El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha imputado al alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez (PSOE), en su condición de ex delegado de Economía en Granada, en una investigación abierta en 2013 por la realización de contratos privados a particulares para que éstos inspeccionaran cursos de formación en Economía Social, pudiendo de este modo haber usurpado de sus funciones públicas a los funcionarios que por ley tenían atribuido este cometido. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado ha ampliado ahora la investigación con la citación de otras diez personas entre las que se encuentra el alcalde de Granada, que comparecerá el próximo 12 de diciembre, en relación con sus actuaciones como delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en 2010 y 2011.

Los otros nueve investigados también eran cargos en su día de la Consejería de Economía en las ocho provincias andaluzas, y han sido citados a declarar entre noviembre y diciembre.

El mismo día 12 de diciembre, el juez ha citado a Ana María Barbeito Carrasco, que fue directora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, que ya prestó declaración como investigada.

La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) que denunció unos hechos en los que se podría haber incurrido en delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.

En esta investigación se analizan las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para realizar trabajos atribuyendo funciones y potestades que sólo pueden realizar funcionarios públicos. Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales -como es el contrato menor que puede ser de adjudicación directa- alterando el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.

En estos hechos aparecen asimismo investigadas las personas que en ese momento ocupaban el cargo de delegados provinciales de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Málaga, Cádiz y Granada, y a los jefes de servicio de Huelva, Córdoba y Almería.

Con el nuevo auto, el juez de refuerzo del Juzgado número 6 de Sevilla amplía el numero de investigados, además de ordenar que se lleven a cabo nuevas diligencias, y en la misma resolución archiva provisionalmente la investigación que afecta a un contratista y una funcionaria.

El auto dictado con fecha de hoy señala expresamente que "la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de actas e informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas”; documentos que cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo y que aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica “Por la Administración (el inspector)”.

Para el juez, quedaría así “materializado por los contratistas el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser inspectores oficiales de la Administración Autonómica, figurando indebidamente como tales en el correspondiente expediente administrativo al que dicha documentación tenía por destino incorporarse", asevera el auto.