Una veintena de municipios andaluces han rechazado las dotaciones asignadas por la Junta de Andalucía para ayudas recogidas en el decreto para la inclusión social. Algunos no han querido sumarse a las ayudas a la contratación a través de los ayuntamientos, que ofrece empleos a los vecinos de entre 15 y 90 días, y otros han rehusado facilitar en sus ayuntamientos el pago de facturas de luz, agua o alquileres de vivienda. Hay variedad de partidos en estos municipios, casi todos con menos de mil habitantes y una tasa de paro inferior al 10%, y de justificaciones, pero la mayoría de sus alcaldes piensan que no necesitan estas ayudas. Consideran que la situación de sus pueblos es razonablemente buena; la exclusión social ha pasado de largo.

Siete de estos municipios han rechazado ambas subvenciones, tanto las destinadas a contrataciones como a los suministros vitales. Los siete están presididos por alcaldes del PP. Son los almerienses Beires y Partaloa, los granadinos Dehesas de Guadix, Dúdar y Lugros, y los malagueños Canillas de Albaida e Igualeja. El alcalde de este último municipio, Francisco R. Escalona, explica que en la primera experiencia de este decreto, el año pasado, ningún vecino solicitó una ayuda de este tipo "y por lo tanto este año hemos renunciado a la ayuda". En el caso de las contrataciones la asignación para municipios con este volumen de población y número de parados es de entre 11.000 y 14.000 euros y para la dispensación de suministros vitales es de 3.900 euros con el fin de destinar estos recursos a los vecinos más necesitados. Fuentes de la Consejería andaluza de Igualdad, Salud y Bienestar Social subrayaron que han tratado hasta última hora de convencer a muchos municipios ausentes del listado para que aceptasen la ayuda, pero ha sido en balde.

"La Diputación de Málaga, por ejemplo, tuvo un bono por el que las familias con informe de los servicios sociales podían llevarse de los supermercados azúcar, aceite o leche, productos básicos, y alguna familia sí que lo solicitó, pero porque le insistimos muchos. Es un pueblo pequeño y a la gente le da mucho apuro", relata Escalona. Igualeja es un pueblo de la serranía de Ronda de 871 habitantes y tiene 62 parados. El alcalde asegura que "entre el PER de la mujer, y el PER del marido, algunos euros entran a final de mes. Y si se necesita algo están los servicios sociales. Desde el Ayuntamiento también estamos ofreciendo contratos, de un mes o de 15 días, para que consigan los días y puedan pedir el subsidio. Por suerte estamos al corriente de pagos y hay una gran cantidad de vecinos trabajando", señala.

La economía de Dúdar, en la parte central de la Vega de Granada, no es tan boyante. Lo era y su alcalde, Juan González, presume de que hace cinco años su pueblo era uno de los más saneados de España. Pero la Junta le debe 200.000 euros de las obras de una carretera y la delegación provincial no contesta a sus cartas. "A ver si podéis echar un palillo a la lumbre, que hace falta", ruega. El Ayuntamiento ha sufragado el coste de "los carriles", y a pesar de que el alcalde lamenta que han perdido el "colchón" que tenían para las necesidades de sus 330 vecinos, no ha considerado necesario reclamar estas ayudas de la Administración regional. "Pusimos un cartel para ver si alguien necesitaba estas ayudas y no respondió nadie. La verdad es que los empleos son de limpiar caminos y eso, y no tenemos trabajadores de ese tipo. Aquí los vecinos están todos en la misma situación, y si a uno se le paga la luz y el agua, habrá que hacerlo con los demás", señala González, que lleva 20 años en el cargo.

En este grupo de municipios también hay a quien se le pasó el plazo y trata de arreglarlo, como es el caso, al menos, de Partaloa.

También de Víznar, el único municipio de IU que no es beneficiario de la ayuda estrella anunciada hace más de un año por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas. El alcalde, Luis A. Pérez, asegura que al final sí lo van a solicitar y espera que la Junta haga una excepción y se les pueda conceder.

La ayuda para pagar facturas de luz y agua no ha convencido en su estreno a los alcaldes del PP citados, más los granadinos de Juviles y Murtas, y tampoco a otros diez del PSOE, también fuera de la lista de beneficiados. Son los granadinos de Alpujarra de la Sierra, Cástaras, los onubenses de Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Hinojales y Valdelarco, los jiennenses de Génave, Hornos y Larva o el malagueño de Genalguacil.

José Antonio Gómez, alcalde de Alpujarra de la Sierra, una localidad de 1.132 habitantes y 72 desempleados en la Alpujarra granadina, relata que ya tuvieron una experiencia el año pasado "y nos vimos negros para encontrar a gente que pudiera solicitarlo. Este pueblo vive de la agricultura y del turismo, y la gente no demanda este tipo de ayuda. Como no vimos motivos para pedirlo, preferimos que otros ayuntamientos más necesitados cogiesen nuestra asignación", explica.

La exclusión social, y el decreto de la Junta para combatirla, no paró en estos pueblos.