Nuevas imputaciones contra los sospechosos habituales de los ERE. Cada semana se conocen nuevas imputaciones contra Fernández y otros ex altos cargos de la Consejería, como el ex director de Trabajo Javier Guerrero, que al final pueden verse implicados en más de 200 piezas relacionadas con las ayudas concedidas por la Administración andaluza durante una década. La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE, ha dictado un nuevo auto en el que imputa al ex consejero y al ex director de Trabajo en relación con otras 18 ayudas concedidas por otros 9.854.078,95 euros a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, la zona más favorecida por las subvenciones en toda la comunidad autónoma.

Además del ex consejero y el ex director de Trabajo, figuran como investigados en relación con las ayudas a estas 18 empresas los ex directores de la agencia IDEA Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano Aguilar, los ex alcaldes socialistas de Real de la Jara y Guadalcanal, José Antonio Méndez Sánchez y Carmelo Montero Cabezas, respectivamente, y la religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina Carmen Muñoz Rivas, en relación con su etapa de presidenta de la sociedad cooperativa textil Megara.

En esta pieza figuran un total de 29 personas investigadas, la mayoría de las cuales ya ha prestado declaración ante la instructora, que no obstante ha citado a declarar a cinco imputados el próximo 17 de noviembre. Se trata de Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz, responsables de la sociedad Venero de Móstoles; de Beatriz Pérez Martín –hermana de una ex delegada de Medio Ambiente de la Junta e hija de un ex parlamentario del PSA-, Verónica Galloso Villalba y Joaquín Llano Heredia, de Vivir el Barro (Refractarios y Derivados).

Las 18 empresas investigadas en esta pieza son Atarazanas de Constantina, que recibió una ayuda de 600.012,12 euros; Grueso y García, por la ayuda de 100.000 euros; SCA San Sebastián de Guadalcanal (un millón); Pema, Jamones y embutidos (700.000 euros); Tialna (730.000); Corsevilla (un millón); Venero de Móstoles (569.500); Promociones Vinícolas Sevilla (444.748,96); Virgen de Robledo (190.000); Vivir el Barro (721.215); Refractarios Guadalcanal (721.214,53); Hotel La Posada del Moro (1.350.759); Romero Álvarez (1.200.000); Quesos y embutidos Dehesa Real de la Jara (120.000); Verónica Galloso Villalba (60.000); Andalucine

(120.000); SCA Megara (44.000) y Dehesa Navera (182.629,34).

Regalos a Javier Guerrero

Muchas de estas imputaciones ya fueron realizadas por la anterior Mercedes Alaya, en un auto dictado en febrero de 2015, en el que la juez dijo que a cambio de algunas de las ayudas el ex director de Trabajo Javier Guerrero recibió supuestamente algunos regalos, como un equipo GPS con DVD y dos pantallas de televisión en un todoterreno de lujo, o unos "pasajes de avión a Menorca" y alojamiento en casa de unos familiares de los propietarios del hotel La Posada del Moro -ubicado en Cazalla de la Sierra-.

El auto de Alaya detallaba que el ex alcalde de Real de la Jara José Antonio Méndez Sánchez, quien "por razón de su cargo tendría oportunidad de reunirse" en diversas ocasiones con Guerrero y con el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, solicitó una ayuda junto a su esposa de 120.000 euros, y aunque ésta no fue pagada por la agencia IDEA al no mediar un convenio, le fue finalmente concedida por el ex director de Trabajo Juan Márquez una ayuda de 50.000 euros tras una reunión en la que estuvo presente el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La imputación del ex alcalde de Guadalcanal Carmelo Montero se produjo por su "activa participación" en la concesión de ayudas por 2,1 millones a las empresas de refractarios. Según la juez, el entonces alcalde asistió a diversas reuniones con los empresarios, a las que acudió también el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, "del que era amigo", y Antonio Rivas.