Los medios personales de los que dispone la Junta de Andalucía son insuficientes en la protección de menores, avisa el Defensor del Pueblo y del Menor en su informe de 2008. La Administración oferta plazas, pero los funcionarios no se quedan y piden en cuanto pueden el traslado a otro departamento o responsabilidad por "desgaste". Esto desemboca en una falta de especialización que puede llevar a "comprometer" la calidad del servicio que presta la Junta. Y de los que se quedan, los horarios no se corresponden con la disponibilidad de determinadas funciones protectoras "urgentes e inaplazables", que demandaría casi un servicio de 24 horas.

"Me preocupan mucho las situaciones de emergencia", expuso Chamizo pese a apuntar que los servicios sociales comunitarios o los cuerpos de seguridad pueden hacerse cargo en ese momento.

¿Qué hacer para completar la relación de puestos de trabajo? El Defensor propone que se tome en consideración la experiencia de otros sectores de la Administración como el sanitario o el educativo y que la protección de menores cuente con una regulación específica como servicio público profesional, una suerte de cuerpos separados del resto de la Administración que no gusta a los sindicatos de funcionarios, según dijo Chamizo.

La otra posibilidad, que tendría que reflexionar la Consejería de Justicia y Administración Pública, sería incentivar a los funcionarios para que se quedasen en protección de menores.