La defensa del ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha pedido a la juez Mercedes Alaya que se aparte de la investigación de los cursos de formación ante la “grave sombra de duda” que, a su juicio, se ha suscitado sobre el modo en que la magistrada acabó asumiendo la competencia para investigar la denuncia del funcionario Teodoro Montes, por lo que ha apoyado el incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía.

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que considera que en este caso se ha producido un efecto de “pérdida de la apariencia de imparcialidad objetiva” de la magistrada, con la consiguiente vulneración del derecho fundamental a un proceso público con todas las garantías.

El letrado recuerda que el propio funcionario Teodoro Montes reconoció que tras un largo peregrinar sin que nadie le escuchara, se presentó en el juzgado de Alaya, quien le remitió a la Unidad Central Operativa (UCO), y ello resulta insólito. La defensa recuerda que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha manifestado públicamente que esta actuación “no es el procedimiento normal”, por lo que se instala una “grave duda en la opinión pública” respecto a que la asunción de la competencia por parte de este juzgado no se ha producido “de una forma regular, normal, sino a través de la elusión e indebido desconocimiento bien de una situación constitutiva de litispendencia, por existir un órgano judicial distinto que previamente ya había asumido la competencia sobre el asunto [en alusión a la denuncia de Teodoro Montes que archivó en 2012 el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla], o bien de normativa legal –ius cogens- relativa al envío de asuntos nuevos a reparto”.

El escrito denuncia la “alarmante situación creada” y advierte de que resultaría perjudicial dejar este procedimiento, “con su complejidad y trascendencia, indefinidamente sujeto a la insoportable tensión –una auténtica Espada de Damocles- que supondría el que sobre la nulidad planteada y sus efectos hubiere de pronunciarse en el futuro otro tribunal”.

Recuerda que si se desestima la nulidad planteada por la Junta, esta parte, podría acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional o volver a plantear la nulidad al inicio de un eventual juicio oral, y ambos supuestos, prosigue la defensa, le producen una “profunda inquietud” por cuanto sería “tremendamente perturbador la prosecución, bajo tal horizonte de incertidumbre, de la prolija y dilatada investigación que se avizora”.

La defensa insiste en que la declaración que el testigo protegido Teodoro Montes prestó ante la Guardia Civil los días 22 y 27 de agosto de 2013 era “reiterativa y se refería a iguales hechos que los ya judicialmente denunciados por él mismo y que, por tanto, un año antes, había conocido ya otro juzgado de Instrucción” de Sevilla.

La defensa subraya además que la UCO no recoge en el oficio remitido al juzgado el 13 de septiembre que el funcionario se personara espontáneamente ante la unidad para declarar, sino que manifiesta que fueron ellos mismos quienes se dirigieron a Teodoro –montes, algo que, según el defensor, “sólo se concibe que pudo producirse tras alguna clase de intimación a ello por parte del juzgado”, y concluye que la Guardia Civil remitió “indebidamente al propio juzgado de Instrucción número 6 la declaración recibida a Teodoro Montes, en lugar de enviarla al juzgado de Guardia o a la Fiscalía”.