La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco sea ingresado en prisión, dándose de esta forma cumplimiento a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial y agravada en un año más de cárcel por el Tribunal Supremo. La Fiscalía considera que existe un "alto" riesgo de fuga  ya que, además de una condena firme, Pacheco tiene otros dos juicios pendientes que podrían incrementar en trece años su castigo en prisión mientras ya se encuentre encarcelado. Dichas solicitudes de condena se basan en la venta en 2006 del solar de la antigua estación de autobuses por el que la Fiscalía le pide siete años por prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial y estafa. Además, se piden otros seis por hacerle obras gratis a la hermandad de El Rocío de Jerez en su casa de Almonte, obras que cargó al erario público con facturas falsas.

La solicitud realizada por La Fiscalía Anticorrupción a la Sección Octava de la Audiencia Provincial solicita que no se acepten los recursos interpuestos por los abogados de Pacheco contra el auto de ingreso, dictado el martes de la semana pasada.

Fuentes legales han mostrado sus abiertas sospechas de que la defensa de Pedro Pacheco está utilizando unas maniobras dilatorias para retrasar al máximo su ingreso en prisión, motivo más que suficiente "para no poner en juego la última carta, que es la solicitud de indulto". De por medio, aún restaría una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de que el Supremo se pronunciara en contra de las intenciones de la defensa.

 Ésta sería la razón, según fuentes legales, por la que los abogados de Pacheco aún no han solicitado el indulto al Gobierno de la nación. Los abogados de Pedro Pacheco han presentado un recurso contra la ejecución de la sentencia ya que entienden que la Sala Segunda del Supremo debería antes resolver la aclaración de la sentencia y el incidente de nulidad que habían presentado previamente (finales de septiembre y primeros de octubre). Toda esta acumulación de recursos y plazos no ha provocado paralización alguna del trabajo judicial. La Audiencia solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que diera a conocer su opinión a este respecto mediante un informe. La conclusión fue la anteriormente señalada: no procede que se dilate el ingreso en prisión del que fuera alcalde de Jerez durante 24 años, es decir, casi cinco lustros.

La Fiscalía Anticorrupción destaca que una aclaración de sentencia no suele variar el contenido de la misma. Igualmente apunta que no debe haber "tolerancia" hacia delitos cometidos por un cargo público ni "trato de favor" hacia ellos. La imagen de impunidad ante la sociedad es algo indeseable. "En efecto, si la sociedad percibe que a los cargos públicos que desvían los fondos públicos en beneficio particular de un tercero les es aplicable un trato de favor y de tolerancia cuando son condenados por esos delitos, queda en entredicho no únicamente la prevención general sino también la confianza en las instituciones y también en la justicia penal como órgano punitivo. Los delitos de corrupción política dañan no tan sólo económicamente a la sociedad, sino que suponen un ataque a los fundamentos del Estado, al sistema democrático y provocan la pérdida de confianza en las instituciones".

El ministerio público recuerda que se habla de delitos de prevaricación, varios continuados de falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración, en concurso con el delito de malversación en grado de tentativa. Teniendo en cuenta el informe del fiscal, la Sección Octava de la Audiencia deberá pronunciarse ahora sobre el recurso así como sobre cuándo deberá ingresar en un centro penitenciario.