PEDRO Sánchez ha encargado un informe jurídico para avalar que él y la permanente de su Ejecutiva, su núcleo duro, donde resisten los leales, podrían convocar ahora el congreso federal. Su tesis es que el congreso ordinario, que ya estaba previsto, se paralizó en el mes de abril a causa de la repetición electoral, de tal modo que bastaría su decisión para activarlo. Así, y según unos planes que sólo son una hipótesis de trabajo, los socialistas elegirían el 23 de octubre al secretario general en unas primarias, y celebrarían el congreso a principios de diciembre, antes de las elecciones generales.

Sánchez busca, de este modo, blindarse ante los críticos, a quien el proceso pillaría casi sin tiempo para armar una candidatura alternativa. La batalla, "la guerra civil" larvada de la que habló uno de los críticos hace meses, está a punto de iniciarse. Será después de las elecciones de hoy, cuando dos nuevos fracasos, según los sondeos, caigan sobre una dirección acostumbrada a vivir en ello.

Contra Sánchez están seis de los siete presidentes autonómicos del PSOE, los ex presidentes de Gobierno, ex secretarios generales y una parte de la militancia cuyo número se desconoce. A su favor, lo que resta de militancia, y algunas secretarios territoriales como el catalán y la balear. El peso de cada fracción es una incógnita, pero no la voluntad de cada una de las partes a resolver esta crisis mediante un enfrentamiento abierto. Nunca el PSOE había llegado a tal extremo, habría que remontarse a la batalla final entre guerristas y renovadores para encontrar tal nivel de crispación.

A pesar de los planes de Sánchez para un congreso exprés, fue el comité federal, el máximo órgano entre congresos, el que tras discusiones de varios meses acordó dejar la abierta la fecha, y emplazarlo para después de que España tuviese Gobierno. Así, y según algunos críticos consultados, el líder del PSOE no podrá convocar el congreso mañana, cuando reúna a la permanente de la Ejecutiva. Prueba del grado de desconfianza que sufre el partido en estos momentos es que Sánchez no se atreve, como sería lo normal, a convocar al plenario de su Ejecutiva para analizar el resultado de las vascas y las gallegas, sino sólo al núcleo duro, donde están los más leales. En aquella ocasión, se decidió anteponer el interés de España por delante del PSOE; es decir, primero, Gobierno y, después, congreso. Sánchez fue uno de los defensores de esa idea, pero ahora ha cambiado para articular una estrategia de defensa personal.

Uno de los dos mecanismos estatutarios para forzar la salida del secretario general es que dimita la mitad más uno de los miembros de la dirección; la otra, es una moción de censura en el comité federal. Ninguna de estas opciones se puede descartar. Los críticos han llegado a la conclusión de que la única salida a la gobernabilidad del país y la solución para el PSOE pasa por la defenestración de Sánchez. Así de dura es la pugna.

Para los críticos, Sánchez es "un temerario", capaz de llevar al país a la inestabilidad y al PSOE a la irrelevancia con tal de quedarse él al frente. El líder del PSOE y su núcleo duro conocen estos planes, de ahí que se haya adelantado con el reclamo del congreso y con la búsqueda de un Gobierno alternativo. En el PSOE andaluz no creen viable ni lo uno ni lo otro, y están convencidos de que Sánchez ha emprendido una huida hacia adelante para que las dos fichas de las elecciones vascas y gallegas no lo aplasten. Todo lo ocurrido en los últimos días obedecería a su interés de ganar tiempo, llegar hasta el 30 de octubre sin Gobierno o volver a presentarse como candidato en unas terceras elecciones.

El número tres en la Ejecutiva, el sevillano Antonio Pradas, un hombre de confianza de Susana Díaz, explicó el viernes la imposibilidad del congreso exprés: "No le doy credibilidad a esa hipótesis, mis datos son los datos de los acuerdos del comité federal, que aplazó el congreso hasta que se conforme un Gobierno". De igual modo se han expresado los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente. Este último ha dirigido una de las críticas más fuertes que se han oído contra el propio Sánchez, al acusarlo de "criminalizar" a los barones y de mantenerlos en la "ignorancia" respecto a sus planes.

Los críticos sostienen que tanto el congreso como la búsqueda del Gobierno alternativo obedecen a la misma estrategia de supervivencia: no es posible, pero sirve para ir alargando la situación hasta que el 30 de octubre cumpla el plazo para convocar las elecciones. Sin la participación de Ciudadanos, el PSOE sólo puede gobernar si suma a Podemos, ERC, PNV y a la antigua Convergència. Se necesitarían votos afirmativos, y en el caso de que ERC se abstuviese, Sánchez debería contar también con el voto blanco de Bildu. Esto es imposible. Por dos motivos: el primero es que el comité federal prohibió llegar a alianzas con los independentistas y, segundo, en ese caso Sánchez tampoco contaría con la mayoría del grupo parlamentario socialista. Si el líder del PSOE forzarse la alianza se arriesgaría a la oposición de algunos de sus 85 diputados.

La idea de Sánchez es la firma de algún acuerdo con Podemos, de tal modo que después intente preguntar a la militancia si prefieren, para que haya Gobierno, una abstención al PP o un Gobierno de cambio apoyado por Pablo Iglesias. Expuesto de este modo, las bases preferirían la alianza con Podemos, pero la formulación de la pregunta es falsa, ya que serían necesarios los nacionalistas del PNV y todos los independentistas catalanes.

Los críticos no han desvelado sus planes de momento, sostienen que quieren conocer cuáles son los resultados de las elecciones de hoy. Si tal como se espera, Núñez Feijóo gana por mayoría absoluta y el PSOE queda relegado por detrás de Podemos en el País Vasco y por detrás de En Marea en Galicia, es previsible que se alcen voces a favor de la dimisión de la Ejecutiva y del secretario general.

Pedro Sánchez se ha involucrado en lo personal en estas dos comunidades y, difícilmente, podrá socializar el fracaso. Los candidatos son personas de su confianza. Una fuente de los críticos explicó a este medio que, al final, no hará falta celebrar las elecciones, aunque no quiso aventurar cómo se realizará este asalto a la voluntad de Ferraz. Lo que sí está decidido es que el comité federal del 1 de octubre será un comité abierto, con voces encontradas y del que saldrán "decisiones muy graves".