La Comunidad ingresó en sus arcas 214 millones de euros, desde junio del año pasado, por las actuaciones de control y lucha contra el fraude fiscal través de la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian). Una cifra que podría aumentar hasta los 400 millones cuando concluyan los procedimientos judiciales abiertos. Este dato representa el 10% de los ingresos financieros del presupuesto autonómico, un porcentaje que comprende solamente el control de los tributos propios y de aquellos cedidos por el Estado. 

"Andalucía no es una región que pone la mano a otras comunidades, sino que rentabiliza sus recursos y aporta a España". Mensaje claro y conciso el que lanzó ayer María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Administración Pública, durante la presentación del balance contra el fraude fiscal correspondiente al último año. La titular exigió una "vía exprés" para que todos esos procesos judiciales abiertos se resuelvan en el menor tiempo posible porque "en muchas ocasiones los retrasos duran hasta cinco años". 

De los 214 millones de euros recaudados, desde junio del año pasado, 105 millones provienen del impuesto de Sucesiones y Donaciones, 54,7 millones corresponden a Transmisiones Patrimoniales, 1,9 millones de actos jurídicos documentados y 2,9 millones del impuesto del patrimonio. Montero precisó además que la cantidad ingresada por Atrian, desde 2013, supera los 600 millones de euros."La contribución que no controlamos, como IRPF, Sociedades o IVA, tienen un nivel importante de fraude, pero la Agencia Tributaria andaluza no tiene competencias sobre ellos, aunque trabaje de forma coordinada con el Gobierno", precisó Montero para justificar que, si Andalucía gestionara el control de más impuestos, el afloramiento se cifraría en 1.800 millones de euros. 

"El debate sobre aumentar las competencias de las agencias tributarias está sesgado y contaminado por el asunto territorial. La disputa está atravesada por una polémica territorial, donde quieren reducir los impuestos estatales, emulando a las comunidades forales, en lugar de apostar por ser más eficaces en la lucha contra el fraude", destacó Montero. Combatir la defraudación financiera es el principal objetivo que persigue la Agencia Tributaria para, según destacó la consejera, "lograr la sostenibilidad económica y social de la comunidad".

Las líneas de trabajo que sigue Atrian para alcanzar esta premisa son cuatro: la concienciación ciudadana, el control de las autoliquidaciones e impuestos, el registro sobre las declaraciones realizadas y la gestión eficiente de la recaudación para asegurar el cobro en el menor plazo. La titular recalcó que el cumplimiento de las obligaciones fiscales, de manera voluntaria, es cada vez más elevado con el 90% de la recaudación del primer semestre procedente de las autoliquidaciones. Es decir, de declaraciones derivadas de actividades sujetas a tributación.

Sin embargo, la Agencia Tributaria abrió desde junio del año pasado 24.390 expedientes de control para aquellas liquidaciones que no se presentaron voluntariamente. Hasta la fecha, se presentaron 2.386 liquidaciones extemporáneas con unos ingresos de 3,4 millones de euros. La mayoría de los expedientes, en concreto 19.933, se abrieron entre enero y julio. Por tanto, todavía se encuentran en plazo de representación y se prevé aumentar la recaudación.

En cuanto a las tareas de control tributario, que ponen de manifiesto la elusión de obligaciones fiscales y que originan liquidaciones complementarias, se reconocieron derechos por valor de 399,6 millones de euros. Hasta finales de junio, supuso la recaudación efectiva de 214 millones, una cifra que podrá incrementarse en los próximos meses. Estas actuaciones de control tuvieron como consecuencia la apertura de 15.618 expedientes de alto riesgo, o sanciones, por un importe de 14,4 millones de euros.

La cuarta tarea de la Agencia Tributaria se basa en el cobro de todos los ingresos y derechos reconocidos en el menor plazo posible. En el último año se agilizaron numerosos procesos, aplazamientos y fraccionamientos, de modo que se resolvieron 18.471 solicitudes que afectan a más de 25.000 deudas, el 93% de las presentadas, por un importe de 203 millones de euros.

Montero también hizo referencia a la "prevención" como el mejor modo para combatir el fraude fiscal. Precisamente por esto, la Administración impulsó diversas medidas para acercar Atrian a los andaluces. Desde mayo se extendió la cita previa para todas las gestiones tributarias presenciales, hecho que facilitó el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, a través de la orientación directa, para realizar las autoliquidaciones y otros trámites similares. Desde junio del año pasado se atendieron 80.000 citas.

Las consultas sobre el impuesto de Sucesiones aumentaron porque muchos ciudadanos creen que deben afrontarlo cuando "sólo 20.000 personas presentaron autoliquidación teniendo que pagar", manifestó Montero.

La Junta exige conocer la liquidación de 2015

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, manifestó ayer la necesidad de que "se forme Gobierno de forma rápida", aunque espera que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "esté trabajando en los presupuestos". Montero indicó que la Junta ya está trabajando en la partida para 2017 y, precisamente por este motivo, exigió que el Ministerio de a conocer la liquidación definitiva de 2015. Conocer estos números es necesario, según indicó la titular, para cerrar los presupuestos de 2017. "Esta cifra puede ser más sensible, pero tiene un peso importante dentro de la entrega a cuenta. El Gobierno conoce este dato, desde hace cinco o seis meses, y pueden comunicarlo perfectamente para saber si la liquidación definitiva de 2015 será positiva o negativa, y supone el dinero que se le tenía que haber dado a la Junta y que no se le dio".

Montero explicó que el Gobierno andaluz prevé que la liquidación sea similar a la del año pasado; es decir, un balance positivo cifrado en más de 900 millones de euros. En cuanto a los presupuestos del Ejecutivo andaluz, la consejera destacó su compromiso de realizar rebajas fiscales sobre el impuesto de Sucesiones, a partir de 2017, con 120 millones de euros menos de recaudación para las arcas de la comunidad. "Ya se registraron rebajas fiscales importantes pactadas con Ciudadanos en los presupuestos del año pasado.

Para el próximo ejercicio, acordamos con el partido naranja la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones", expresó la titular. Con esta reducción, la Junta homogeneizará la contribución con el resto de las comunidades. Montero apuntó que "el Ejecutivo andaluz y la Consejería de Hacienda sólo utilizan la fiscalidad como un instrumento para generar la mayor renta disponible cuando está garantizada la financiación de los servicios públicos fundamentales". La consejera insistió en tratar cualquier modificación de forma escalonada "para que no se resientan, en el ejercicio presupuestario, la sanidad o la educación".