Acostumbrados en el último lustro a desembolsar varios millones de euros por la expropiación de suelos que, en el mejor de los casos, sirven sólo como zonas verdes de dudosa utilidad pública, resultan alentadoras para las arcas del Ayuntamiento de Málaga las últimas decisiones del Tribunal Supremo (TS) sobre enajenaciones de terreno. Dos recientes fallos judiciales del TS liberan al Consistorio de tener que desembolsar hasta 120 millones de euros por la adquisición de varias fincas localizadas en las márgenes del río Guadalmedina e incluidas en su día en el plan de restauración forestal de esta cuenca.

La suma económica se corresponde con sendas demandas presentadas por la propiedad de estas parcelas, la mercantil KFC Marbella, que viene acudiendo de manera asidua a la vía judicial al estar en desacuerdo con las valoraciones que otorgaron en primera instancia tanto la Gerencia de Urbanismo como el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Las primeras resoluciones, correspondientes a la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fueron igualmente contrarias a la privada en ambos casos, razón por la que la mercantil dio el salto y formuló recursos de casación ante el Supremo.

La Sala correspondiente del Supremo, primero el 13 de enero y después el 12 de marzo pasado, acabó por aceptar los mencionados recursos de casación y por aceptar parcialmente las razones de sus reclamaciones. Sin embargo, en esencia, tira por tierra los argumentos empleados por la empresa a la hora de reclamar los mencionados 120 millones de euros, ya que sitúa el valor del metro cuadrado de las expropiaciones en cifras en las antípodas de lo reclamado.