El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, que se desarrollará hasta el año 2016 con el objetivo básico de asegurar el acceso de los inmigrantes a los servicios básicos de sanidad, educación, empleo, vivienda, asistencia social y atención jurídica.

La nueva estrategia, coordinada por la Consejería de Justicia e Interior y en la que participarán todos los departamentos del Gobierno andaluz, establece 172 medidas agrupadas en once áreas: socioeducativa; sociolaboral; sociosanitaria; inclusión y bienestar social; equipamiento, vivienda y alojamiento; cultura, ocio y participación; atención jurídica; formación; investigación; sensibilización social, y cooperación internacional. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el desarrollo del plan se adaptará a las dotaciones en cada área en los presupuestos de la Junta hasta 2016, cuyas previsiones iniciales para estas políticas se sitúan en unos 1.257 millones de euros.

Más de la mitad de los recursos consignados se destinarán a proyectos educativos, dirigidos especialmente a la enseñanza del español en aulas de adaptación lingüística y al mantenimiento de las culturas de origen a través de actividades extraescolares. El consejero ha recordado que, actualmente, más de 90.000 alumnos extranjeros están matriculados en los centros educativos no universitarios de Andalucía (el 86 por ciento en colegios e institutos públicos).

Ha agregado que, dentro del área sociosanitaria, las medidas previstas ponen el énfasis en garantizar la atención a toda la población inmigrante. Según De Llera, Andalucía mantiene así su política de integración normalizada en el sistema sanitario público frente a las limitaciones que han supuesto las nuevas regulaciones estatales. En el ámbito sociolaboral se trabajará, sobre todo, en el desarrollo de servicios de asesoramiento y asistencia en materia de empleo, mientras que las iniciativas en el área de vivienda se dirigirán fundamentalmente a grupos de especial dificultad para el acceso y a trabajadores temporales desplazados de sus residencias habituales.

Asimismo, las medidas de inclusión y bienestar social se dirigen sobre todo a facilitar el acceso de la población inmigrante a los servicios y recursos públicos. Para reducir el efecto de las barreras lingüísticas, se creará un servicio de interpretación simultánea mediante teléfono móvil. Asimismo, el plan refuerza la atención a los menores extranjeros no acompañados y el acogimiento de víctimas de explotación sexual.

Del resto de iniciativas previstas, destaca el reforzamiento de la atención jurídica gratuita a través la creación de servicios específicos para personas extranjeras en los Colegios de Abogados. Asimismo, se ofrecerán cursos de formación especializada a los profesionales de los Servicios de Atención Jurídica al Detenido y del turno de oficio. El área formativa también prestará especial atención al personal de la gestión local y al empresariado, dada la importancia de estos dos colectivos en las relaciones con la población inmigrante.

Para el consejero, se trata en definitiva de reforzar la idea de que tenemos que vivir todos juntos. Preguntado sobre si se volverá a poner en marcha el llamado Observatorio permanente andaluz de las migraciones, De Llera ha garantizado que así será porque es órgano que ha demostrado su utilidad y que es necesario revitalizarlo.

Andalucía cuenta actualmente con un censo de 657.815 personas extranjeras, incluidos los de origen comunitario. Los países con mayor aportación son Marruecos Marruecos (125.258), Rumanía (98.195), Reino Unido (90.827) y Alemania (19.342), seguidos de Italia, China, Colombia, Bolivia y Argentina, entre otros.

La mayor parte de la población extranjera residente en Andalucía en situación administrativa regular pertenece al grupo de edad de 18 a 64 años (80,6%), lo que demuestra el carácter predominantemente laboral o económico de la inmigración en la comunidad autónoma. Los menores de 18 años suponen un 12% y los mayores de 64, un 7%.