La Consejería de Fomento que dirige Elena Cortés (IU) considera razonable y coherente el ritmo con el que avanza el proyecto La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda en el que trabaja el responsable de política de Podemos, Íñigo Errejón, bajo la dirección del profesor de la Universidad de Málaga Alberto Montero.

Fuentes oficiales de la Consejería se han desvinculado de cualquier responsabilidad relacionada con el estatus de Errejón, contratado desde marzo a tiempo completo con cargo a ese proyecto, pese a no desarrollar su tarea en Málaga y recibir también ingresos de la formación política emergente. Desde la Consejería se subraya que esta es una cuestión que compete única y exclusivamente a la Universidad de Málaga que, por otra parte, ha abierto un expediente informativo para detectar si existe alguna irregularidad por incompatibilidad que afecte a Errejón, al profesor Montero o a ambos.

El proyecto que coordina Alberto Montero forma parte de la convocatoria 2012-2013 publicada en noviembre de 2012 por la Consejería de Fomento, con un presupuesto global de 11,8 millones de euros, de los que el 80% son aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La investigación liderada por Montero, en la que también participan las universidades de Granada, Sevilla, Pablo de Olavide y Castilla-La Mancha- se adjudicó en octubre de 2013 por un importe de 284.000 euros. Cinco meses después fue contratado Errejón a tiempo completo (40 horas a la semana) por 1.825 euros brutos mensuales. El investigador principal le autorizó verbalmente a trabajar sin acudir a la Universidad de Málaga.

Errejón es el único investigador contratado para este proyecto. Se da la circunstancia de que pertenece a la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), que ha presidido Alberto Montero, entidad próxima a los fundadores de Podemos que ha participado en la formación de cuadros políticos en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Guatemala.

La selección de Íñigo Errejón tuvo lugar tras una convocatoria anunciada en la web de la Universidad de Málaga a la que únicamente concurrió él. Esta es la fórmula habitual que utilizan las universidades en España para fichar investigadores para sus proyectos de I+D. Tan sólo en la Universidad de Málaga hay más de 500 personas contratadas en estas condiciones con cargo a proyectos científicos financiados fundamentalmente por el Ministerio de Economía y la Consejería de Economía e Innovación. Son contratos limitados a la ejecución de los proyectos, que no generan derechos futuros de recontratación y cuya retribución bruta anual se ajusta a la siguiente tabla: 27.192 euros para doctores, 24.1771 los titulados superiores, 21.150 los técnicos de grado medio y 18.128 los técnicos especialistas de formación profesional.

Los candidatos los selecciona una comisión evaluadora constituida por la vicerrectora de Investigación, un miembro del servicio de investigación de la Universidad de Málaga y dos miembros propuestos por el investigador principal. Se evalúa el expediente, la experiencia profesional relacionada en la convocatoria, cuyo perfil define el investigador principal, y "otros méritos acreditados documentalmente".

En el caso de Errejón el asunto fue simple: ningún otro candidato solicitó el puesto. Aunque inicialmente se cuestionó la selección de Errejón, su vinculación personal y política a Montero y su capacidad de trabajo teniendo en cuenta su implicación en Podemos, la polémica posteriormente ha derivado hacia el hecho de que no trabaje físicamente en Málaga y el riesgo de que haya incurrido en incompatibilidad por tener un contrato a tiempo completo y percibir ingresos de Podemos. Este es el asunto por el que la Universidad de Málaga, tras descartarlo en un principio la propia rectora, finalmente ha abierto expediente informativo.

Las fuentes consultadas en la UMA, que han pedido expresamente permanecer en el anonimato, afirman que este es el primer expediente de estas características que se ha abierto en la institución académica a un investigador contratado. Lo habitual es que el régimen de trabajo de este personal lo controle el investigador principal sin reportar a otra instancia. De hecho, es también quien tiene la capacidad para iniciar la rescisión del contrato y quien tiene el cometido de informar a las autoridades académicas en caso de que detecte algún comportamiento anómalo o constitutivo de responsabilidad disciplinaria.

Mientras la presidenta andaluza indicaba ayer que a Errejón se le debe aplicar "la misma vara de medir" que a todos los políticos y el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, indicaba que se le exigirá el dinero público si la investigación que realiza es insuficiente, la Consejería de Fomento se sacudía las manos en el asunto.

El cometido del departamento que dirige Elena Cortés, según sus portavoces, se circunscribe al desarrollo del proyecto. Ayer se reunió con el investigador principal para testar cómo avanza. Constató que se encuentra "al 53%". "Han presentado centenares de tablas de Excel sobre datos que no estaban digitalizados ni explotados y 900 working paper" indicaron. También informaron que esta ha sido la quinta reunión. Las cuatro anteriores se celebraron en noviembre de 2013, y en febrero, mayo y septiembre de 2014. "Únicamente en septiembre se detectó un ligero retraso sobre el cronograma. El proyecto entonces estaba al 28%", agregaron. La próxima reunión con el tutor que audita el desarrollo de la investigación se celebrará en enero de 2015. El trabajo concluye en junio de 2015.