Andalucía

El Supremo ordena a la Junta que readmita a empleados de consorcios

  • Otra nueva sentencia revoca la decisión del TSJA y considera improcedente el despido de todas las unidades en Granada La Administración anunció que ultima la reincorporación

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha revocado una sentencia del TSJA, ha considerado así improcedente el despido colectivo de 124 trabajadores de los Consorcios de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico de Granada, dependientes de la Junta, y ha ordenado su readmisión laboral.

La sentencia del alto tribunal, a la que tuvo acceso Efe, ha estimado el recurso de casación interpuesto por el comité de empresa de los 16 consorcios de Empleo de Granada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que estimó en febrero de 2013 que el despido colectivo de 124 empleados era procedente por la desaparición de dichos consorcios.

El TS ha apuntado que los trabajadores fueron despedidos de forma improcedente para después disolver los Consorcios de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, y que la Junta actuó con "el único fin de eludir" la subrogación de sus contratos en la estructura del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), del que dependían.

Por unanimidad según el pronunciamiento judicial, el TS ha advertido que la Junta de Andalucía actuó en "fraude de ley" porque ejecutó el despido colectivo antes de disolver los consorcios, una decisión que se inició "con un vicio que ocasiona la nulidad de dichos despidos desde el principio".

El magistrado en excedencia y abogado del caso en el Despacho de Martínez-Echevarría Abogados, Antonio Torrecillas, detalló a Efe que la sentencia subraya que la Junta de Andalucía no tuvo en cuenta una ley propia de su competencia "motivada para salvar las relaciones contractuales con sus trabajadores en caso de reestructuración de entidades".

El Tribunal Supremo resalta el "derecho de los trabajadores a reincorporarse a su puesto de trabajo" e insta al Servicio Andaluz de Empleo a la readmisión de los 124 trabajadores de los consorcios de Granada y al reembolso de los salarios desde que fueron cesados en septiembre de 2012 y hasta que se produzca dicha readmisión.

Se da la circunstancia de que la semana pasada, después de muchos meses de conflicto, la Junta de Andalucía anunció que está ultimando la incorporación de los agentes locales de promoción de empleo (ALPE ) que tienen declarada la nulidad de sus despidos, y que ha enviado ya a los juzgados un escrito en el que solicita que se requiera a los trabajadores afectados que manifiesten en qué entidad desean incorporarse. Los últimos datos ofrecidos por los representantes de este colectivo (unos 787) elevan la cifra de despedidos con sentencias firmes favorables a unos 600 agentes de empleo en toda Andalucía, si bien la Consejería de Economía precisó que se reincorporarán "aquellos cuya situación judicial lo permita".

No obstante, la Junta recordó que algunas sentencias no sólo afectan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a los consorcios UTEDLT sino que en ocasiones también se condena solidariamente a los ayuntamientos consorciados y a la Consejería de Economía Innovación, Ciencia y Empleo. En el escrito enviado a los juzgados de lo Social también se detallan las dificultades que ha atravesado todo el proceso de reincorporación de estos trabajadores, que han causado asimismo la demora en el cumplimiento de las sentencias, aseguró en un comunicado la Consejería de Economía.

De otro lado, el sindicato CCOO criticó ayer que más de un millar de docentes técnicos de Formación Profesional (FP) serán despedidos por "dejación" de la Junta andaluza, que ha dictado una resolución que deja "sin margen" a estos profesionales para obtener la formación pedagógica y didáctica, ya que el plazo que se les da es hasta el 13 de mayo y no hay oferta formativa en este momento.

La central sindical, que anunció protestas al respecto, expuso que el próximo 1 de septiembre de 2015 aquellos docentes técnicos de FP que no cuenten con la formación pedagógica y didáctica consistente en un título oficial de máster o titulación equivalente no podrán seguir prestando sus servicios en los centros educativos públicos andaluces, pese a llevar ejerciendo la función docente en algunos casos más de cinco años.

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