El caso de los ERE sube un nuevo peldaño en la pirámide de responsabilidades que un día dibujó la juez Mercedes Alaya. La Guardia Civil acaba de implicar en esta macrocausa a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2003, en relación con las ayudas sociolaborales que se concedieron durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

Un atestado elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, que fue entregado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en noviembre pasado y al que ha tenido acceso este periódico, implica precisamente a la secretaria general de Empleo y a la directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente, por las ayudas concedidas en el año 2003 a los trabajadores de diversas compañías mineras de la Faja Pirítica onubense.

Los investigadores consideran que ambos ex altos cargos, que formaban parte del Ministerio que entonces dirigía Eduardo Zaplana, cometieron presuntamente un delito de prevaricación en concurso con otro delito de malversación de caudales públicos, "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones", precisa el atestado.

El informe policial recuerda en primer lugar que en un atestado anterior calificó de "escrupulosa" la actuación de la Administración central, una consideración que ahora ha cambiado radicalmente, después de haber analizado los expedientes completos del Ministerio de Trabajo que les remitió en mayo de 2015 el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. A través de los atestados, los agentes detectaron como la Administración central, "en vez de solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Huelva los listados de los coeficientes reductores de cada minero para poder saber si cada uno poseía realmente más de 55 años bonificados, utilizaron los listados confeccionados por el comité de empresa de cada mina", cuyas edades no coincidían con los cálculos del INSS. La Guardia Civil concluye que ese acto es "totalmente voluntario", dado que en fechas anteriores el INSS había "avisado" de que los coeficientes aportados eran "incorrectos", y añaden que esa decisión se tomó presuntamente "debido al clima de presión generado por los sindicatos mediante manifestaciones y encierros, y además, por los reproches mutuos entre la Administración Central y la Autonómica".

La Guardia Civil advierte, como un indicio más, que en el caso de minas de Riotinto aquellos mineros que tiene menos de 55 años bonificados -según el INSS- y sin embargo aparecen reseñados como mayores de 55 y reciben la ayuda, "poseen una marca (subrayado)", de lo que los investigadores extraen que "alguien que manipuló dichos listados era conocedor de la irregularidad".

El acuerdo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía por la crisis de la Faja Pirítica fue suscrito el 27 de febrero de 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía José Torres Hurtado y el consejero de Empleo José Antonio Viera, y en septiembre de ese mismo año se firma el acuerdo marco que daba una solución a los mineros afectados. Desde ese momento se produce, según los investigadores, un "clima de impaciencia" por parte de los sindicatos que se va traduciendo a su vez en un "clima de inestabilidad social que provoca que las dos administraciones involucradas comiencen a reprocharse mutuamente el por qué las ayudas previstas no se estuvieran entregando según lo acordado".

Tras el acuerdo marco, se solicitó en primera instancia que los comités de empresa de las distintas minas, confeccionaran los listados de "edades bonificadas, para definir de manera preliminar, a qué tipo de ayuda podía acogerse cada trabajador". Sin embargo, esos listados eran, "como todas las partes conocían, preliminares, dado que únicamente el Ministerio de Trabajo, a través del INSS, era quien podía certificar la edad bonificada, lo que se conoce también como edad química", apunta el atestado.

El 26 de febrero de 2003, el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, suscribió con los representantes sindicales un acuerdo para que a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva se remitiera a las federaciones sindicales una "declaración" por la que se iniciaba el análisis personalizado de los expedientes laborales de los trabajadores afectados en la minería de la Faja Pirítica de Huelva, con el compromiso de que el INSS "agilizará al máximo" la comprobación de los expedientes y los sindicatos, por su parte, se comprometían a iniciar el "trabajo preparatorio" para la elaboración de las pólizas de prejubilación.

La Guardia Civil concluye que todas las Administraciones "se olvidan" de que la única certificación válida es la emitida por el INSS y utilizan los "listados preliminares de los sindicatos, aun reconociendo todas las partes en sus manifestaciones que no eran las definitivas" y podían tener sospechas de que los listados "podían estar inflados". De hecho, los investigadores insisten en que ambas administraciones "eran conocedoras de que los listados presentados por los sindicatos eran erróneos al alza", pero los dieron "por buenos" y presuntamente "de forma voluntaria" utilizaron el cálculo efectuado por cada comité de empresa de la edad bonificada y no los del INSS porque "podían intuir que si lo realizaban iba a suponer una disminución de las personas que podrían acogerse a la prejubilación, y como consecuencia de ello, se iba a romper nuevamente la paz social, es decir, que para evitar la presión social de los sindicatos (manifestaciones, encierros, etc.) presuntamente permitieron de manera consciente que a individuos que no les correspondía recibieran subvenciones públicas".

La Guardia Civil imputó a los dos ex altos cargos del Gobierno central al estimar que son las personas "con competencia" para dar las subvenciones en el año 2003 y que lo hicieron "prescindiendo voluntariamente y de manera totalmente arbitraria de los cálculos del INSS". Según el atestado, de 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo, en 51 de ellas no se cumplía el requisito de los 55 años "bonificados".

La ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo aseguraron en su declaración que no confeccionaban los expedientes, dado que estas funciones estaban encomendadas a los funcionarios de la subdirección. Las dos ex altos cargos incidieron en que se trata de un "proceso reglado", que requiere la participación de instructor del expediente, que comprueba "toda la documentación necesaria y su sujeción a la legalidad", y luego pasa a la inspección delegada de Hacienda. Ambas añadieron que la orden ministerial de 1995 no requería que se solicitaran los coeficientes al INSS, pero la Guardia Civil considera que esta respuesta "no justifica ni mucho menos la actuación realizada".