El abogado de Manos Limpias en el caso de los ERE, Rafael Prieto, ha calificado como una "aberración jurídica y un atentado contra la institución de la acusación popular" la fianza de 42.000 euros que les exige el juez para seguir en la causa, y ha dicho que es "imposible" reunir ese dinero. 

El abogado considera que exigirles esa fianza en un plazo de cinco días les obligaría a pedir el dinero a través de una cuestación popular, lo que tampoco les daría tiempo, por lo que ha anunciado que recurrirán la decisión del juez y llegarán hasta el Tribunal Constitucional en su protesta. El letrado ha recordado que las cuentas de Manos Limpias están inmovilizadas por orden de la Audiencia Nacional, que detuvo en abril al responsable del sindicato, Miguel Bernard, dentro de una operación por posible extorsión. 

Tras calificar como "estratosférica" la fianza que les exigen, el abogado ha criticado que les exijan el dinero antes de que se resuelva el recurso que presentaron para que siguieran imputados quince políticos de la Junta de Andalucía a los que el juez Álvaro Martín levantó la acusación. "Eso es poner el carro delante de los bueyes", ha subrayado el abogado antes de señalar que el recurso que presentaron se basa en la instrucción que hizo la juez que abrió el caso en 2011, Mercedes Alaya. 

En opinión del abogado, lo normal hubiera sido que se resolviera el recurso, y en función de los políticos que siguieran imputados, se hubiera fijado la fianza correspondiente, no antes de que se resuelva. 

Las críticas de Manos Limpias se producen después de que hoy se haya notificado el auto del juez Álvaro Martín que les da un plazo de cinco días para depositar una fianza de 42.000 euros y seguir en la pieza política de los ERE, en la que el magistrado imputó a 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. 

El magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla explica que esta fianza es "condición necesaria" para tramitar el recurso que presentó Manos Limpias con la intención de que siguieran imputados quince políticos de la Junta de Andalucía a los que el juez quitó la acusación. La fianza, que el juez califica de "razonable" por el número de políticos que Manos Limpias pretende volver a imputar, se ha adoptado tras la petición que le hizo Juan Carlos Alférez, el abogado de uno de los 24 ex altos cargos a los que el magistrado levantó la imputación. "La pretensión de mantener la acusación apartándose del criterio que sostiene el Ministerio Fiscal debe valorarse como un riesgo para aquellas personas que la parte trata de mantener en la causa más allá de la investigación judicial ya realizada", afirma el juez.