Una interventora de la agencia IDEA declaró ayer ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, y aseguró que hay "indicios" de "menoscabo" de fondos en el préstamo de 36,1 millones de la Junta de Andalucía a la empresa Santana Motor.

Fuentes del caso informaron de que la interventora de IDEA, María Luisa Royo, compareció en calidad de testigo-perito ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y, a preguntas de los letrados que ejercen la acusación en nombre del PP-A, señaló que existen "indicios" de este "menoscabo" de fondos.

La interventora, que compareció dentro de las diligencias previas incoadas para investigar este préstamo a Santana Motor, puso de manifiesto que, en el año 2010, IDEA calificó el préstamo como "deteriorado" pese a que el primer plazo del pago estaba previsto para 2013, lo que le llamó "poderosamente" la atención.

Según las mismas fuentes consultadas, la interventora dijo en su comparecencia que lleva ya un tiempo analizando las cuentas de la empresa Santana Motor, de manera que en septiembre tiene previsto exponer las conclusiones de este informe específico.

De igual modo, la interventora ha puesto de manifiesto a lo largo de su declaración que el préstamo a la referida empresa coincidió en el tiempo con su liquidación.

La juez también citó ayer como testigo, dentro de la investigación referida a Santana Motor, al ex interventor general de la Junta Adolfo García Fernández. Fue la juez Mercedes Alaya la que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, abrió en febrero del pasado año 2015 una investigación para determinar si la Junta incurrió en un delito al alterar un convenio para convertir un crédito de 36,1 millones a Santana Motor en una ayuda que se concedió en principio a fondo perdido.