El Tribunal de Cuentas ha archivado otro procedimiento de reintegro por alcance relacionado con una ayuda de 36 millones concedidas al Consorcio Fernando de los Ríos para el desarrollo de políticas en materia de la sociedad de la información y el conocimiento en Andalucía, al estimar que no existe "responsabilidad contable", según explica un auto dictado por la consejera Margarita Mariscal de Gante. Según fuentes del caso, esta resolución supone un nuevo varapalo del Tribunal de Cuentas a la Cámara de Cuentas de Andalucía, después de que la semana pasada el Alto Tribunal no apreciara menoscabo de fondos públicos en los cursos de formación.

La resolución del Tribunal de Cuentas se refiere a las actuaciones previas iniciadas como consecuencia de las presuntas responsabilidades contables que aparecían en el informe de fiscalización de subvenciones, en el segmento de las superiores a 1,8 millones, correspondientes al ejercicio 2010, y se refería expresamente a supuestas irregularidades en la subvenciones concedidas por la Consejería de Economía al Consorcio Fernando de los Ríos, por importe de 36.779.677 euros, destinados a los centros Guadalinfo.

El informe de la Cámara de Cuentas señalaba que la relación de pagos realizados por el Consorcio a los Ayuntamientos aportados como justificantes de la subvención excepcional "no acreditarían por sí mismos el cumplimiento de la finalidad de la subvención y el adecuado empleo de los fondos, debiendo haberse aportado los justificantes del gasto efectivo soportado por los beneficiarios".

La consejera de cuentas recuerda que en el acta de liquidación provisional ya se puso de manifiesto que los hechos "no reúnen los requisitos exigidos" en la ley del Tribunal de Cuentas para generar responsabilidad contable por alcance, por lo que se solicitó informe a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía.

El Ministerio Fiscal solicitó que no se incoara el procedimiento de reintegro por alcance, al estimar que "la investigación llevada a cabo ha puesto de manifiesto la inexistencia de caso alguno de responsabilidad contable por cuanto no puede existir un daño real y efectivo de los fondos públicos mientras no haya prescrito el derecho de la Administración concedente de la subvención a incoar el oportuno procedimiento de reintegro". Y el auto añade que "efectivamente así ha quedado acreditado en el presente supuesto por cuanto que, con fecha de 14 de marzo de 2016, y con la finalidad de proceder al cierre administrativo de la línea de subvención de referencia, así como iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro, el director genera de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía ha solicitado al director general del consorcio Fernando de los Ríos certificación acreditativa del cumplimiento de la finalidad de la subvención y del adecuado empleo de los fondos públicos".

La representación de la Junta solicitó también que no se incoara el procedimiento al no haberse apreciado en las actuaciones previas la existencia de responsabilidad contable. La consejera de cuentas advierte, en coincidencia con el criterio de la Fiscalía, que "no cabe apreciar que los hechos investigados hayan dado lugar a ningún supuesto de responsabilidad contable, por lo que procede declarar no haber lugar a la incoación del juicio", de conformidad con lo que establece el artículo 68.1 de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

El Alto Tribunal señala asimismo la "coincidencia de los sujetos legitimados para el ejercicio de acciones de responsabilidad contable a quienes se ha oído en este trámite -el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía- en considerar que no procede en este caso el ejercicio de ninguna acción de dicha clase", concluye el auto.