La llamada ley antitabaco entró en vigor el 1 de enero de 2006. Ese mismo año, la Encuesta Nacional de Salud, elaborada por el Ministerio de Sanidad, cifraba el número de fumadores de más de 16 años, entre habituales y ocasionales, en el 29,5% de la población española, cuando en 2003 era el 33% y en 2001 el 36,9%. En 2007, la venta de cigarrillos constataba otro dato bastante esperanzador: había caído en un 8,6% respecto al año anterior, algo inusual teniendo en cuenta que las bajadas habían sido mínimas en el último lustro, entre el 0,2% y el 2,5%. En Andalucía la tendencia había sido muy similar: descenso del 9% en la venta de cigarrillos en 2007 y un 30,9% de población fumadora en 2006, algo más de un punto por encima de la media nacional.

A falta de una encuesta actualizada sobre la población fumadora, los datos de 2008 suponen un frenazo de esta curva descendente. El volumen de cajetillas vendidas este año es prácticamente idéntico que el de 2007, con un descenso de algo menos de 200.000. La cantidad es mínima teniendo en cuenta que se venden cada año más de cuatro mil millones. En Andalucía, la caída, con ser escasa también, es más acusada: 700.000 cajetillas menos.

Los expertos en la prevención y abordaje del tabaquismo coinciden en que la ley ha agotado ya sus efectos y en que es necesaria una nueva vuelta de tuerca, con el objetivo de limitar aún más los espacios donde se puede fumar. Lo explica Víctor López García-Aranda, jefe clínico de Cardiología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y delegado autonómico del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT): "El impacto de la ley de 2006 fue excelente e hizo que dejaran de fumar alrededor de 750.000 personas, pero ocurre que este efecto positivo se ha ido diluyendo. La ley está agotada y necesita ahora un impulso decisivo".

¿Cuál? Lo primero, dicen los expertos, es la prohibición total en cualquier espacio público. "Si seguimos así, continuaremos en la cola de Europa en este tema y debemos ser más estrictos; la gran mayoría de los establecimientos hosteleros de menos de cien metros permite fumar porque creen que van a perder clientela, pero esto es un error. En un estudio realizado en Irlanda, donde la prohibición es total, han aumentado las licencias de apertura de establecimientos de ocio". Así opina Justa Romero, presidenta de la Sociedad Andaluza para el Abordaje del Tabaquismo, y que ahora prepara un congreso nacional sobre el tema que se desarrollará del 19 al 21 de febrero en Córdoba. La permisividad en locales pequeños está provocando, según Romero, efectos discriminatorios. "Los más perjudicados son los trabajadores de la hostelería, que no están protegidos contra el humo del tabaco", afirma. Y hay una consecuencia más: "Al no poder hacerlo en el trabajo, la gente baja a los bares y fuma en 20 ó 30 minutos más de lo normal, para saciar la necesidad de nicotina", dice Justa Romero.

Es la hostelería el sector donde se concentran las críticas. "Es prácticamente imposible encontrar un bar de menos de cien metros en el que esté prohibido fumar, y lo que es peor, a esos establecimientos pasan niños con sus padres sin limitación, aunque esté prohibido por la ley", afirma García-Aranda. ¿Y qué pasa en los de más de cien metros, donde la ley obliga a imponer barreras físicas entre fumadores y no fumadores? Responde Justa Romero: "Aquí la ley se incumple sistemáticamente y se da un agravio comparativo con los locales que sí cumplen con la normativa y que han invertido su dinero [más de 2.000 euros en algunos casos]". El propio presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga estima que, en su provincia, sólo el 1% de estos establecimientos ha adaptado sus instalaciones. En general, los hosteleros se quejan de ser cabezas de turco y de estar obligados a cumplir una labor policial. Si una persona fuma en un local, la multa para el infractor es de 30 euros, pero para la empresa de 600. En todo caso, y a pesar del temor a la pérdida de clientela, algunos, como Juan Robles, presidente de los hosteleros sevillanos, creen que el sector debe de está preparado, "porque el futuro es la prohibición total y, tarde o temprano, tendrá que llegar".

En el balance de inspecciones y sanciones hay mucha disparidad según la autonomía. Andalucía, según el CNPT, que este año ha movilizado a 150 observadores para analizar el cumplimiento de la ley, ni es de las mejores ni es de las peores. "Madrid, la Comunidad Valenciana y País Vasco prácticamente pasan de la ley y Andalucía amaga pero no da; pocas inspecciones en relación a su extenso territorio y bastantes menos sanciones", dice García-Aranda. A falta de los datos de 2008, que serán presentados esta semana, en 2006 y 2007 se realizaron en Andalucía 2.512 inspecciones, un dato que contrasta con las 30.000 de Cataluña, el 50% del total de España. El año pasado se dictaron en Andalucía, por otro lado, 180 sanciones y se recibieron 467 denuncias. "A pesar de estas cifras parece que hay una percepción generalizada en España, no sólo en Andalucía, de que no hay una maquinaria para hacer cumplir la ley, o es que no nos enteramos", asegura Vidal Barchilón, médico de familia y miembro de la red de formadores del plan integral contra el tabaquismo que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía.

Barchilón confía, en este sentido, en que el programa que se aplica en los colegios andaluces y la formación que han recibido 9.000 médicos y enfermeros andaluces tenga resultados a medio plazo. Y García-Aranda menciona otra idea, cuya aplicación, para él, es inexcusable: que los cigarrillos en España dejen de estar entre los más baratos de Europa.

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