que eran pagadas por constructores o promotores inmobiliarios que trabajaban para UGT-A". Dichas comisiones, según este trabajador, eran gestionadas directamente por el departamento de contabilidad, no por el de compras.

Según este trabajador, el programa Orienta –destinado a subvencionar el alquiler de material mobiliario e informático- generó un "bote enorme" con las empresas Chavsa y Siosa, dado que el sindicato para poder justificar la subvención solicitó a estos proveedores "la emisión de facturas ficticias por el alquiler de material que realmente poseía".

Por último, el trabajador afirmó que otro de los sistemas utilizados por el sindicato para "burlar los controles" era mantener siempre un "mínimo de unidades de elementos de los supuestamente adquiridos con facturas falsas o engordadas, de manera que, ante cualquier inspección de la Administración, siempre se pudiera mostrar alguno de estos elementos como muestra de su supuesta adquisición", lo que sucedía con camisetas de publicidad o material informático, entre otros.

De los testimonios de los trabajadores del sindicato, la Guardia Civil concluye que el ex tesorero Federico Fresneda ejercía la dirección "de hecho" y el control sobre todo el departamento de Administración, y también que la “mayoría de los gastos estructurales de la organización regional eran imputados a programas subvencionables”.

En cuanto a los procedimientos del bote y el rapel, que el sindicato utilizaba para canalizar los fondos que procedían de las subvenciones, los investigadores señalan que servían para "financiar las actividades regulares de UGT, como organización sindical".

La creación del bote o saldo con proveedores de confianza posibilitó que, según el atestado de la Guardia Civil, estas empresas emitieran facturas falsas al sindicato, "por servicios o mercancías que no se habían realizado o servido realmente", lo que permitía a la organización sindical "justificar determinados gastos imputables a subvenciones". El bote se estableció precisamente en el departamento de Compras para “establecer la diferencia real entre lo facturado y lo servido”, reflejan la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO).

En cuanto al rapel, aquellos proveedores que querían contratar con UGT debían aceptar realizar unos descuentos que oscilaban entre el 3 y el 15%, negociados bien por Federico Fresneda o por la secretaria de Gestión Económica, María Charpín, y que eran abonados de forma periódica por transferencia o talón bancario. Pero el fraude está en que ese descuento "no se comunicaba a la Administración", a la que se justificaba la facturación total sin descontar el rapel.

Un tercer método que, según la Guardia Civil, habría utilizado el sindicato para canalizar los fondos de las subvenciones sería la contratación de las pólizas de seguro que la ley exige para cualquier acción formativa con la aseguradora ASP, perteneciente al propio sindicato. Así, el importe correspondiente a la póliza suscrita se cargaba al proyecto que fuese como "gasto subvencionable", pero ASP siempre devolvía el 50% del importe de la póliza a UGT y, posteriormente, si la misma vencía sin incidentes, reembolsaba al sindicato otro porcentaje adicional que era entregado mediante transferencia o talón.

La Guardia Civil explica, de otro lado, que las investigaciones se iniciaron en el marco de la causa de los ERE, que instruye la juez Mercedes Alaya, y a partir de las declaraciones realizadas por el jefe del Departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional del Servicio de Formación para el Empleo en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, responsable de los cursos que se realizan en Sevilla como los otorgados directamente por la dirección general de Formación para el Empleo. Según la Guardia Civil, el jefe de departamento alertó de "importantes irregularidades" en todos los procesos de tramitación de las acciones formativas, desde la adjudicación, pasando por la gestión, y hasta llegar a la fase de justificación de las subvenciones, "sin que existiese un control adecuado".